- Una reforma que se discute en el senado plantea dar herramientas al gobierno para dar un golpe a los deudores de impuestos
México, 04 de septiembre del 2019. Carlos Romero, procurador fiscal federal, no le da vueltas al tema sobre los delitos fiscales cometido contra la Hacienda pública: como había redes de personas, dice, metidas dentro de las instituciones públicas, la reforma que se discute en el Senado va a equiparar a delincuencia organizada la actividad de empresas que facturan operaciones simuladas.
—Habla de cómo se ha infiltrado el crimen organizado en la función pública. ¿Esta iniciativa va a poder ser a la inversa, ahora las autoridades podrán infiltrarse en estos grupos para conocer a detalle su operación?
—Nosotros lo que queremos es mediante esta reforma que se está discutiendo, entre otros elementos, que nos permita tener infiltrados, así como ellos nos infiltraron en las instituciones, nosotros infiltrarnos en su organización criminal y ver cómo operan.
—¿Cómo sería el proceso?
—Que nos permitan tener escuchas, que nos permitan hacer cateos para poder llevar ese dinero al fisco federal porque esos delitos dan la posibilidad de poseer recursos en efectivo, que nos permitan tener criterios de oportunidad, es decir, testigos protegidos para que los delincuentes menos peligrosos nos permitan llegar a las cabezas. Todo esto mediante un principio de delincuencia organizada y que tengan prisión preventiva oficiosa.
—Hablemos más de la prisión preventiva, pues ha sido un tema que alerta en varios sectores.
—Para que haya prisión preventiva oficiosa tiene que haberse configurado el delito de delincuencia organizada, es decir, tres o más personas que se conjuntan en forma constante o permanente en una actividad ilícita, operaciones de facturación simuladas.
—¿Hasta cuántas empresas han detectado en los delitos?
—En algunos de los casos hay hasta 300 empresas involucradas, ¿cuántos accionistas, cuántos representantes, cuántos personas tienen la firma electrónica avanzada, cuántas personas manejan los bancos? ¡Esa es una organización criminal!
—Había todo un esquema o una red aceitada que funciona, ¿se sostiene ese grupo?
—Yo sostengo que ya no, pero al final de cuentas las empresas siguen operando y siguen llegando operaciones de estas empresas —el SATestá tomando medidas muy contundentes para frenar esto—, pero nosotros también necesitamos mayores herramientas para poder perseguir estos delitos y poder traer ese dinero al fisco federal.
—¿A cuánto asciende el daño que le ha generado a las finanzas dicha asociación delictuosa?
—El Sistema de Administración Tributaria tiene registrada la cantidad de 1.6 por ciento del PIB nacional en la evasión. Con pruebas fehacientes consideramos que se ha evadido con proyecciones que tenemos, hasta más de 350 mil millones de pesos (de 2014 a 2018. Aunque no lo especifica el procurador, esto equivale a casi 100 años de presupuesto para el Senado).
—La discusión de esta iniciativa ha provocado polarización entre grupos económicos y en la oposición política sobre la posibilidad de que esta iniciativapodría usarse comocacería de brujas. ¿Qué dice al respecto?
—Es muy importante dejar claro que esta reforma no es una cacería de brujas y que vamos realmente por las empresas que facturan operaciones simuladas, esto es, tres o más personas que en forma constante y permanente se conjuntan para defraudar al fisco federal en actividades ilícitas.
Entonces en ningún momento estamos hablando de cacería de brujas al empresario normal, al empresario que cumple con sus obligaciones o al que por algún caso circunstancial no pudo cumplir con las mismas, contra esos no vamos, es perfectamente válido el decir que no vamos contra ellos.
—¿A partir de que monto de defraudación se encenderá la luz roja contra esos grupos organizados?
—Las empresas factureras propiamente es cuando tres o más personas en forma constante y permanente llevan a cabo el delito de defraudación fiscal, contra ese modus va a equipararse a delincuencia organizada. El monto por el cual se tomará en cuenta será a partir de 8 millones de pesos.
—¿Cómo se va a iniciar este proceso y cuál será la ruta de investigación?
—Primero pasa por el filtro del SAT; si el SAT determina que hay delito inicia un dictamen. Pasa al segundo filtro que es la Procuraduría Fiscal; la Procuraduría Fiscal puede informar que hay delito o no, si decide que no hay delito lo regresa al SAT y se acabó el asunto, pero si determina que hay delito pasa al tercer filtro. El tercer filtro es la Fiscalía General de la República (FGR); la FGR puede determinar si hay o no delito, puede dictar ejercicio a la acción penal o no. Y el último paso es el juez que conoce del asunto y el juez puede o no vincular a proceso.
Es decir, pasa por cuatro filtros. Dos filtros del Poder Ejecutivo, uno de un órgano autónomo, y uno del Poder Judicial de la Federación.
—¿Algo más, procurador Carlos Romero?
—Quisiera nada más concluir señalando que hay que tener confianza en las instituciones, que esta reforma va encaminada a perseguir a las empresas que han perjudicado tanto al fisco federal, que son las empresas ilegales conocidas como factureras; que el empresario normal no tiene por qué tener miedo, que si cumple con sus obligaciones fiscales, y que en algunas circunstancias tiene omisiones en carácter fiscal no tendrá el menor problema.
Foto: Nayeli Cruz
Texto: Alejandro Sánchez | El Heraldo de México
