Advierten que las autoridades han identificado a células de delincuentes fiscales peligrosos, “las cuales son grupos organizados y sofisticados que promueven la evasión fiscal, generan daños extraordinarios a la hacienda pública y provocan un desequilibrio en la estabilidad económica del Estado”.
En un documento en poder de EL UNIVERSAL, en el que se exponen los argumentos de las reformas al Código Fiscal de la Federación, a las leyes contra la Delincuencia Organizada y de Seguridad Nacional, y al Código Nacional de Procedimientos Penales, para considerar como delincuencia organizada la defraudación fiscal, la compraventa de facturas falsas y lasimulación de operaciones fiscales, se hace notar que se busca “justicia fiscal y penal”.
El pasado 8 de agosto, en su edición impresa, EL UNIVERSAL informó que el Senado perfila la aprobación de una serie de reformas para tipificar como delincuencia organizada a estos delitos. El proyecto de dictamen —que se prevé sea aprobado durante el próximo periodo ordinario que inicia en septiembre— busca combatir a las empresas facturadoras de operaciones simuladas y a firmas fantasma.
En los argumentos de defensa de estas iniciativas se pone énfasis en que estos “grupos de delincuentes fiscales peligrosos” reúnen las siguientes características: tienen un objeto social muy amplio, no cuentan con personal o es insuficiente para efectuar las operaciones especificadas en los comprobantes, tampoco tienen activos o son insuficientes para efectuar las operaciones especificadas en los comprobantes que expiden.
Destacan que los ingresos de esos grupos son desproporcionados en relación con las características del establecimiento mercantil que factura, además emiten comprobantes fiscales correspondientes a operaciones que no se realizaron.
“Es necesario atacar a estos delincuentes a través del régimen de excepción de delincuencia organizada, el cual permite el uso de testigos colaboradores”, se señala en los argumentos en favor de las reformas a dichos ordenamientos.
Senadores consultados detallan que en caso de que esté en peligro su vida, los testigos deben ser protegidos, además de que “las escuchas” deben implementarse bajo autorizción judicial, para ampliar la investigación a estos grupos que atentan contra las finanzas nacionales.
Los argumentos indican que, de acuerdo con el Servicio de Administración Tributaria (SAT), en el país hay cerca de 9 mil empresas que facturan operaciones simuladas, expidiendo, durante los últimos cinco años, más de 8 millones de facturas falsas que suman 1.6 billones de pesos, con un daño al fisco equivalente a 1.4% del PIB.
“La reforma tiene por objeto la justicia penal y fiscal. Tiene como pilar la lucha por la legalidad y el Estado de derecho. Los frutos de esta reforma se reflejarán en la seguridad del país, en el equilibrio y prosperidad financiera de los mexicanos.
“A través de la persecución de los delitos fiscales se logra hacer frente a la corrupción; además, se tienen identificados qué desvíos multimillonarios de recursos públicos terminan en manos de factureros”, se detalla en los argumentos.
El documento indica que, al combatir este delito, podría haber un impacto positivo en rubros como seguridad, infraestructura, salud y programas sociales. Destaca que con los 1.6 billones de pesos perdidos en operaciones simuladas entre 2013 y 2018 se pudieron construir 221 hospitales, adquirir 472 mil ambulancias o 663 mil patrullas.
También, especifica el archivo, se podrían construir 77 segundos pisos como el de Periférico de la Ciudad de México, 295 desniveles como el Mixcoac-Insurgentes y 118 estadios de beisbol, tomando en cuenta el costo del Alfredo Harp Helú.
De acuerdo con lo publicado por EL UNIVERSAL el pasado jueves, las modificaciones en el Código Nacional de Procedimientos Penales plantean eliminar la hipótesis de exclusión de acuerdos reparatorios y de suspensión condicional del proceso, cuando se trate de facturación falsa e inexistente.
Sin embargo, en el artículo 256 del código, los senadores estipularon que para el caso de delitos fiscales y financieros, previa autorización de Hacienda y a través de la Procuraduría Fiscal de la Federación, “podrán ser aplicados los criterios de oportunidad, en caso de que el imputado aporte información que coadyuve en la investigación del beneficiario del mismo delito, para que sea éste quien repare el daño”.
