Al inaugurar el Foro Nacional Planeando Juntos la Transformación de México, el funcionario federal aseveró que la intención es crear estrategias a través de las cuales se logre la reducción de brechas de pobreza y desigualdad, el restablecimiento del Estado de derecho con justicia y combate a la corrupción, y que permitan retomar el crecimiento y desarrollo económico sostenible.
“México ha tenido un crecimiento muy bajo en las últimas décadas y este exiguo crecimiento no ha representado una mejoría en el bienestar de la mayor parte de la población. El desarrollo económico se alcanza a través de incrementos en el nivel y la calidad de vida en todos los segmentos de la población”, destacó.
Advirtió que existen barreras que impiden que el crecimiento se convierta en un mayor desarrollo económico.
“En general hay barreras que impiden que el crecimiento permee en un mayor desarrollo económico, las cuales tienen que ver con la mala asignación de los recursos, el débil Estado de derecho, los elevados niveles de corrupción, las condiciones iniciales desfavorables para ciertos sectores de la población, la falta de competencia en algunos mercados, las barreras a la apertura comercial, los bajos niveles de acceso y uso de instrumentos financieros, y los pocos incentivos para fomentar en México el desarrollo de la ciencia, la tecnología y la innovación”, mencionó.
En Palacio Nacional se congregó a representantes de distintos sectores de la sociedad, a quienes se pidió discutir sobre las necesidades que el país tiene, a partir de tres pilares: Justicia y estado de Derecho, Bienestar y Desarrollo Económico.
Los invitados se distribuyeron por mesas temáticas y dentro de éstas, la “discusión” se dio a partir de pequeños grupos de trabajo entre los cuales simplemente intercambiaron puntos de vista.
Corrupción. La subsecretaria de Desarrollo Democrático y Participación Social de la Secretaría de Gobernación, Diana Álvarez Maury, mencionó que la corrupción es uno de los retos más relevantes que enfrenta el país, sobre todo por los efectos graves en ámbitos como la confianza de las instituciones, el desarrollo económico, la efectividad gubernamental y el ejercicio de los derechos humanos.
La funcionaria federal detalló que es necesario diseñar, formalizar y utilizar diversas herramientas de evaluación y seguimiento de la corrupción, con el fin de sistematizar indicadores y entender sus causas.
De acuerdo con el Inegi, exhibió, el costo derivado de actos de corrupción en la realización de trámites o el acceso a servicios en México ascendió a 7 mil 200 millones de pesos.
El costo por actos de corrupción en el que incurrieron las empresas durante 2016 está estimado en mil 600 millones de pesos.
Álvarez Maury refirió que según el Reporte de Competitividad del Foro Económico Mundial 2017-2018, la corrupción es el principal inhibidor de la inversión en México y ocasionó que, entre 137 naciones, México ocupara el lugar 127 en el desvío de fondos públicos; el 105 en pagos irregulares; el 127 en confianza del público hacia sus políticos y el 129 en favoritismos en la toma de decisiones de funcionarios.
Los trámites gubernamentales, señaló, son uno de los principales detonadores de corrupción, ya que abren espacios a la discrecionalidad.
