Monterrey, NL., 13 de octubre de 2017.- Mientras no separen a los internos de alta peligrosidad y a los de delitos del fuero común, la situación no mejorará en los penales, enfatizó Consuelo Bañuelos, quien tiene más de 20 años trabajando en los reclusorios de Nuevo León.
Luego del motín que se registró el martes en el penal de Cadereyta, donde murieron 17 personas, se evidenció una vez más que la seguridad en los centros penitenciarios ha resultado ser uno de los puntos débiles del Gobierno de Jaime Rodríguez.
Bañuelos, fundadora de Promoción de Paz, una de las pocas organizaciones civiles que luchan por la reinserción social adentro de los penales, recalcó que la división de los internos se debe atender a la brevedad.
“Desde la mezcla que existe entre personas que tienen delitos federales y quienes tienen delitos comunes porque el tratamiento no es el mismo ni la seguridad para ellos es la misma, desde ese momento hay una situación que provoca muchísima complejidad”, indicó la activista.
“Es un gran desatino para poder manejar los centros”.
Para que esto ocurra debe haber voluntad del Poder Ejecutivo Federal, agregó, para apoyar en la división de los internos.
Patricia Cerda, investigadora de la UANL, quien publicó recientemente el libro “Reinserción Social. Entre Urgencia Penitenciaria y Normatividad Jurídica” sobre la realidad del penal de Apodaca, recalcó que el hacinamiento no permite el trabajo en la reinserción social.
“Con la delincuencia organizada pues nada más empezaron a meter personas que traían otras problemáticas delictivas, entonces conforme la ley deberían estar en otro tipo de penales”, indicó Cerda.
“Personas que están por delincuencia organizada, tráfico de personas, tráfico de armas, son personas que el nivel de seguridad, de exigencia, para ellos tendría que ser los penales federales porque están en una celda, con otro tipo de vigilancia y reglas”.
Ambas coincidieron en la urgencia de que el Poder Legislativo destine presupuesto debidamente etiquetado para los trabajos necesarios en los penales.
“Hay trabajadores sociales, psicólogos, en los penales, que me consta que le ponen muchísimas ganas, sin embargo, es como si tú pones a un cirujano frente a un enfermo y el cirujano tiene toda la buena actitud, pero si no tiene el bisturí en la mano, ¿qué hace?”, puntualizó Bañuelos.
Imelda Robles | Reforma
