Transparencia en obras, servicios de calidad, regular fraccionamientos son los reclamos de la ciudadanía: Diputados a Secretario de Obras

Pachuca, Hgo., a 21 de noviembre de 2018.

• La percepción ciudadana no coincide con los datos que tiene la secretaría, demandan congresistas en comparecencia.
• El enriquecimiento ilícito de funcionarios municipales es una cuestión ética y de transparencia: Guerrero Trejo.

José Ventura Meneses Arrieta, secretario de Obras Públicas y Ordenamiento Territorial, compareció ante la Primera Comisión Permanente del área, presidida por la diputada pesista Viridiana Jajaira Aceves Calva, para escuchar los planteamientos y críticas de los legisladores. En mensaje, el funcionario aseguró que en la Secretaría “trabajan de forma responsable para mejorar la calidad de vida de los hidalguenses”, y dijo que en el sector inmobiliario habrá más de 9,000 viviendas disponibles en los próximos 3 años.

Durante la primera sesión de preguntas, la diputada de Morena Susana Ángeles Quezada quiso saber sobre la situación del proyecto de la Central de Abasto Miguel Hidalgo, a lo cual el funcionario respondió que el plan no se ha concretado porque de acuerdo con programas de desarrollo urbano, está en suelo no urbanizable hasta 2026, y los dictámenes hablan de que no es procedente.

El diputado de Morena Humberto Veras Godoy abordó el conflicto de intereses entre el exsubsecretario con la constructora Sylma. Meneses Arrieta explicó que, de acuerdo con el reglamento interior de la Secretaría, “no se encuentran facultades para otorgar licencias de construcción a la subsecretaría que tenía a su cargo el ingeniero Marco Rico y esta constructora” y que no hay denuncia por algún permiso o actuación como subsecrerario, “por lo que no hay acción alguna en su contra”, afirmó. La réplica del diputado morenista fue que la opacidad en las licitaciones puede ocasionar corrupción; denunció además que en la Huasteca hay otra percepción de las obras.

Roxana Montealegre Salvador, diputada morenista por el Distrito XVII Villas del Álamo, habló de los fraccionamientos y sus servicios; la respuesta del secretario fue que ya no construyen vivienda de interés social en algunos municipios, observan que la urbanización sea de calidad, que el agua potable sea factible, que los servicios básicos tengan disponibilidad, y estudian tener pozos de absorción para que no se inunden. “En esos polígonos, se buscan donaciones para hacer escuelas, para deportes, de carácter social”, dijo.

Víctor Osmind Guerrero Trejo, diputado morenista por el Distrito I Zimapán, quiso hablar sobre la denuncia de una planta de tratamiento que se ha complicado con la puesta de un hospital, a lo cual el funcionario aseguró: “Se hará la investigación para solucionar y llevar técnicos especialistas y saber qué responsabilidad tiene la planta”; informó a propósito de esto que hay 183 plantas de tratamiento, y 117 operan al 100%,  y que gran porcentaje de recurso es vertido a ríos bajo normas que permiten su reuso.

En cuanto a agua potable, dijo en réplica el diputado, 60 comunidades de Zimapán no la tienen. En respuesta, Meneses Arrieta dijo que los gobiernos de Querétaro e Hidalgo se comprometieron a la dotación cuando se construyó el acueducto, pero la red resultó inoperante y el gobierno local decidió donar 10 pipas para dar agua a comunidades; dijo que los convenios realizados por el exgobernador Francisco Olvera con el gobierno de Querétaro se cumplieron parcialmente, pero algunas administraciones ya no quisieron “meter dinero, por el bajo costo-beneficio”.

La diputada morenista Tatiana Ángeles Moreno detalló: “Usted dice que hay 89 por ciento de cobertura de agua y drenaje, que han invertido mil 76 millones de pesos en agua, drenaje y luz; en recorridos, la percepción no coincide con los datos”. El funcionario dijo que se priorizan las zonas rurales e indígenas en alta y muy alta marginación; en réplica, la representante ciudadana mencionó que el hospital regional de Actopan está “abandonado desde hace algunos años”, y preguntó si hay elementos de corrupción; el servidor público dijo que la obra fue recibida y auditada, y no hay demandas; dijo que esperan obtener recursos para terminarlo el año entrante.

El diputado morenista José Luis Muñoz Trejo se dijo preocupado por las condiciones de la carretera del corredor de la montaña; la respuesta fue que la conservación 2018 no se ha podido hacer por lluvias; el funcionario habló además del Río de las Avenidas, la operación de cinco plantas (de 6), que tratan el 87 % del agua en la zona metropolitana.

Noemí Zitle Rivas, diputada de Morena, abordó los desarrollos habitacionales, como el de “Monte Esmeralda”, en Tepeji del Río. El funcionario informó la cancelación de permisos para ese fraccionamiento. La diputada morenista por el Distrito IV Huejutla, Doralicia Martínez Bautista, por su parte, planteó que las casas del programa “Una habitación más” en la Huasteca, al año de construidas ya están en malas condiciones, y preguntó si este tipo de programas se ha prestado para actos de corrupción: demandó que hay carreteras inconclusas, se buscan y aparecen como terminadas, entre otras irregularidades. El secretario dijo: “La gente se nos confunde, o hay falta de comunicación para decirles que se trata de una primera etapa: no hay obras inconclusas, solo primeras, segundas y terceras etapas”. “Con todos los secretarios hemos coincidido en el abandono en que está la Huasteca, hay una magnitud enorme de actos de corrupción en obra pública”, dijo en réplica Martínez.

Rafel Garnica Alonso, diputado de Morena por el Distrito X Apan, se preocupó por el tratamiento para agua potable. El funcionario dijo que están haciendo estudios para ver qué tipo de bacterias hay, para poder diseñar las plantas potabilizadoras. Lisset Marcelino Tovar, diputada morenista por el distrito VII Mixquiahuala, demandó: “Hidalgo tiene el mayor retraso en obras, se ha privilegiado la capital y el resto está en abandono, espero que dejen de privilegiar los negocios”, y denunció que Javier Aguilera Peña obtiene la mayoría de los contratos; el funcionario habló de los 3 mil millones de pesos que el gobierno invierte en obra pública, y dijo: “No hay contratistas consentidos”.

Lucero Ambrocio Cruz, de la misma bancada, demandó la falta de asignación para la licitación de una carretera y preguntó si se trata de un boicot político a la zona, a lo cual Meneses Arrieta dijo que la cartera de proyectos se presenta al Congreso; añadió: “Tenemos una infinidad de obras, expedientes desactualizados, en proceso de actualización; por la saturación que tenemos y el extenso trabajo que llevamos a cabo, vamos trabajando en la actualización”.

Areli Maya Monzalvo, diputada por el Partido Acción Nacional, habló de falta de coordinación en la dependencia y duplicidad de gasto en el recurso: “Si hubiera coordinación y apertura –demandó– tendríamos más beneficios”; y pidió atención al saneamiento. El funcionario dijo que la coordinación “tal vez no ha sido la mejor, pero ha sido constante”, dijo que cuando hacen obra magna se reúnen con titulares, hay estrecha coordinación con municipios.

Mayka Ortega Eguiluz, diputada priista, y Roxana Montealegre Salvador, por Morena, se interesaron por los servicios a fraccionamientos, y el funcionario dijo que es necesario legislar en cuanto a Asentamientos Humanos, Desarrollo Urbano y Ordenamiento Territorial, y dijo que la entrega recepción de fraccionamientos es responsabilidad municipal: “Nosotros podemos coadyuvar con responsables y corresponsables de obra, con colegios de ingenieros y la Cámara de la Industria de la Construcción, y desde la legislación podamos tener la facultad de resolver los vicios ocultos que puedan tener las constructoras. Somos garantes y corresponsables de la municipalización de los fraccionamientos, pero la autonomía del municipio es primordial.

“En la administración pasada dieron permisos de construcción de fraccionamientos a los que la actual gestión solo puede dar seguimiento”, señaló. Añadió que el servicio de bacheo se hace a petición ciudadana, con presupuesto de 26 millones de pesos al año, los cuales no son suficientes, por eso dijo que es necesario gestionar más presupuesto, porque, detalló, mil 19 km de las carreteras están en condiciones regulares y 455 km en malas condiciones.

Ricardo Baptista González, presidente de la Junta de Gobierno del Congreso local, denunció los usos y costumbres de alta corrupción: “Hay que ir al cuarto piso a ver si dan obras a las constructoras –demandó– hay rezago ancestral de infraestructura; recursos ha habido”, aseguró, y resintió que las respuestas en esta comparecencia “no son contundentes”.  Al mismo tiempo, dijo que las licitaciones están amañadas “y sí hay beneficio para unas cuantas constructoras”.

El funcionario afirmó que la licitación se da a la respuesta más solvente, por medio de Compranet, páginas web, el Diario Oficial. “Así es como trabajamos en la Secretaría de Obras Públicas para la adjudicación”, aseguró. En réplica, el diputado puso ejemplos de irregularidades en obras; el secretario aludió a “entes fiscalizadores que pueden atender estos casos”. La diputada pesista Jajaira Aceves Calva se sumó a la demanda, pidió al funcionario “transparencia en la asignación de obras”.

“Hablando del rezago de infraestructura, nos tenemos que poner de acuerdo, no podemos seguir trabajando con anarquía”, reclamó Baptista González. Las cámaras patronales, Coparmex y el Consejo Coordinador Empresarial han comprometido reuniones con los legisladores para revisar la Ley de Desarrollo Urbano, “para que el problema de fraccionamientos tenga un reordenamiento”, dijo el diputado, y solicitó al funcionario que permita la democratización de designación de obras y transparencia. “¿Quién supervisa y autoriza la aprobación de la planta de la cervecería Modelo?, ¿quién autorizó el gasoducto TransCanada?, ¿quién el revestimiento del río Tula y la planta coquisadora?”, inquirió.

Osmind Guerrero, en segunda ronda, demandó saber qué hace la Secretaría acerca del enriquecimiento ilícito de funcionarios municipales. El servidor público dijo: “En obras públicas se construye, y la contraloría es la que observa, la Secretaría de la Función Pública, el Congreso” son entes fiscalizadores.

En esta oportunidad participaron también los diputados morenistas Corina Martínez García, José Antonio Hernández Vera y Susana Ángeles Quezada, y la diputada priista Adela Pérez Espinoza.