Ciudad de México, 13 de diciembre del 2024.- Por tercera ocasión, el gobierno de Estados Unidos solicitó un panel bajo el Mecanismo Laboral de Respuesta Rápida del T-MEC para abordar el conflicto en la Minera Camino Rojo, ubicada en Mazapil, Zacatecas, por la violación a los derechos a la libertad de asociación y negociación colectiva de los trabajadores de la sección 335 del Sindicato Nacional Minero, por parte de la compañía canadiense Orla Mining. La Representante Comercial de Estados Unidos (USTR), Katherine Tai, anunció este jueves la decisión y determinó “que es apropiado solicitar un panel para verificar el cumplimiento de la instalación con las leyes laborales mexicanas.
“Todos los trabajadores merecen la libertad de organizarse, de unirse a un sindicato y de defender lo que es justo, sin miedo ni intimidación. Así es como estamos haciendo realidad esa promesa y nivelando el campo de juego para los trabajadores aquí en casa. Estamos comprometidos a trabajar en colaboración con el Gobierno de México para abordar estos desafíos actuales y lograr una resolución justa”, subrayó Katherine Tai. En tanto la subsecretaria adjunta para Asuntos Laborales Internacionales, Thea Lee, aseguró que la solicitud del panel refleja “nuestro compromiso de utilizar las herramientas comerciales del Acuerdo entre Estados Unidos, México y Canadá para proteger el derecho de los trabajadores a ser representados por un sindicato de su propia elección, en un entorno libre de violencia o coerción”. El Sindicato Nacional Minero, que encabeza el diputado federal Napoleón Gómez Urrutia, lamentó que la minera Camino Rojo no cumpla con las leyes mexicanas y sus acciones hayan generado que el Gobierno de Estados Unidos solicite irse al panel por la remediación. “El Gobierno de México es un gobierno progresista que debe proteger la seguridad de sus trabajadores y su libertad sindical, confiamos en la política de nuestra Presidenta Claudia Sheinbaum, sabemos que su gobierno tiene la decisión final. Siempre ha mostrado defender a los trabajadores, y este asunto no será la excepción”, enfatizó.
El anuncio de la USTR responde a una petición del Sindicato Nacional Minero, quien alegó que la trasnacional “interfirió con los asuntos sindicales”. Ello debido a que la empresa busca “menospreciar y socavar la fuerza del apoyo de los trabajadores al sindicato titular, Minero”, y en cambio intenta promover la afiliación de los trabajadores a un sindicato externo, afiliado a la Federación Nacional de Sindicatos Independientes (FNSI). Ello derivó en la queja laboral número 27, a través de la cual Estados Unidos solicitó a México a finales de agosto pasado revisar si se estaba negando a los trabajadores de la Minera Camino Rojo el derecho a la libertad de asociación y a la negociación colectiva. México aceptó la solicitud el pasado 4 de septiembre y contaba con 45 días para completar la revisión. Sin embargo, al concluir su período de investigación, “México emitió un informe con una conclusión limitada de una Denegación de Derechos en la Planta” y al no haber llegado a un acuerdo sobre un plan de remediación, Estados Unidos “considera que la denegación de derechos está en curso y, por lo tanto, solicita el establecimiento de un panel del RRM para revisar la situación”.
Camino Rojo es la mayor concesionaria minera de México, al haber obtenido los derechos del gobierno federal durante el régimen de Felipe Calderón Hinojosa (2006-2012), para realizar actividades de exploración y producción de minerales preciosos como el oro y plata, en un polígono de 160 mil hectáreas de tierras, en el semidesierto del municipio de Mazapil, al norte de Zacatecas.
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