Este martes concluye en Guatemala el mandato de la CICIG, la misión de Naciones Unidas encargada de luchar contra la impunidad y la corrupción en el país centroamericano durante 12 años.
La decisión del presidente saliente Jimmy Morales de no prolongar el mandato de la Comisión internacional contra la impunidad en Guatemala (CICIG) ha sido vista por analistas como un retroceso en el sistema de Justica.
“Estamos ante un cambio de época que abre paso a nuevos actores. Porque si antes eran los fiscales, los investigadores, los litigantes internacionales, ahora tenemos que pensar que la nueva etapa va a depender de fiscales e investigadores guatemaltecos. Y tenemos que darles un voto de confianza a los fiscales que integran la Fiscalía especial contra la impunidad que son los que van a dar continuidad a los casos, dijo a RFI Carmen Aída Ibarra, ex directora del Movimiento Pro-Justicia.
En un demoledor informe final, la Comisión internacional contra la impunidad en Guatemala resume en 112 páginas los múltiples casos de corrupción que ha investigado: desde el desmantelamiento de la red de corrupción de la Línea, que llevó al encarcelamiento del ex presidente Otto Pérez Molina y de su entonces vicepresidente Roxana Baldetti por defraudación aduanera y enriquecimiento ilícito, hasta los financiamientos ilegales de partidos políticos y casos de corrupción a nivel local. Y ello, pese a los intentos de saboteo y las campañas de desprestigio contra el comisionado de la CICIG Iván Velásquez que advirtió que Guatemala seguía siendo un Estado capturado por grupos que buscan perpetuar la impunidad.
La conclusión del mandato de la CICIG coincide con la detención y encarcelamiento de la ex primera dama de Guatemala y ex candidata presidencial Sandra Torres por corrupción en las finanzas de su partido en 2015.
Sin embargo, el presidente Jimmy Morales, quien terminará su mandato en enero, decidió no renovar la misión de la CICIG después de que dicho organismo pidiera investigarlo por no reportar fondos en su campaña presidencial.
La propia CICIG, lamenta el fin de su actividad en el país y comparte su preocupación por una posible ausencia de independencia judicial en las investigaciones futuras: “Evidentemente tenemos muchas preocupaciones, y así lo expresó el comisionado Iván Velásquez en reiteradas ocasiones, respecto a la falta de independencia del sistema de justicia. La independencia judicial es clave para lograr la sostenibilidad de los resultados del combate a la corrupción y la impunidad”, declaró Matías Ponce, vocero de la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala.
En entrevista con RFI, Ponce remite al último informe de la CICIG titulado ‘Guatemala un Estado capturado’ donde “la CICIG ha señalado que existen riesgos de retrocesos. No se ha llegado a un punto de no retorno respecto al combate a la corrupción y la impunidad. Y las redes político económicas ilícitas que han capturado al Estado podrían volver el día de mañana a ejercer sus acciones”, precisa.
Desde la organización política Alianza por las Reformas, también desconfían de la función del Ministerio Público y de los magistrados que a partir de ahora tomarán el relevo en la lucha contra la impunidad.
Combatir la corrupción desde dentro, modificando el sistema, es precisamente la propuesta del presidente electo de Guatemala, Alejando Giammattei, que ya ha anunciado la creación de una nueva comisión.
Con información de: http://www.rfi.fr/es/
