- Fuera del argumento político, no hay ninguna acusación legal, asegura; si algún candidato tiene una duda, “que pregunte y se la contestamos”.
México, 07 de mayo del 2018.- Gerardo Ruiz Esparza es un funcionario que ha estado bajo la lupa, bajo fuego por suspicacias sobre obras de infraestructura en México, principalmente por la construcción del nuevo aeropuerto internacional. Pero el secretario de Comunicaciones y Transportes se defiende: “ No hay ninguna denuncia formal por corrupción”. Y cuando se le pregunta si es un hombre rico, adinerado, dice tener su patrimonio al dedillo.
“Quizás para los que tienen muy poco, sí lo soy; para los que tienen mucho, soy muy pobre. Lo que tengo, y me encanta la 7de7 de uno de los candidatos, porque yo también la tengo, es la forma de poder acreditar que mis 50 años de trabajo están totalmente manifestados y es la forma de acreditar si alguien es honesto”, argumenta.
En entrevista con EL UNIVERSAL, responde que la construcción del nuevo aeropuerto está libre de señalamientos de corrupción, de favoritismos a priístas o empresarios. Y es importante que si hay una acusación de ese tipo, que se presente la denuncia. De lo contrario, sólo se pretende colocar una “mancha” al nombre de México, una “mancha a un proyecto muy importante”, la obra más relevante en un siglo, suelta.
Entonces, se necesitan fundamentos legales para suspender la obra, y no los hay, considera.
Ruiz Esparza también habla del socavón en el Paso Exprés, con un planteamiento duro: funcionarios locales, federales y las empresas dejaron pasar un mes sin hacer nada, “quizás por querer tapar el problema”.
Quiero empezar con el tema del nuevo aeropuerto, porque ha estado en el debate todo este año y más en este momento ya de la contienda electoral. ¿Cómo observa usted el tema, cómo lo ha analizado?
—Un proyecto sin duda necesario, trascendente, necesario desde tres puntos de vista: social, por el empleo que está generando y que va a generar en un futuro en una zona donde habita, en esa zona oriente del Estado de México, 25% de la población del estado, habitan más de 3 millones y medio de personas con muy escasas oportunidades, y el aeropuerto se las va a dar, no tengo la menor duda: va a ser el centro de empleo más importante de América.
La inversión del aeropuerto diría yo que es pequeña comparada con toda la inversión que va a generar a su alrededor, o sea, vamos a ver cuatro, cinco, seis veces más de inversión en negocios legítimos, en todo lo que será el área logística del aeropuerto.
Hay tres necesidades que las veo de esa manera, impostergables: se requiere el espacio, trascendente porque es la obra más importante de los próximos 100 años. El aeropuerto, el monto total de inversión son 13 mil 300 millones de dólares lo que registramos desde un inicio en la Secretaría de Hacienda como valor total , va a andar en esos términos.
¿Cómo podría encarecerse este proyecto si se ve frenado como lo propone Andrés Manuel López Obrador, y qué imagen se proyectaría de México hacia el exterior si se cancela definitivamente?
—Es una obra demandada hace cuatro sexenios, cuatro gobiernos distintos: [Ernesto] Zedillo, Vicente Fox, Felipe Calderón, ahora Enrique Peña Nieto; lo han buscado por esa necesidad de contar con este espacio.
Entonces, suspender esta obra evidentemente implica una gran pérdida: uno, lo que ya se invirtió. Se ha dicho 120 mil millones de pesos que ya están canalizados ahí y que es una inversión que va a ir creciendo. Adicionalmente, cuando se da por terminada una obra sin razón y se genera esta pérdida, pues hay una responsabilidad patrimonial; no es posible que el recurso público que se está utilizando en este caso, a pesar de que viene del TUA, pero es recurso que si no se estuviera invirtiendo aquí estaría yendo a dar a las arcas nacionales, pero se está invirtiendo en el aeropuerto, se perdería, eso genera un daño patrimonial al país, a la nación y a los inversionistas.
He dicho que para poder dar por terminados los contratos se necesita una base legal. Si queremos legalidad, tenemos que actuar con legalidad, y la legalidad es que haya fundamento o causa legal para dar por terminado un contrato. En esencia, será una gran pérdida por lo ya invertido.
El argumento, más que legal es político, el que está dando López Obrador, y también sobre el tema de la transparencia de los contratos, ahí hacerle las dos preguntas sobre este argumento político, pero además, ¿usted puede garantizar que los contratos son transparentes y están limpios?
—Es una de las obras, si no es que la obra más transparente y apegada a la legalidad del mundo. ¿Por qué lo digo, del mundo? Además de que quienes establecen las bases técnicas de los contratos no es el secretario [titular de la SCT], ni establece las bases ni dice cómo, ni dice a quién; hay un grupo profesional internacional formado para determinar esto.
Al límite de las posibilidades estamos tratando de que no haya irregularidad alguna, y si alguien tiene duda nos la puede preguntar. Una cosa es poner al gobierno a debatir con los candidatos, lo cual sería totalmente improcedente en este momento, pero otra cosa es que si algún candidato tiene una duda, que pregunte y se la contestamos con mucho gusto.
¿La obra está libre de sospechas de corrupción y favoritismos?
—A ver, fuera de la parte política yo no había escuchado absolutamente ninguna acusación, nada, o sea, entiendo eso y no me meto y lo respeto. O sea, ¿yo qué haría? Ir a ver un despacho de alto prestigio, a ver ‘chécame cómo están los contratos, dame tu opinión’, ahí están abiertos.
¿Ni favoritismo ni nada?
—No, para nadie. A ver, simple y sencillamente si se ve hasta cómo están nivelados los contratos, no puede haberlo. Es más, yo invito a que si alguien sabe de alguien que haya tratado de favorecer a alguien, lo denuncie, y yo me sumo a su denuncia.
Se lo pregunto porque en algunas columnas, analistas han dejado ver la sospecha de que se ha favorecido a priístas o empresarios cercanos al régimen…
—No, no, y menos así, o sea, ¿quiénes están trabajando ahí? Las empresas más grandes de México. Creo que también sería interesante irles a preguntar a ellas: ‘Oiga, ¿han tenido ustedes que ofrecer algo, han ido ustedes a ofrecer algo, alguien les ha pedido algo?’. Que lo digan, pero estoy seguro que le van a decir: ‘Nadie’.
¿No hay razón legal para que se pudiera frenar la obra?
—Creo que no. Creo que no hay un fundamento legal.
Para pasar al otro asunto que tiene que ver también con el desempeño de la secretaría, ¿cómo va el tema del Paso Exprés? En julio vamos a cumplir un año de eso y no parece haber mucha claridad en lo que se ha avanzado…
—La secretaría ha contribuido y colaborado en todo lo que se ha pedido y requerido, hemos informado públicamente todo, en nuestra página de la secretaría está toda la información del Paso Exprés, desde el primer día hasta el día de hoy.
El hundimiento que hubo fue provocado por el taponamiento de un tubo por el que cruza el río Santo Cristo, que viene del centro de Cuernavaca; ese tubo por el que cruza el río, con la basura que acarreó, que venía de las barrancas, se tapó, y al taparse ese tubo lamentablemente empezó a tener fisuras por la presión del agua. En julio del año pasado hubo lluvias, dicho por la Conagua, atípicas, extraordinarias, que generaron una gran presión. Llegó a levantarse hasta siete metros, ocho metros el muro de agua por no poder pasar, desaguar por este tubo el río que cruza al otro lado y sigue su cauce.
Ruiz Esparza hace una pausa para mostrar los peritajes que mencionan el taponamiento provocado por la acumulación de basura.
Aquí yo creo que son importantes varias cositas: uno, si un mes antes se detectó que estaba el tubo tapado, ¿qué pasó entre el día 12 de junio y el día 12 de julio? Hubo ahí efectivamente oficios locales que le mandaba la población al Centro SCT, que le mandaban autoridades municipales al Centro SCT. Ese taponamiento estaba provocando que el agua se saliera por abajo del muro. Fueron las empresas Aldesa, Epccor y la gente del centro a revisar, y efectivamente vieron el tema y tomaron acciones que en su momento técnicos dijeron que fueron correctas, yo creo que no, haciendo que el muro que se estaba socavando por abajo lo taparon con concreto y mandaron pedir maquinaria para destapar el tubo que estaba tapado.
Lamentablemente les ganó el tiempo. Le digo que no estuvo bien. Creo que ellos en ese momento, en lugar de estar mandando oficios, debieron haber dicho, actuado, y haberle anunciado a Protección Civil nacional, a la SCT, que había ese problema.
¿La autoridad local?
—Todos, autoridad local, el Centro SCT, jamás hubo una comunicación acá, y las empresas… Creo que ellos al ver el problema quisieron arreglarlo y no agrandarlo, porque sabían que había un problema delicado. Estamos ya, de alguna manera, coadyuvando con la Secretaría de la Función Pública (SFP) para que haya sanciones a los servidores públicos que participaron en esto. Y, dos, las empresas.
Y las empresas…
—Sí, y las empresas que en un momento dado no anunciaron esto, no cumplieron. Creo que ahí es donde está la omisión más grave: el no haber anunciado esto, al margen de otras omisiones.
Parece que dejaron pasar un mes…
—Un mes, del 12 de junio al 12 de julio. Creo que esto es importante desde el punto de vista del análisis del tema. Lamentablemente esto implicó la pérdida de dos personas, de dos vidas, de padre e hijo; ese es un punto que se lamenta.
Por qué si hay claridad en lo que ocurrió en este mes, que parece de omisiones y de decisiones que se toman a la ligera, ¿por qué hasta ahora no hemos visto la culminación de la investigación y el castigo a los responsables?
—No es la SCT la que tiene esa facultad. Nosotros ya iniciamos el procedimiento, con el Órgano Interno de Control, contra las empresas, y ya iniciamos el procedimiento de terminación de contrato de las empresas. Hay que recordar que el Órgano Interno de Control depende de la SFP.
Sentado en la cabecera de una mesa de juntas de su oficina ubicada en Bosques de las Lomas, al poniente de la Ciudad de México —las oficinas centrales de la SCT en Xola resultaron afectadas con el sismo del 19-S—, Ruiz Esparza dice que se va a retirar de la vida de funcionario público con la terminación del sexenio del presidente Enrique Peña Nieto.
Mire, tengo el privilegio, se lo digo sinceramente, de tener casi 50 años en el servicio público ininterrumpido ni un solo día. Desde mi primer día de trabajo en el Banco de México.
He tenido la fortuna de que me han ido invitando, requiriendo, pidiéndome que me incorpore a nuevas responsabilidades, siempre en plazos largos; o sea, en el Banco de México estuve siete u ocho años; en Hacienda estuve seis años; luego estuve en el Estado de México, seis años en el gobierno, más o menos, fui subsecretario y secretario General de Gobierno; posteriormente en Infonavit, que fue menos tiempo, pero con cosas muy importantes; luego en el Seguro Social, también siete u ocho años; luego me fui a la CFE (Comisión Federal de Electricidad), también seis, siete años; luego con el gobernador [Enrique] Peña [Nieto], seis años completos, y acá espero terminar también los seis años.
Y bueno, voy para los 50 años. ¿Qué pienso hacer? Sinceramente, descansar. Yo creo que me lo merezco, mi familia se lo merece, sobre todo mi familia, que ha sido la principal sacrificada de esta carrera tan larga, donde no he tenido un solo periodo vacacional.
¿Es usted un hombre afortunado, rico, adinerado?
—Afortunado, sí. De haber tenido esta oportunidad de prestar el servicio a mi país, de tener la familia que tengo, sin duda que es una gran fortuna; tengo una gran esposa y tengo hijos excepcionalmente bien formados y que reflejan a la familia. De salud, excelente, afortunado.
Antes de terminar la conversación, dice que su patrimonio es congruente con sus ingresos como funcionario público y que sus declaraciones patrimoniales lo avalan. “Creo que es una buena fórmula, más que en un momento dado acusaciones sin fundamento y denostativas”.
David Aponte | El Universal
