Ciudad de México, 03 de marzo del 2025.- Claudia Sheinbaum, presidenta de México, destacó este lunes la relevancia de las leyes secundarias de la reforma energética para combatir el robo de combustible, conocido como huachicol, al establecer un sistema de trazabilidad obligatorio en la importación, distribución y venta de combustibles en México.
Durante la conferencia de prensa matutina de este lunes 3 de marzo, Sheinbaum Pardo explicó que las leyes secundarias permitirán identificar el origen y destino de cada litro de gasolina importado o producido en el país.
“Las leyes secundarias nos van a permitir la obligatoriedad de la trazabilidad. Quién importa, quién distribuye, quién almacena y a qué estación de servicio llega”, afirmó.
La mandataria señaló que actualmente diversas instituciones regulan distintos tramos de la cadena de suministro de combustibles, lo que dificulta el seguimiento del producto y permite la venta ilegal. Además, precisó que, con la reforma, se busca unificar la supervisión para evitar discrepancias en los registros y reforzar la fiscalización del sector.
También, resaltó que, con la aprobación de estas leyes, se integrará la Comisión Reguladora de Energía (CRE) y la Comisión Nacional de Hidrocarburos (CNH) en un solo organismo, denominado Comisión Nacional de Energía. Este nuevo ente dependerá de la Secretaría de Energía y tendrá facultades para supervisar la importación, producción y comercialización de hidrocarburos.
La titular del Ejecutivo federal no precisó el monto estimado de pérdidas por este delito, pero enfatizó que su gobierno está tomando “todas las medidas necesarias” para erradicar cualquier forma de venta ilegal de combustibles en el país. Además, aseguró que su administración trabaja en estrecha coordinación con Pemex, la Guardia Nacional y la Fiscalía General de la República para reducir aún más la venta ilegal de hidrocarburos.
Estrategia contra la extorsión y «narcoaranceles»
Por otro lado, Sheinbaum aseguró que su gobierno trabaja en un modelo integral para combatir la extorsión en Michoacán, un delito que afecta gravemente a productores agrícolas, particularmente a los limoneros, quienes han denunciado el cobro de «narcoaranceles» por parte del crimen organizado.
Uno de los principales desafíos, según Sheinbaum, es el miedo de las víctimas a denunciar estos hechos. «Las personas no denuncian la extorsión y con razón, porque tienen miedo. Lo que tenemos que desarrollar es un esquema de inteligencia y de investigación para que la extorsión no necesariamente requiera doble denuncia», explicó.
Mencionó que el gobierno federal está evaluando modificar los procedimientos para que este delito pueda ser perseguido de oficio, sin que las víctimas tengan que ratificar su denuncia, lo que facilitaría la acción de la justicia y brindaría mayor protección a los afectados.
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