Ciudad de México, 10 de marzo del 2025.- Pese a haber impulsado con rapidez una reforma Poder Judicial, el Congreso de la Unión no ha logrado avanzar en otras reformas referentes al sistema de procuración e impartición de justicia y cuyos cambios resultan necesarios para impactar directamente en los altos índices de impunidad del país.
De 2018 a la fecha, tanto la Cámara de Senadores como la de Diputados, han acumulado 492 iniciativas que se encuentran pendientes o “congeladas” relacionadas con las instancias responsables de la justicia, tales como las policías, las prisiones, los responsables de la atención a víctimas, las Comisiones de Búsqueda y las fiscalías de los estados.
Ejemplo de ello es la iniciativa presentada por una diputada de Morena en 2019 para abrogar la Ley Nacional de Ejecución Penal y expedir el Código Nacional Penitenciario, ello con el fin de establecer nuevas normas para la administración penitenciaria, los procedimientos para la ejecución de penas, la conformación de políticas públicas de reinserción social y la implementación de mecanismos de justicia alternativa.
También se tienen propuestas como la de un diputado del PAN que planteó en 2024 que todas las fiscalías del país rindan informes sobre sus labores y en caso de encontrar irregularidades, se llamará a comparecer al titular de la fiscalía o procuraduría estatal y de ser procedente iniciar procedimientos sancionatorios correspondientes.
Además de diversas iniciativas que plantean otorgar mayores recursos jurídicos y económicos a las policías de los estados; de las más recientes, están la planteada por la diputada de MC, Laura Ballesteros, quien apenas el 4 de marzo propuso reformar la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública, para atender “varias de las deficiencias que limitan la función de la policía”. Entre lo propuesto destaca el contemplar que la función de Seguridad Pública se realizará por conducto de las instituciones de Procuración de Justicia Cívica.
Asimismo, en el tintero han quedado otras iniciativas para modificar instancias de atención y con ello reconocer y garantizar los derechos de diversas víctimas de delitos como el desplazamiento interno forzado y de desaparición.
Reforma con fin político
Fernando Escobar Ayala, investigador de Causa en Común y experto en temas de violencia y seguridad pública, consideró pertinente aclarar que la reforma judicial estuvo principalmente orientada a un fin político para “alterar, desmantelar por completo la independencia del Poder Judicial mediante el sometimiento de las decisiones del máximo tribunal a la voluntad popular».
Lo anterior, dijo, mientras el país tiene muchísimos pendientes, no nada más en cuanto a la impartición de justicia, sino también en materia de seguridad y procuración de justicia.
“Comenzando por las policías. Hoy en día a nivel constitucional las policías tienen facultades y responsabilidades de investigación. Sin embargo, por la falta de presupuestos adecuados, por la falta de capacitación y desde luego por el déficit de elementos, pues esas labores de investigación no se ejercen y múltiples policías en el país no cuentan siquiera con las herramientas indispensables para hacerse cargo de esa tarea”, señaló.
También advirtió que esto ocasiona que el Ministerio Público y las fiscalías, quienes son las encargadas de elaborar las carpetas de investigación, aunado a los vicios de corrupción, se vean todavía más sobrecargadas.
“La consecuencia de esto es que hay un creciente volumen de carpetas de investigación que no se concluyen y esto ya afecta desde luego la impunidad que al final de cuentas se traslada directamente a la decisión que se imparte en los tribunales de justicia”, explicó.
Mientras que subrayó que son entes desconocidos para la ciudadanía, con un “pésimo trabajo”, al tiempo que destacó que “un gran tema pendiente tiene que ver con su autonomía. Las fiscalías no dependen del Poder Judicial, sin embargo, hoy en día todavía están a la merced de las designaciones políticas”.
En este sentido, lamentó que para promover una reforma al poder judicial se haya usado una narrativa culpándolo de que la impunidad era consecuencia prácticamente exclusiva de la corrupción por parte de los juzgadores en el país.
Impunidad
De acuerdo con el Índice Global de Impunidad 2024, México se mantiene entre los 15 países con mayor impunidad en el mundo, lo cual afecta el diseño y funcionamiento de la cadena de los sistemas de justicia, seguridad y derechos humanos.
La organización Impunidad Cero, destaca en su informe Percepciones de Impunidad 2024, que esta problemática constituye un problema estructural, pues desde que comenzó a operar el nuevo Sistema de Justicia Penal en todo el país, sólo 7 de cada 100 homicidios dolosos han sido esclarecidos, y menos de la mitad de los feminicidios registrados han tenido una sentencia condenatoria.
Incluso, señaló graves violaciones a derechos humanos, como son las desapariciones, presentan un nivel de impunidad casi absoluto que se traduce en un 99.6% de impunidad a nivel nacional.
Otro factor importante para la impunidad es la falta de denuncias. De acuerdo con datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), con corte al 2023 —último dato disponible— el 92.9% de los delitos en México no se denunciaron o no se abrió una carpeta de investigación por parte de una fiscalía.
Este porcentaje se ha mantenido en los mismos niveles desde al menos 2018 cuando, en aquel año, el porcentaje se posicionó en 93.2.
La principal causa para no denunciar, de acuerdo al Inegi, por parte de los ciudadanos, es que se consideró una pérdida de tiempo, seguido de la desconfianza en la autoridad.
Con información de: https://www.eleconomista.com.mx/
