SCJN decidirá sobre violenta expulsión de wixárikas en Sierra de Jalisco, por cambiar de religión.

• Ministros de la SCJN determinarán si indígenas pierden identidad al abrazar su derecho constitucional de libertad religiosa

México, 29 de junio del 2020.- Niños indígenas wixárikas lloraban desconsolados, no entendían lo que sucedía, a media noche una turba de 200 personas destruía sus casas y los echaba de su comunidad en el municipio de Tuxpan de Bolaños, en la Sierra Norte de Jalisco. Su delito, haber cambiado de religión.

“(Eran) como 200 personas. Yo sentí temor, sentí miedo. Empezaron a derribar (la casa)”, comentó aún nervioso Diego al recordar ese momento, tenía 10 años de edad.

21 adultos y 29 menores de edad en diciembre del 2017 fueron despojados de su patrimonio y expulsados de su comunidad por profesar la religión de los Testigos de Jehová. Se habían vuelto monoteístas y rechazaban participar en ritos tradicionales que incluyen consumir peyote y la adoración a dioses como el venado, el sol, la lluvia y la tierra, entre otros.

“No pude contener el llanto al contemplar: mi hogar completamente destruido y mis pertenencias regadas por todas partes … Me sentía indefensa e impotente. No podía comprender tanta crueldad”, externó Simona de la Cruz.

“Nos insultaban y humillaban. Mis hijos se asustaron mucho y yo no pude hacer absolutamente nada. Sentí una profunda tristeza cuando vi que empezaban a derribar mi casa, que con tanto sacrificio había construido”, agregó Cirilo de la Cruz.

Hace dos años un juez federal indicó que la expulsión estaba justificada. Los líderes wixárikas argumentaron los “usos y costumbres” para sacar a las mujeres a rastras aún con bebés en brazos. Familias completas que llevaban más de 4 décadas en la comunidad fueron expulsadas porque al no participar en ceremonias y costumbres tradicionales, no son considerados wixárikas. Sus compañeros de religión de Jalisco, Zacatecas y Nayarit recibieron en sus hogares a los indígenas desplazados.

Posteriormente un Tribunal Colegiado de Circuito revocó la decisión del juez federal. Así el caso llegó a la Suprema Corte de Justicia de la Nación y este miércoles los ministros analizarán si los artículos constitucionales sobre usos y costumbres y libertad religiosa se contraponen o podrían armonizarse.

Hoy, los wixárikas desplazados en su mayoría viven en casas rentadas, en tres entidades de la República Mexicana. Algunos han perdido su empleo debido a la pandemia mundial de COVID-19 ya que se dedican a vender artesanías tradicionales. No han recibido apoyo gubernamental porque no tienen documentación oficial (no se les permitió recogerlos el día que fueron expulsados). Desde hace dos años tienen prohibido entrar a la comunidad y no han podido visitar a sus familiares.

“El peyote te hace ver alucinaciones, nuestra conciencia no puede soportar eso. Adoran al sol, al venado, al agua, al peyote, a la tierra. Nosotros respetamos. Somos wixárikas, somos agricultores, nos gusta nuestra vestimenta, nos gusta hacer chaquira, nos gusta hacer morrales y la artesanía”, sostiene Agustín Chino, quien no renunció a su nueva fe.

El 23 de octubre de 2019, la Segunda Sala de la SCJN aceptó el caso debido a su trascendencia. Se abrió el expediente 1041/2019.

Las preguntas que debe resolver el Máximo Tribunal Constitucional del país son: ¿puede armonizarse el Artículo 2º de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos (relativos a la libre determinación de los pueblos indígenas: “usos y costumbres”) con lo expuesto en el Artículo 24º sobre la libertad religiosa? ¿Es la religión parte integral de la identidad de una comunidad indígena, y si es así, deja de formar parte de esa comunidad el individuo que cambia de religión?

Además, también se determinará si se violaron los derechos humanos de estos wixárikas cuando fueron expulsados de su comunidad. ¿Tienen derecho a objeción de conciencia, a la no-discriminación, a la protección de los menores, el respeto a la integridad y dignidad de las mujeres y el derecho a un juicio justo?

La Comisión Nacional de Derechos Humanos y la CEDHJ (Comisión estatal) mantienen abiertas quejas por violación a derechos elementales y solicitaron a las autoridades jaliscienses implementar medidas cautelares a favor de los wixárikas expulsados de la comunidad. La Dirección General de Asuntos Religiosos de la Secretaría de Gobernación también conoce el caso. En la Fiscalía General de Jalisco hay una denuncia por el delito de despojo.

Con información de: https://heraldodemexico.com.mx/