México, DF., 06 de febrero 2015.
El Senado giró un exhorto al Gobierno Federal y a los gobiernos estatales para garantizar la seguridad de los periodistas que, a consecuencia del ejercicio de su profesión, se ven obligados a desplazarse de sus lugares de residencia.
En defensa de este exhorto, que contó con el respaldo de todos los grupos parlamentarios de la Cámara Alta, el senador Omar Fayad Meneses afirmó que “un país que se jacte de ser democrático y moderno, debe garantizar la seguridad de los profesionales que ejercen el derecho a la libertad de expresión”.
Formulado tanto por la Comisión de Derechos Humanos, como por la de Seguridad Pública, que preside Fayad Meneses, el dictamen recoge las inquietudes de las organizaciones sociales que monitorean el goce de la libertad de expresión en México, incluyendo agresiones contra periodistas.
“En 2012, 18 periodistas de provincia tuvieron que desplazarse a la ciudad de México, y para evitar que esto siga ocurriendo, consideramos necesario que se diseñen políticas públicas que eviten el desplazamiento forzado de periodistas y defensores de derechos humanos, para que puedan realizar su trabajo con libertad y confianza, y cuenten con la tutela absoluta del gobierno”, afirmó el senador hidalguense.
Al explicar el contenido del dictamen ante el Pleno del Senado, desde tribuna Omar Fayad mencionó que si bien, hay avances importantes a favor de los periodistas y defensores de derechos humanos desde el ámbito legislativo, es necesario impulsar que los gobiernos federal y estatales hagan efectiva esta protección.
“Desde el año 2007, en el ámbito federal se despenalizaron los delitos de calumnia, difamación e injurias, y se expidió la Ley para la Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y de Periodistas, pero en algunos estados, aún se mantienen prácticas que son utilizadas para coartar el derecho de la libertad de expresión de los periodistas”, señaló el legislador.
Y destacó que a través de este dictamen, se impulsa que todas las entidades federativas erradiquen de sus códigos penales los delitos de difamación y calumnias, los cuales se han utilizado de manera sistemática para coartar la libertad de expresión.
“Este derecho debe ser prioridad para las autoridades, pues lamentablemente en algunos estados del país siguen prevaleciendo prácticas consideradas como delitos en materia de libertad de expresión, y debemos empujar para que eso no siga sucediendo”, concluyó.
