Ciudad de México , 27 de agosto del 2024.- Margaret Satterthwaite, en una carta dirigida a las autoridades mexicanas, expresó su preocupación por las medidas incluidas en la reforma al Poder Judicial de la Federación, las cuales contemplan la elección popular de todos los jueces y la eliminación del CJF. La relatora especial de la ONU sobre la independencia de magistrados y abogados, Margaret Satterthwaite, en una carta dirigida a las autoridades mexicanas, expresó su preocupación por las medidas incluidas en la reforma al Poder Judicial de la Federación, las cuales contemplan la elección popular de todos los jueces y la eliminación del Consejo de la Judicatura Federal (CJF).
“Mientras la última propuesta de reforma judicial se somete a votación en la Comisión hoy (lunes), reitero mis profundas preocupaciones sobre sus amplias implicaciones para la independencia judicial en todo México. Insto a las autoridades a reconsiderar detenidamente la propuesta, dando el peso adecuado a la garantía de derechos humanos de la independencia judicial”, compartió a través de su cuenta de X. La relatora especial destacó que un Poder Judicial independiente es esencial para la protección de los derechos humanos, y cualquier medida que lo debilite pone en riesgo la capacidad del sistema para garantizar justicia imparcial, especialmente en casos que involucren a actores poderosos o temas políticamente sensibles.
“Me encuentro especialmente preocupada por el contexto en el que se están llevando a cabo estas propuestas de reforma, dada la alegada intimidación de jueces y los reportes de interferencias en la independencia judicial a través de ataques verbales, que incluyen amenazas, por parte de los poderes Ejecutivo y Legislativo en contra de ciertos jueces, en las cuales se ha expresado desacuerdo con las decisiones adoptadas”, comentó la relatora. Formación Margaret Satterthwaite explicó que los jueces deben ser elegidos con base en su formación, calificaciones, integridad e idoneidad y en el método de elección se deben excluir procedimientos de designación políticos; pues los criterios deben de vincularse, “estrictamente, a la calidad y mérito profesional y al compromiso con los valores del estado de derecho”.
“Adicionalmente, la elección popular de jueces podría incrementar el riesgo de que los candidatos a magistrados busquen complacer a los votantes o a patrocinadores de campañas con el fin de incrementar sus posibilidades de reelección, en lugar de tomar decisiones fundamentadas exclusivamente en principios y normas jurídicas”, se detalló en el texto.
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