Ciudad de México, 12 de julio de 2017.- El recorte presupuestal de los últimos dos años provocó una caída de la inversión pública en infraestructura, que afectó en especial en los sectores de energía y comunicaciones y transporte. Sin embargo, hará posible que por primera vez en una década disminuya la deuda y, con ello, se aleje la posibilidad de una baja en la calificación de solvencia del gobierno federal, consideró este miércoles BBVA Bancomer.
Los recortes al gasto público, que iniciaron en 2015 y se mantendrán el siguiente año, han afectado la construcción de infraestructura, una actividad que en el pasado reciente actuó como uno de los motores de la economía.
La obra civil, que incluye la infraestructura, estuvo en terreno negativo todo 2016 y así seguirá en 2017, expuso el reporte Situación inmobiliaria, de BBVA Bancomer, correspondiente al primer semestre de este año. Esta actividad, que en la década pasada se había constituido como una herramienta de impulso al crecimiento en periodos de recesión, se ha mantenido rezagada desde 2012, añadió.
El producto interno bruto de la construcción de obra civil registra una caída de 11.9 por ciento, de acuerdo con datos oficiales.
La mayor parte de la contracción se debe a una paulatina reducción del presupuesto destinado a infraestructura, en donde las áreas energéticas y de comunicaciones, que son las de mayor peso, han resultado también las más afectadas.
Aunque ha dañado la dotación de infraestructura, los recortes han sido necesarios para procurar estabilidad de las finanzas, de acuerdo con Carlos Serrano, economista en jefe de BBVA Bancomer.
“En 2017, por primera vez en 10 años, se va a reducir la deuda pública como porcentaje del producto interno bruto (PIB). En 2016 esa relación fue de 50 por ciento y este año bajará a 48 por ciento”, comentó Serrano, durante la presentación del informe. Una parte de la mejoría fue posible por los recursos extraordinarios que el Banco de México aportó al fisco, 321 mil 653 millones de pesos producto de las ganancias cambiarias que obtuvo en 2016 y que en 70 por ciento se aplicarán a la reducción de la deuda, pero también, añadió Serrano, por el esfuerzo del gobierno federal en reducir el déficit y la deuda públicos.
Era más que necesario hacer esa consolidación fiscal porque ahora se reduce la posibilidad de una baja en la calificación de la deuda de México, aunque el “efecto negativo” es una menor inversión que, sin embargo, puede ser compensada con mayor inversión del sector privado, expuso Serrano. “Es el momento de impulsar la inversión privada para compensar la caída en la que realiza el sector público”, consideró.
Roberto González Amador | La Jornada
