Recibe Congreso iniciativa de Reforma al Código Penal Local para garantizar libertad de expresión.

Pachuca, Hgo., a 30 de abril de 2019. 

• Modificación al Código Penal tiene el propósito de excluir de la legislación penal los delitos de difamación y calumnia y sus disposiciones comunes.
• Iniciativa propuesta no solo busca acatar las recomendaciones de organismos internacionales sino también asegurar que en la entidad se proteja la libre expresión.
• Promueven modificaciones la diputada del Grupo Legislativo del Partido Acción Nacional y Morena, Areli Maya Monzalvo y el Presidente de la Junta de Gobierno, Ricardo Baptista González

El Congreso de Hidalgo recibió una iniciativa con proyecto de decreto que deroga el Título Sexto del Código Penal del Estado de Hidalgo denominado “Delitos Contra el Honor”, a fin de garantizar el derecho a la libertad de expresión consagrado en los Artículos 6 párrafos primero y segundo y 7 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en apego a maximizar los derechos de las personas.

A propuesta de la diputada del Grupo Legislativo del Partido Acción Nacional, Areli Maya Monzalvo, y el Presidente de la Junta de Gobierno del Congreso, Ricardo Baptista González, la citada reforma al Código Penal estatal tiene el propósito de excluir de la legislación penal los delitos de difamación y calumnia y sus disposiciones comunes.

Maya Monzalvo argumentó que la iniciativa propuesta no solo busca acatar las recomendaciones, y en su caso, resoluciones de organismos internacionales en materia de derechos humanos, sino pretende también asegurar que en la entidad se proteja la libre expresión de ideas y que no se utilice la ley para limitar el avance democrático.

La diputada del PAN expresó que en el marco del Día Mundial de la libertad de Prensa, próximo a celebrarse el 3 de mayo, proclamado así desde el año de 1993 por la Asamblea General de las Naciones Unidas, “estamos convencidos de la imperiosa necesidad de reformar la legislación penal para eliminar a la difamación y calumnia como tipos penales, con la finalidad de proteger la libertad de expresión, contribuir al fortalecimiento de la democracia de nuestra entidad, así como a evitar injusticias y el encumbramiento de actos de corrupción”, subrayó.

Asimismo, Areli Maya expuso que la libertad de expresión es uno de los derechos fundamentales de todo individuo y constituye un elemento esencial para la democracia; en la cual, resulta ser la piedra angular del Estado de Derecho.

Por lo que “este derecho está garantizado por el Estado, que a su vez busca erradicar los obstáculos que impidan su ejercicio de acuerdo con el Artículo 6º párrafos primero y segundo de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos”, dijo.

Destacó que el 13 de abril de 2007 se derogaron los artículos del Código Penal Federal en los que sancionaban los delitos de injurias, difamación y calumnia, contenidas en el Título Vigésimo, correspondiente a los “Delitos contra el honor”, Capítulo II de las Injurias y Difamación, Capítulo III de la Calumnia y Capítulo IV relativo a las Disposiciones de Comunes para ambos capítulos.

La eliminación de la pena de prisión para quienes rebasen los límites de la libertad de expresión señalados en la Constitución, dejó abierta la posibilidad de demandar por la vía civil, la reparación del daño moral causado a terceros.

Informó que México fue el segundo país de América Latina en eliminar los delitos contra el honor y Argentina el tercero, siendo la República de El Salvador el primero en hacerlo. Actualmente, Cuba, Venezuela, Ecuador y Brasil continúan contemplando en su legislación penal el delito de difamación, en tanto que, en el resto de los países latinoamericanos, la despenalización se ha venido desarrollando parcialmente.

Puntualizó que de acuerdo a las legislaciones penales de las entidades federativas, a partir de la derogación de la difamación y calumnia en el Código Penal Federal, sucesivamente se han hecho reformas en la materia para eliminar ambos tipos penales, en la mayoría de los casos,  despenalizándolos de manera parcial.

Sin embargo, “los estados de Hidalgo, Nayarit, Nuevo León no se han sumado a la despenalización de los denominados delitos contra el honor y sean eliminados de sus códigos penales”, refirió.

En su oportunidad, el Presidente de la Junta de Gobierno del Congreso, Ricardo Baptista González, recalcó que Hidalgo está incluido entre las entidades en las que persiste dilación para eliminar del Código Penal los delitos antes mencionados, así como la urgencia de llevarlo a cabo, porque los casos de injusticia e impunidad que se han producido al amparo de la ley.

Baptista González recordó lo sucedido al ciudadano Leonardo García Vázquez quien fue detenido y vinculado a proceso por denunciar actos de corrupción de la Constructora Sylma, vinculada a servidores públicos estatales, “lo que deja de manifiesto que, en muchas ocasiones, los servidores públicos utilizan estas figuras como un mecanismo para desincentivar la crítica, pero sobre todo para evadir la justicia por los actos de corrupción cometidos”.

El Coordinador del Grupo Legislativo de Morena acotó que la iniciativa que se propone, no solo busca acatar las recomendaciones, y en su caso, resoluciones de organismos internacionales en materia de derechos humano, sino que pretende también asegurar que se proteja la libre expresión de ideas y que no se utilice la ley para limitar el avance democrático.

“En mérito de lo anteriormente expuesto y fundado, estamos convencidos de la imperiosa necesidad de reformar la legislación penal para eliminar a la difamación y calumnia como tipos penales, con la finalidad de proteger la libertad de expresión, contribuir al fortalecimiento de la democracia de nuestra entidad, así como a evitar injusticias y el encumbramiento de actos de corrupción”, dijo.

Asimismo, señaló que la iniciativa busca garantizar que quienes sientan vulnerado su derecho al honor, puedan demandar la reparación del daño moral sufrido por la vía civil.

Por lo antes expuesto, la iniciativa fue turnada a la Comisión de Legislación y Puntos Constitucionales para su revisión y, en su caso, aprobación.