BERLÍN, 08 de mayo de 2016.
El 11 de marzo de 2011 fue un dia extraordinario para el mundo y para la canciller Angela Merkel. Ese día, la jefa del gobierno alemán se levantó de su cama como una apasionada defensora de la energía nuclear en su país, pero 48 horas después regresó a ella convertida en la principal abanderada del movimiento ecologista alemán, tras anunciar que su gobierno volvería a revisar su política atómica.
El terremoto de 9 grados en la escala de Richter que azotó a Japón ese día y el tsunami que acabó con la vida de miles de personas, causó destrozos en decenas de ciudades y pueblos y provocó la más reciente tragedia nuclear en el reactor ubicado en Fukushima, impactó a la canciller alemana, una mujer pragmática y famosa por su capacidad de tomar decisiones sin dejarse presionar por nadie, y la convenció de poner en marcha un delicado proceso político que fue bendecido por el Parlamento alemán dos meses después.
“Los acontecimientos en Japón suponen un cambio radical en la historia del mundo tecnificado y las fugas radiactivas, como consecuencia del terremoto y posterior tsunami, demuestran que la energía atómica no está preparada para hacer frente a la violencia natural”, dijo Merkel al justificar un giro radical de su gobierno, que decidió volver a legislar para aprobar un histórico apagón nuclear en el país.
La tragedia de Fukushima revivió en Alemania, quizás el país más sensible al gran debate sobre la energía nuclear, la discusión en torno a la prolongación de la vida útil de sus centrales nucleares, una polémica medida que, ironía de la política germana, había sido aprobada en 2010 por el propio gobierno de Merkel cuando dejó sin efecto una medida adoptada por el gobierno del excanciller Gerhard Schröder que ponía fin a la vida de las centrales nucleares en el año 2021.
Cuando el gobierno de Schröder firmó el acuerdo con los representantes de las compañías energéticas, en junio de 2001, el partido demócrata-cristiano que presidía entonces Merkel, anunció que dejarían sin efecto el acuerdo, cuando el partido regresara al poder. Merkel tuvo que esperar hasta el mes de septiembre de 2010 para enterrar el acuerdo y envió al Parlamento una decisión que prolongaba el funcionamiento de las centrales nucleares en una media de 12 años.
“Nunca, como ahora, se ofreció la impresión de que la política tiene precio. Sin ninguna necesidad, el gobierno vuelve a activar uno de los mayores conflictos del país”, sentenció el presidente del SPD, Sigmar Gabriel, que en ese momento era el partido más crítico del ejecutivo en el Bundestag.
Todo cambió con Fukushima. Cuatro días después de la tragedia, Merkel anunció el cierre temporal de siete plantas nucleares que habían comenzado a operar en el país antes de 1980 y ordenó la creación de una comisión para realizar una exhaustiva revisión de las 17 plantas nucleares en activo en ese momento, para evaluar los posibles riesgos de las centrales.
El informe elaborado por la llamada Comisión de Seguridad Nuclear fue demoledor y añadió un nuevo argumento. Ninguna de las centrales, según el informe, estaba protegida para resistir un ataque terrorista aéreo como el que destruyó las Torres Gemelas en Nueva York y siete de ellas, no resistirían un ataque con una avioneta pequeña.
“Debemos encontrar una forma de abandonar la energía atómica tan rápido como sea posible” sentenció el entonces ministro de Medio Ambiente, Norbert Röttgen, al dar a conocer el resultado de la investigación realizado por la comisión. Fue el comienzo de una medida que fue aprobada por los líderes de los tres partidos que integraban la coalición que gobernaba en Alemania en el mes de mayo de 2011.
El 30 de mayo de ese año, Merkel recibió en la moderna sede del gobierno a sus aliados de la CSU, Horst Seehofer y Philipp Röster el presidente del partido Liberal, para analizar y buscar una solución definitiva para el riesgo que representaban las centrales nucleares. Al cabo de 12 horas, el entonces ministro de Medio Ambiente, Norbert Röttgen, también presente en la reunión, anunció una medida que convertirá al país en la primera gran potencia industrial del planeta en abandonar completamente la energía atómica.
El acuerdo, que marcó un giro radical de la política energética del gobierno, clausuró siete centrales nucleares que ya habían sido desconectadas después de Fukushima como una medida de prevención; autorizó que las tres centrales más modernas pudieran seguir funcionando hasta fines de 2022 y los siete reactores restantes serán desconectados en el curso de 2021.
El acuerdo fue ratificado por el Parlamento Federal el 30 de mayo de 2011 por un poderoso e interesado bloque político integrado por los diputados de la Unión demócrata cristiana (CDU-CSU), el partido Liberal, el SPD y los Verdes.
“No me importa si usted (Merkel) impulsó esta ley por razones políticas o por convicción. La ironía histórica es suficiente para mí”, señaló Renate Künast, entonces jefa del grupo parlamentario de los Verdes, al recordar la larga batalla que llevó a cabo el partido ecologista en contra de la energía nuclear. “Por eso deseo darle las gracias a toda la gente que luchó durante 30 años en contra de la energía nuclear y que incluso fue tratada como criminales”.
Pero el apagón nuclear definitivo, ordenado por el gobierno y ratificado por el Bundestag, no acabó con la polémica y dejó al desnudo un nuevo problema que todavía no encuentra una solución y que puede ser dirimido ante el Tribunal Constitucional alemán, la instancia jurídica más importante del país.
Después de aceptar la derrota política, las tres compañías energéticas afectadas, —RWE, Eon y la sueca Vattenfall—, decidieron querellarse contra el gobierno, al que hicieron responsable de haber violado la constitución y le exigieron el pago de una multimillonaria indemnización. Aunque las tres compañías no buscan dejar sin efecto la ley denunciaron que el apagón nuclear representaba una expropiación ilegal de sus propiedades.
“Estamos ante una expropiación en toda regla, una expropiación no consensuada y sin indemnización”, señalaron las tres compañías en su demanda conjunta, presentada en marzo pasado. “Se trata de buscar una salida de la energía nuclear justa y equitativa y obtener una indemnización para nuestro patrimonio que nos fue quitado por razones políticas”.
El resultado final de la batalla jurídica, que tiene enfrentadas a las tres compañías y al gobierno federal, dependerá de una negociación paralela que llevan a cabo representantes de las tres compañías y una comisión gubernamental que debe encontrar respuestas a dos grandes temas: el financiamiento del desmantelamiento de las centrales nucleares y el almacenamiento de la basura nuclear.
La factura tiene un precio exorbitante -48.8 mil millones de euros según los expertos-. El gobierno ha dejado saber que está dispuesto a asumir parte de los costos pero exige que las compañías renuncien a su querella, una medida que es calificada como un “chantaje”. El miércoles pasado, la comisión gubernamental dio a conocer su última oferta: los operadores energéticos deben transferir a un fondo estatal hasta el año 2022, 23 mil millones de euros.
“La propuesta presentada representa una pesada carga para las compañías y que sobrepasa su capacidad económica”, respondieron las compañías y admitieron que aún siguen interesadas en buscar un consenso que les permita hacer frente al enorme desafío que implica el desmantelamiento de los reactores y el almacenamiento de la basura nuclear.
Con información de: EXCÉLSIOR
