Ciudad de México, 06 de agosto del 2020.- Rosario Robles solicitó cerrar la investigación complementaria de su proceso para que la Fiscalía General de la República presente su acusación y después enfrente el juicio por el caso de la Estafa Maestra.
El martes, Felipe de Jesús Delgadillo Padierna, juez administrador del Centro de Justicia Penal Federal del Reclusorio Sur, envió un oficio a la defensa de Robles para informarle que tenía un plazo de tres días para definir si iba ampliar o no el plazo de investigación complementaria.
Ayer el abogado Epigmenio Mendieta respondió por escrito que no va a alargar más el procedimiento y, como la FGR también ya dijo que no ampliaría el plazo, lo más probable es que en breve el juez acuerde cerrar la investigación complementaria y citar para una audiencia intermedia.
«Ya se reanudaron los plazos y, con ese motivo, el juzgado nos dio vista para saber si necesitamos más plazo de investigación complementaria. La respuesta es no», dijo el litigante.
«Estamos solicitando se declare el cierre de la investigación complementaria y que el agente del Ministerio Público presente su acusación para ir a juicio».
Dado que tanto la FGR como Robles están de acuerdo en cerrar esta etapa procesal, el juez Ganther Alejandro Villar Ceballos decretará el cierre de la investigación complementaria y citará en cuestión de días a las partes a una audiencia intermedia.
En esa audiencia, los fiscales federales expondrán la acusación, las partes establecerán los hechos que no estarán a discusión en el caso y el juez definirá cuáles son los datos de prueba que serán considerados en un eventual juicio.
Una vez cumplido el trámite anterior, el juez estará el posibilidad de dictar su acuerdo de apertura de juicio.
Robles está presa en el Penal Femenil de Santa Martha Acatitla desde el 13 de agosto de 2019, cuando fue vinculada a proceso por el delito de ejercicio indebido del servicio público, un delito que no contempla la prisión preventiva de oficio.
Desde hace 12 meses, Robles ha intentado por distintos medios legales conseguir cualquier medida cautelar que le permita llevar su proceso fuera de prisión, desde la libertad provisional hasta la prisión domiciliaria, sin embargo, jueces y magistrados le han negado el beneficio.
La imputación que la mantiene tras las rejas sostiene que fue omisa durante todo el sexenio pasado, ante los desvíos que llevaron a cabo sus subordinados en la Sedatu y la Sedesol por una suma de 5 mil 73 millones 358 mil 846 pesos.
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