Ciudad de México. La Secretaría de Gobernación (SG) publicó este mediodía el acuerdo firmado por la presidenta Claudia Sheinbaum y la secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez Velázquez, con el que “se reconoce políticamente que los actos de violencia gubernamental perpetrados el 2 de octubre de 1968, en contra de integrantes del Heroico Movimiento Estudiantil, fueron constitutivos de un crimen de lesa humanidad”.
Como lo adelantó por la mañana la mandataria, y luego de que Ernestina Godoy, consejera jurídica del Ejecutivo Federal dio a conocer el contenido del acuerdo durante la conferencia matutina presidencial, la SG publicó el documento en el que se establece que se instruye a la secretaria de Gobernación a que, en nombre y representación del Estado Mexicano, “se ofrezca una disculpa pública por esa grave atrocidad gubernamental a las víctimas, a sus familiares y a la sociedad mexicana en su conjunto”, lo cual hizo por la mañana Rodríguez Velázquez.
Entre los considerandos plasmados en el acuerdo, se indica que “la matanza perpetrada el 2 de octubre de 1968 en la Plaza de Tlatelolco fue fría y cruelmente concebida, ideada, ejecutada y encubierta al más alto nivel del Gobierno Federal, tal y como fue reconocido por el entonces Presidente de la República y comandante supremo de las fuerzas armadas, Gustavo Díaz Ordaz, durante la lectura de su quinto informe”.
Además, se agrega “que esa criminal acción tuvo como propósito reprimir y destruir a un grupo estudiantil que, amparado en las libertades democráticas de petición, expresión, reunión y manifestación pública, en apenas unos cuantos meses se erigió en una fuerza social capaz de poner en cuestión la estructura de poder vertical y autoritaria, acostumbrada al sometimiento de los movimientos sociales y de las organizaciones populares, a la represión de todo intento de organización política independiente y al encarcelamiento o asesinato de los líderes disidentes”. Tras subrayar nuevamente que “es claro que fue un auténtico crimen de lesa humanidad” ante el uso de las fuerzas del Estado contra un sector de la población, lo consideró como un acto que fue ajeno por completo a la soberanía popular; un crimen que “confirmó la plenitud de un régimen autoritario dispuesto a seguir manteniendo incólume un sistema de dominación” y hegemonía ideológica, política y social”, y el cual formó parte de una política represiva y contrainsurgente que el régimen autoritario implementó en las décadas de 1960 y 1980, de manera sistemática y violenta, contra disidencias políticas y sociales.
A pesar de una estrategia gubernamental con la que se buscó responsabilizar de esos hechos a los líderes estudiantiles, bajo el argumento de que eran parte de “una conspiración comunista de carácter internacional”, se destaca que “la verdad se impuso”, y ahora, Raúl Álvarez Garín, Félix Hernández Gamundi, Ana Ignacia «Nacha» Rodríguez Márquez, entre otros líderes históricos del movimiento estudiantil, lograron que se emitiera una sentencia emblemática que define que fueron crímenes internacionales de lesa humanidad.
Dentro del acuerdo también se plasma el compromiso del gobierno de Sheinbaum Pardo para garantizar la no repetición de esas “atrocidades”, así como de actos de represión, actos de privación ilegal de la libertad, uso de las fuerzas armadas contra la población, utilización de cárceles clandestinas, desapariciones forzadas, torturas u otros tratos crueles, inhumanos o degradantes, bajo la anuencia del Estado. Además, la presidente Sheinbaum Pardo subraya que, “en mi calidad de Comandanta Suprema de las Fuerzas Armadas asumo el compromiso solemne y giraré las correspondientes órdenes formales para que sus estructuras y elementos nunca más sean utilizados para atacar o reprimir al Pueblo de México, y de que se fortalezca la formación en derechos humanos y construcción de paz”.
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