Madrid, 09 de noviembre del 2023.- El Partido Socialista Obrero Español (PSOE) y Junts per Catalunya (JxCat) anunciaron en Bruselas, donde se desarrollaron las negociaciones, que habían alcanzado un pacto de investidura y de legislatura, en el que se incluyen varias exigencias históricas del nacionalismo catalán, como son la ley general de amnistía, el traspaso de todas las competencias y tributaciones en materia fiscal a la región y la celebración de un referendo de autodeterminación a lo largo de los próximos cuatro años.
Este pacto acerca aún más la relección del socialista Pedro Sánchez como presidente del gobierno, a la espera de que sellen un acuerdo con el Partido Nacionalista Vasco (PNV), el último eslabón necesario para sacar adelante la votación.
El ex presidente catalán Carles Puigdemont, quien reside en Bruselas desde octubre del 2017, cuando salió del país para no volver para evitar a los tribunales españoles, que hasta la fecha lo persiguen y tienen vigentes varias causas en su contra y una orden de detención internacional, se convirtió con este acuerdo en el gran triunfador de las negociaciones. Los resultados electorales del pasado 23 de julio, en los que el PSOE obtuvo el segundo lugar, por detrás del PP, lo que le obligó a abrir unas negociaciones complejas con todas las fuerzas parlamentarias con excepción del PP y de la extrema derecha de Vox.
El pacto con JxCat, el partido de la derecha nacionalista catalana, siempre se vio como el más complicado, pero finalmente se alcanzó un acuerdo en el que el PSOE asume las exigencias más importantes de Puigdemont y del resto de su formación política para los próximos cuatro años, además de que el PSOE se abrió a reconocer desde el gobierno que a lo largo de los últimos años se ha aplicado un “lawfare” contra el independentismo catalán desde los tribunales de justicia.
El texto del acuerdo, firmado por el número tres del PSOE, Santos Cerdán, y el líder de JxCat, Jordi Turull, explican que el “acuerdo es para abrir una nueva etapa y contribuir a resolver el conflicto histórico sobre el futuro político de Catalunya, incluso partiendo de posiciones divergentes, desarrollar una dinámica para su resolución en términos diferentes a los de la última legislatura y procurar la gobernabilidad” en los próximos cuatros años.
Tras hacer un relato sobre lo ocurrido en Cataluña desde el año 2010 hasta la fecha, el documento señala que “las profundas divergencias que han existido y que han dado lugar a un conflicto que solo la política en democracia puede encauzar para buscar una solución, dado que, seis años después, la cuestión de fondo sigue sin resolverse. Y, a pesar de las discrepancias estructurales que existen dada la distancia entre nuestros proyectos nacionales, estamos preparados para abrir una nueva etapa en la que, a partir del respeto y el reconocimiento del otro, se busque una solución política y negociada al conflicto”.
Entre los acuerdos más importantes destaca la de contar con una especie de “relator” u “observador internacional” que velará por el cumplimiento de lo acordado en este documento y “que tenga las funciones de acompañar, verificar y realizar seguimiento de todo el proceso de negociación y de los acuerdos entre ambas formaciones a los que se llegue”, según explican en el acuerdo.
Los dos principales objetivos de cara a los próximos cuatro años del nacionalismo catalán es la que asumir todas las competencias fiscales, con lo que obtendrían así una de las aspiraciones más añejas del separatismo, que es que todo lo que se recaude en material fiscal en Cataluña se quede en Cataluña y no se redistribuya en otras regiones del país, como ocurría hasta ahora. De ahí que también exigen el pago de la deuda histórica del Estado español con la región, que según sus cálculos asciende a 450 mil millones de euros.
Además, el acuerdo contempla que “en la primera reunión de negociación a celebrar este mes de noviembre, se planteará, entre otras cuestiones y de forma no exhaustiva:
En cuanto al ámbito del reconocimiento nacional, Junts propondrá la celebración de un referéndum de autodeterminación sobre el futuro político de Catalunya amparado en el artículo 92 de la Constitución. Por su parte, el PSOE defenderá el amplio desarrollo, a través de los mecanismos jurídicos oportunos, del Estatut de 2006, así como el pleno despliegue y el respeto a las instituciones del autogobierno y a la sin- gularidad institucional, cultural y lingüística de Catalunya”.
En cuanto a la amnistía, el pacto aspira a que “la ley debe incluir tanto a los responsables como a los ciudadanos que, antes y después de la consulta de 2014 y del referéndum de 2017, han sido objeto de decisiones o procesos judiciales vinculados a estos eventos. En este sentido, las conclusiones de las comisiones de investigación que se constituirán en la próxima legislatura se tendrán en cuenta en la aplicación de la ley de amnistía en la medida que pudieran derivarse situaciones comprendidas en el concepto lawfare o judicialización de la política, con las consecuencias que, en su caso, puedan dar lugar a acciones de responsabilidad o modificaciones legislativas”.
Con información de: https://www.jornada.com.mx/
