11 de enero de 2016.- Con el gusto de seguir compartiendo en este espacio ciudadano consideraciones que nos aproximen a nuestra realidad político-social, les deseo los mayores parabienes en este 2016.
Este año da marco a las actividades del proceso electoral para la renovación de los Poderes Ejecutivo y Legislativo del Estado, así como de los Ayuntamientos de los 84 municipios.
El reto del proceso electoral 2016, es lograr que partidos y candidatos respondan a la concreción de la voluntad ciudadana, conduciendo un proceso para la toma de decisiones de las causas sociales y renovando sus estructuras operativas y programáticas, para ciudadanizar el ejercicio político y articular las oportunidades que demanda el tejido social.
La dimensión social de este proceso electoral, no puede pasar inadvertida. Constituye la oportunidad para generar condiciones de calidad democrática y funcionalidad institucional. La tarea de fondo estriba en recuperar la confianza de la ciudadanía en el ejercicio de gobierno y en las instituciones del sistema político, particularmente en los partidos y sus candidatos.
El fortalecimiento de nuestro desarrollo democrático, implica recuperar el activismo ciudadano y ampliar las formas de acceso de la sociedad a la información política. Su déficit, incide en bajos niveles de participación ciudadana, en una precaria horizontalidad de la toma de decisiones del quehacer público, así como en la carencia de corresponsabilidad. Esto configura el signo inequívoco del aislacionismo del tejido social de las estructuras institucionales del poder del Estado.
Esto demanda de partidos y candidatos, asumir el compromiso irrestricto de una función programática, es decir, exigir que los programas de acción política pongan en marcha una planeación prospectiva del espacio gubernamental.
La democracia no puede ser un hallazgo ni mucho menos un vestigio de prácticas anquilosadas o estructuras vetustas. Es necesario garantizar que la ciudadanía, al término del proceso electoral, no quede en el olvido, al margen o excluida, ni mucho menos, sea comparsa de un proceso incapaz de concretar resultados en el ejercicio de gobierno. Debe destacar como el verdadero eslabón orgánico de esta contienda política.
El sistema político y de gobierno, es un régimen en constante evolución, demanda vigorizar las estructuras institucionales, impone fortalecer al Estado desde sus raíces, desde la corresponsabilidad en la toma de decisiones y desde la articulación operativa entre sociedad política y sociedad civil. “Toda organización política opera dentro de un marco de referencia compuesto por fuerzas en constante evolución”, admite Ignacio Arbesú en la obra “Las decisiones políticas: de la planeación a la acción”.
Es precisamente por eso, que el componente de confianza y corresponsabilidad ciudadana en las estructuras gubernamentales y políticas, debe atender la dialéctica de los procesos del orden sistémico. Ninguna fuerza política puede desenvolverse o manejarse de manera aislada ya que el componente de cohesión que le da sentido y significado al poder público, es siempre la ciudadanía.
Esto advierte, que la toma de decisiones, en la integración de los órganos del poder público, no puede estar escindida de la corresponsabilidad ciudadana. La fortaleza del desenvolvimiento institucional, depende del grado de correlación entre ciudadanía y actores políticos, por ser fuente indivisible del poder del Estado. No atender esta prescripción, ha erosionado confianza y credibilidad, como aristas sustantivas de la democracia en el ejercicio de gobierno.
Aunado a ello, este proceso electoral no puede obviar la crisis de representatividad. Debe asegurar significativamente la calidad de la democracia y la satisfacción de la ciudadanía. Ello implica desarrollar y concretar programas y plataformas electorales, que aseguren que las acciones públicas logren beneficiar al tejido social.
Armonizar el proceso de toma de decisiones en la concreción de resultados institucionales, implica volver al ovillo de la corresponsabilidad política, lo cual exige un grado explícito de control ciudadano en la toma de decisiones.
En este contexto, una variable fundamental la constituye la transparencia del proceso electoral. La transparencia no significa exclusivamente hacer visible el tránsito abierto de la contienda, sino garantizar que sea un proceso de oportunidad ciudadana para encauzar al Estado. En ello radica gran parte de la aprobación del tejido social hacia las acciones institucionales.
La atomización o divorcio de partidos políticos y candidatos de la ciudadanía, cercena toda posibilidad de arraigo social hacia las instituciones y, lo que es peor, decapita la legitimidad del proceso mismo, constituyendo el primer despropósito para ser expresión de la voluntad ciudadana.
El análisis de estas complejas variables expuestas, no estaría completo sin el componente de probidad pública. Así como es necesario advertir la transparencia del proceso electoral, no es cosa menor el sentido de probidad tanto de las organizaciones partidistas como de sus candidatos, porque están obligados, a responder de los alcances pasados y futuros de sus ejercicios, trayectorias y desempeños públicos.
En la suma expresa de esta previsión, garantizar la probidad de los actores políticos, no sólo evita especulaciones e improvisaciones, sino que afianza la certidumbre y confianza de la respuesta ciudadana hacia el voto programático, y evita experiencias erróneas, como la de candidatos que pudieran tener un pasado oscuro e incluso con nexos tácitos o expresos hacia actividades o grupos delictivos.
El sistema político no puede equivocar el camino. El proceso electoral constituye sin duda la variable política que genera la confianza en la institucionalidad democrática. No se puede seguir concibiendo al ciudadano como un párvulo político. Vivimos en una sociedad madura que exige respuestas, que no puede ser teledirigida; que requiere hacer del trabajo conjunto con la clase política, el bastión que le hace falta al país para librar la batalla de su emancipación social, la ciudadanización del poder del Estado.
Agenda
- Con la recaptura de Joaquín Guzmán Loera, se avanza en el fortalecimiento del Estado de Derecho, para brindar a los ciudadanos una atmósfera de seguridad y obtener el reconocimiento de la comunidad internacional.
- En reunión con embajadores y cónsules, el Presidente Peña Nieto, trazó la ruta a seguir durante la segunda mitad de su administración de acuerdo a las cinco metas nacionales del PND. Destacó que la nueva Secretaría de Cultura, deberá democratizar el acceso a la cultura y que en esta era del conocimiento, se tienen que dedicar recursos a la ciencia y tecnología para ser un país mucho más competitivo y productivo, que depare bienestar a su población.
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