México, DF., 01 de abril 2015.
El secretario de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, Jesús Murillo Karam, indicó que al Tribunal Superior Agrario le corresponde impartir justicia en materia de propiedad social, como un instrumento para el desarrollo más equitativo e igualitario de este importante sector del país.
Al acudir con la representación presidencial al Informe de Labores 2014 del magistrado presidente del Tribunal, Luis Ángel López Escutia, el funcionario indicó que si bien hoy la mayoría de los mexicanos no viven en las zonas rurales, los que sí las habitan son quienes peor viven.
Por ello, agregó, es que el Gobierno de la República trabaja para construir un mejor futuro y está empeñado en eliminar la corrupción y las simulaciones en beneficio de los núcleos agrarios y de la sociedad en su conjunto.
El titular de la SEDATU explicó que el derecho agrario mexicano no es solo para fijar y regular las conductas en este ámbito, sino también es aspiracional, dado que creó esperanzas, obligaciones y metas a futuro. Y hoy ustedes tienen la tarea de que esas aspiraciones y esperanzas tengan un resultado final: se conviertan en realidades para los habitantes del medio rural.
Ante magistrados y representantes de organizaciones sociales recordó que el sistema agrario mexicano es único en el mundo, ya que con la inclusión de los derechos agrarios y lo relativo a la justicia agraria, en el artículo 27 de la Carta Magna de 1917, México generó la primera inclusión de derechos sociales en las constituciones.
Se introduce un concepto fundamental, distinto al del derecho personalísimo para entender que también hay derechos de las comunidades, de los conjuntos sociales, derechos que tienen que ver tanto con la justicia como con la propia individualidad, dijo.
Recordó que en México se hizo un trabajo muy intenso para repartir la mitad del territorio nacional para dárselo a la propiedad social, no solo por la justicia de la propiedad sino por lo que significa como instrumento para un desarrollo más justo, más equitativo, más igualitario, eso es lo que a ustedes les toca”.
Al rendir su informe de labores 2014, el magistrado presidente señaló que los dos primeros años de la actual administración federal, se caracterizaron por una intensa actividad legislativa, que dio como resultado importantes reformas constitucionales; cuya implementación y puesta en práctica, no solo modificarán la base social y económica de la sociedad mexicana, sino generarán las condiciones idóneas para promover cambios que mejoren la impartición de justicia, en particular, la justicia agraria.
Los cambios que se vislumbran sobre la vocación histórica de las tierras ejidales y comunales, en las leyes que se desprenden de la Reforma Energética, anuncian sin duda una nueva ruralidad. Transformación que debe verse bajo una perspectiva global del desarrollo económico y social y dentro del marco legal de una legislación agraria sustentable de amplio espectro, dijo.
Ésta, enfatizó el Magistrado, es una alternativa que se abre a los Tribunales Agrarios, determinada por la necesidad de adecuar el marco jurídico agrario a los cambios constitucionales, en la que se buscaría extender y fortalecer la jurisdicción y competencia de estos órganos, en temas que modificarán seguramente el aprovechamiento y la tenencia de la tierra, derivado y como consecuencia de la contaminación del medio ambiente rural, el deterioro de los bosques, manglares y aguas, causados por la explotación de minas o yacimientos petrolíferos en zonas ejidales y comunales.
López Escutia dijo que esta oportunidad que ofrecen las nuevas reformas constitucionales, también se convierten en un reto; de ahí la necesidad de mirar hacia adentro, de acuerdo con las exigencias del presente.
En el evento estuvieron presentes los titulares de la Procuraduría Agraria, Cruz López Aguilar; de la Comisión para la Regularización de la Tenencia de la Tierra (CORETT), Jesús Alcántara Núñez; el Magistrado Presidente de la Junta de Conciliación y Arbitraje, Jorge Zorrilla Ramírez; el senador Braulio Fernández Aguirre, representantes de la Secretaría de Gobernación y líderes de organizaciones campesinas.
