Primera Comisión avaló dictamen de idoneidad sobre 25 perfiles a magistraturas vacantes en Salas Regionales del TFJA

Ciudad de México, 22 de julio de 2024.- La Primera Comisión de la Permanente: Gobernación, Puntos Constitucionales y Justicia, aprobó con 11 a favor, cero en contra y dos abstenciones el dictamen con punto de acuerdo sobre la idoneidad para la ratificación de 25 personas designadas por el Ejecutivo Federal para ocupar las magistraturas vacantes de Salas Regionales del Tribunal Federal de Justicia Administrativa (TFJA), por un periodo de 10 años, que se computarán a partir del 1 de agosto de 2024.

Ello, en virtud de que las personas designadas cumplen con los requisitos constitucionales y legales exigidos, es decir son personas ciudadanas mexicanas por nacimiento, tienen pleno goce y ejercicio de sus derechos civiles y políticos, son mayores de 35 años, cuentan con buena reputación y se han distinguido por su honorabilidad, competencia y excelencia profesional en el ejercicio de la actividad jurídica; además, son licenciados y licenciadas en derecho con título registrado, expedido cuando menos 10 años antes del nombramiento, y cuentan como mínimo con ocho años de experiencia.

Al reanudar la reunión declarada en permanente desde el pasado 8 de julio, su presidente, senador Navor Alberto Rojas Mancera (Morena), explicó que la Primera Comisión se ha pronunciado en sentido favorable sobre 25 perfiles e informó que se recibieron oficios signados por otros tres perfiles, a través de los cuales informaban su deseo de declinar a este proceso de ratificación.

Recordó que del Ejecutivo Federal se recibieron 28 propuestas, pero tres de ellos, “que ciertamente no tenían el perfil o poseían algunas situaciones que no cabían en la idoneidad, desistieron”. Ante ello, abundó, “nosotros lo que estamos haciendo es aclarar la idoneidad de 25 para que sean nombrados en las distintas Salas Regionales” del TFJA.

Relató que en el proceso de dictaminación de la idoneidad de los nombramientos enviado por el titular del Ejecutivo Federal, se atendieron debidamente los posicionamientos de todas y todos los legisladores, con el objetivo de garantizar el diálogo y el consenso como principios fundamentales de la actividad parlamentaria.

Perfil idóneo para ser magistradas y magistrados

Vía zoom, el diputado Ángel Benjamín Montoya (PT) afirmó que las personas designadas por el Ejecutivo Federal que comparecieron ante la Primera Comisión demostraron tener los conocimientos y el perfil idóneos para ocupar el cargo de magistradas y magistrados.

Resaltó que cumplen con los requisitos legales y no se advierten causales de impedimento para ocupar el cargo. “En el Partido del Trabajo respaldaremos este dictamen tanto en esta reunión de la Primera Comisión como en el Pleno de la Comisión Permanente”.

Listado de personas designadas

Las personas designadas son: Alejandra Martínez Martínez, Alejandro Paul Hernández Naranjo, Ana María Reyna Ángel, Beatriz Salgado Hernández, Berenice Martínez Mejía, Bricio Fernando Nava Aguilar, Claudia Elizabeth Cruz Martínez, Diana Berenice Hernández Vera, Federico Escutia Kobe, Graciela Vázquez Arellano, Guillermo Gabino Vázquez Robles, Juan José de la Garza Báez y Lawrence Salomé Flores Ayvar.

También, Lidia Margarita Roblero Hernández, Luisa Andrea López Ramírez, Manuel Eduardo Mendoza Jiménez, Marco Antonio Escobar Cuapio, María Gabriela Olguín Arellano, María Juana López Briones, María Orley Ortiz Ley, Rodolfo Martínez Dagnino, Rosalía Álvarez Salazar, Samuel Mithzael Chávez Marroquín, Susana Mercado Alvarado y César Octavio Irigoyen Urdapilleta.

En tanto, la ciudadana Jazmín Aquino Cruz y los ciudadanos Pedro Zavala Pérez y Miguel Ángel Chico Herrera declinaron participar en el procedimiento de ratificación, por lo cual la Comisión dictaminadora evita pronunciarse respecto a su idoneidad para ocupar el cargo.

El TFJA es el órgano jurisdiccional con plena autonomía, encargado de la impartición de justicia administrativa a nivel federal y tiene por objetivo dirimir las controversias que se susciten entre la administración pública y los particulares; en tal sentido, sus resoluciones deben apegarse a los principios de legalidad, máxima publicidad, respeto a los derechos humanos, verdad material, razonabilidad, proporcionalidad, presunción de inocencia, tipicidad y debido proceso.