- Hay sólidos indicadores de que la agresión contra autoridades públicas está asociada a ciclos electorales
BRUSELAS, Bélgica., 30 de junio del 2023.- La organización Armed Conflict Location & Event Data Project (ACLED) anticipa una escalada de la violencia contra autoridades locales de gobierno y funcionarios de la administración pública en México con motivo de la carrera electoral rumbo a 2024.
El centro de análisis de datos, cuya actividad cuenta con el financiamiento de instancias como el Ministerio de Exteriores de Holanda, sostiene en una investigación que hay sólidos indicadores de que la violencia contra autoridades públicas está asociada a ciclos electorales.
Indica que algunos de los niveles más altos de violencia se registraron en 2018, durante las elecciones generales de México, y en 2021, en las elecciones federales, estatales y municipales.
Desde 2018, ACLED contabiliza el asesinato de más de 200 exfuncionarios electos a nivel regional y local.
“Los motivos de los perpetradores siguen siendo desconocidos en la mayoría de los casos, en medio de una alta tasa de impunidad. A falta de responsabilidad oficial, la violencia suele etiquetarse como obra de grupos de delincuencia organizada”.
Las alarmas están encendidas rumbo a la próxima disputa de cargos públicos, incluyendo la Presidencia de la República. El panorama ya es preocupante: entre enero y mayo de 2023, ACLED suma más de 100 hechos violentos, lo que supone un aumento de 32% en comparación con los niveles registrados durante el mismo periodo de 2022.
“Es probable que las próximas elecciones generales, previstas para junio de 2024, exacerben las tensiones y aumenten los riesgos de violencia”, indica el análisis. Sostiene que los funcionarios y candidatos locales están especialmente en riesgo, y la competencia por asegurarse un escaño electoral podría agravar aún más estas amenazas.
Indica que las reformas al Instituto Nacional Electoral podrían crear un terreno fértil para el descontento y los conflictos electorales en torno a los resultados de la votación en turno.
En particular, la reforma de febrero de 2023 establece disposiciones para recortes presupuestarios y de personal, lo que conllevará a una reducción de la capacidad de supervisión y arbitraje.
Con información de: https://pulsoslp.com.mx/
