Mexicali, BC., 02 de enero del 2025.- En los valles de Baja California, principalmente Mexicali y San Quintín, prevalecen prácticas laborales ilegales, sobre todo en perjuicio de jornaleros agrícolas que llegan del sur del país, por las condiciones de sus contratos temporales y la modalidad saliendo y pagando, que cubre sus salarios sin incluir prestaciones sociales. Esta especie de outsourcing está prohibida, porque implica subcontratación temporal de mano de obra. Estas acciones por lo regular no son detectadas por los inspectores de Trabajo y Previsión Social, que sólo revisan documentos como contratos, nóminas y registros del Instituto Mexicano de Seguro Social (IMSS) y del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (Infonavit). Incluso, es común que los patrones escondan a los trabajadores cuando llegan los supervisores, expuso el titular de la Secretaría del Trabajo en Baja California, Alejandro Arregui.
Esta irregularidad representa un problema circular, porque el mecanismo se centra en acuerdos de palabra y pago en efectivo que incluye a enganchadores, mayordomos de campos agrícolas, rancheros y jornaleros. Al no existir un registro oficial ni nóminas, se estima que al menos un tercio de los 10 mil jornaleros que laboran en campos del valle de Mexicali carecen de Seguro Social y atención médica, Infonavit, aguinaldo y pago de utilidades, pues los patrones dicen pagar salario compactado o integrado. En los contratos temporales de grupos de jornaleros que migran del sur hacia el noroccidente de México, que siguen una ruta que pasa por Sinaloa, Sonora y Baja California, la cual en ocasiones se extiende a Estados Unidos, este salario se compone, según los rancheros, de pago semanal de jornada, vacaciones, Seguro Social y hasta utilidades. En San Quintín ha disminuido la contratación de jornaleros agrícolas migrantes por una tendencia a asentarse en ese valle, en el sur de la entidad, desde hace dos generaciones.
En los campos de Mexicali y de San Quintín subsiste la modalidad saliendo y pagando, que consiste en el pago diario al jornalero por parte del ranchero y un porcentaje al enganchador, una especie de comisión por cada trabajador y la aportación por el traslado. Se transporta a los trabajadores de madrugada en autobuses destartalados a los campos agrícolas, para contratos por día, a destajo o por jornada, según las necesidades de siembra y cosecha. Cuando concluyen sus actividades, los jornaleros hacen filas para salir de los ranchos y recibir su sueldo en efectivo. El agro de Baja California ocupa el primer lugar en producción de cebollín, dátil y espárrago; segundo en aceituna, algodón y fresa, y tercero en uva y trigo. En San Quintín, 80 por ciento de la producción es para exportación, lo que en Mexicali, capital del estado, alcanza apenas 50 por ciento. Casi la totalidad de ranchos que producen para exportación lo hacen para el mercado estadunidense, y son los que prácticamente cumplen con las condiciones laborales de la legislación mexicana, ya que requieren certificaciones de sus empleados, por ser una exigencia de sus clientes allende la frontera para la comercialización de productos
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