Ciudad de México, 28 de febrero de 2022. El gobernador de Hidalgo acudió al Palacio Legislativo de San Lázaro al cierre de los foros de la Reforma Constitucional en materia energética, por invitación de la presidencia de la Junta de Coordinación Política de la Cámara de Diputados.
El también presidente de la Conferencia Nacional de Gobernadores (Conago), agradeció a la LXV Legislatura, considerar la participación de las entidades federativas en la planificación del sistema eléctrico nacional, en estos foros para debatir la propuesta de elevar a rango constitucional el derecho humano de acceso a la energía eléctrica tema que expuso el jefe del Ejecutivo estatal el pasado 17 de enero en la inauguración de este parlamento abierto.
La propuesta para elevar a rango constitucional el derecho humano al acceso a la energía eléctrica, responde a un contexto histórico de derechos humanos, los cuales están vinculados al desarrollo de las personas en las sociedades contemporáneas.
Desde la perspectiva de los derechos humanos, no contar con energía eléctrica, impide disfrutar de otros derechos como la alimentación, la salud, la educación, las telecomunicaciones o la seguridad.
Bajo una figura de convencionalidad, existen tratados internacionales, pactos, declaraciones, entre otros, en los que se establece la necesidad de reconocer el acceso a la electricidad como un derecho humano.
Tanto en la Declaración Universal de los Derechos Humanos de 1948 como en el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de 1966 se establece que:
“Los Estados Partes reconocen el derecho de toda persona a un nivel de vida adecuado para sí y su familia, incluso alimentación, vestido y vivienda adecuados, y a una mejora continua de las condiciones de existencia”. Ambos tratados son obligatorios para México desde 1981.
En 2015, la ONU aprobó la Agenda 2030, donde se establece como uno de sus objetivos, “garantizar el acceso a una energía asequible, fiable, sostenible y moderna para todas y todos”.
A pesar de que la Constitución Política, establece que “en los Estados Unidos Mexicanos, todas las personas gozarán de los derechos humanos reconocidos en esta Constitución y en los tratados internacionales”; el acceso a la electricidad como un derecho humano no está considerado aún en la legislación federal vigente.
