El 11 de julio se celebró el Día Internacional de la Población auspiciado por el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD).
Este año está dedicado a trabajar en materia de equidad, igualdad de género y empoderamiento de mujeres y niñas adolescentes, en el marco de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible; así como, a reconocer, prevenir y evitar diversos riesgos que se enfrentan como: matrimonio forzado, mutilación genital, violencia en el noviazgo, embarazo precoz, enfermedades de transmisión sexual, y violencia sexual, entre otros.
La ONU advierte que en un mundo que registró en 2011 la cantidad de 7,000 millones de habitantes; la pobreza, la desigualdad y la violación de los derechos humanos, se afianzan como factores innegables del deterioro de la calidad y oportunidades de vida de la población.
De acuerdo a la UNICEF, hay 1,800 millones de jóvenes, de los cuales 1,200 millones tienen entre 10 y 19 años de edad. En Hidalgo en el año 2015, había 703,763 jóvenes entre 15 y 29 años de edad. Este grupo de población, que es potencialmente vulnerable, suele desempeñar trabajos a temprana edad y asumir roles que no le corresponden, como ser el sostén económico de sus familias.
El Secretario General de Naciones Unidas, Ban Ki-moon, en su mensaje del Día Internacional de la Población, ha señalado en torno a las niñas adolescentes, que “…mientras las opciones y las oportunidades de los niños tienden a aumentar cuando llegan a la adolescencia, las de las niñas se reducen… La mitad de las agresiones sexuales en todo el mundo se cometen contra niñas de 15 años o menos. En los países en desarrollo, una de cada tres menores contrae matrimonio antes de cumplir los 18 años. Además, en comparación con los adolescentes, las adolescentes tienen menos probabilidades de comenzar o acabar la escuela secundaria…”
Este escenario lapidario no nos es ajeno. En México persisten los estragos de la desigualdad y la pobreza, cuyas cifras nos revelan el perfil y dramatismo que encierra la pauperización del tejido social y el decrecimiento de oportunidades para hombres, mujeres, niños, adolescentes y ancianos.
Este contexto exige que las administraciones gubernamentales que próximamente darán inicio a su gestión, valoren si sus estructuras orgánicas, programáticas y financieras, permitirán resolver los problemas que enfrentan los distintos sectores de la población.
En esta tarea, deben impulsar nuevas directrices y estrategias que enfaticen el fortalecimiento de la organización de estructuras institucionales, comunitarias y vecinales para vertebrar la cooperación y participación ciudadana en el quehacer público, mediante la elaboración de autodiagnósticos y programas comunitarios con presupuestos participativos.
Estas nuevas prácticas, exigen la transversalidad de los derechos humanos para generar condiciones de oportunidad e inserción plena de las personas, y afianzar el desarrollo de estructuras solidarias de comunión e integración social.
Los gobiernos no deben confundirse ni perder la brújula del desarrollo.
No pueden caer en el reduccionismo de hacer de los sujetos sociales, números transferidos a indicadores.
Es necesario humanizar la gestión gubernamental más allá del afán de concreción de la obra pública.
Es la hora de trazar un horizonte en la visión de construir un Estado para todos; donde ser anciano, adolescente, desempleado, adicto o “NINI”, no constituya un destino manifiesto producto de una miopía política cortoplacista.
El ejercicio público y sus criterios de acción deben ciudadanizarse y correlacionar sus impactos sociales con cifras que amplíen la comprensión de la diversidad humana, como requisito indispensable para el equilibrio y la gobernabilidad institucional.
Las administraciones estatales y locales, deben reestructurar sus capacidades y entronizar sus esfuerzos con el gobierno federal, para garantizar, además de la provisión de un piso mínimo de asistencia social, la construcción de una Agenda Ciudadana cuyos itinerarios políticos conciten la prospectiva de una nueva gestión pública.
La legitimidad, credibilidad y gobernabilidad, son efectos consustanciales a un ejercicio gubernamental abierto, público y en público, capaz de propiciar equidad y oportunidades a la sociedad, y no constituir una historia fallida de distanciamiento y abandono político de la ciudadanía.
En este sentido, los nuevos gobiernos deben cuestionarse, ¿por qué la sociedad no está satisfecha y su percepción denota un desencuentro con la política y los políticos?
Deben reflexionar, apreciar y entender que la sociedad se siente amenazada ante la fragilidad de planes, programas e insuficientes resultados del ejercicio de gobierno, porque cercenan sus esperanzas y truncan sus proyectos de vida.
La política y los políticos deben dignificar el quehacer humano. No pueden permitir la radicalización del tejido social. No puede sacrificarse a la sociedad desde la demagogia, el populismo, la inconcreción o el gatopardismo, porque se generan antagonismos que trasgreden la naturaleza del ejercicio público y lo convierten en un callejón sin salida.
Las nuevas administraciones deben revertir las lógicas que han primado en la liturgia política.
El quehacer público no puede acotar ni controlar la participación ciudadana, porque diluye el sentido democrático con el que se debe empoderar a la población, y se aborta la legitimidad del proceso administrativo.
Los nuevos mandatarios deben generar sus programas y acciones, en un proceso de planeación democrática integral, donde la participación de los distintos sectores de la sociedad, propicie mayores oportunidades de interlocución en la construcción de la realidad cotidiana del ejercicio gubernamental.
México cuenta con una población madura que espera que el gobierno brinde las oportunidades de desarrollo humano a todos por igual; trace un porvenir en el que impere la vinculación corresponsable de la ciudadanía como conquista social; y construya una relación de cooperación solidaria en el quehacer público, que lo distinga como un orden sociopolítico que dignifica a la sociedad.
Agenda
- La PGR presentó ante la SCJN Acciones de Inconstitucionalidad, en contra de los gobiernos de Veracruz, Quintana Roo y Chihuahua por la violación de los principios del Sistema Nacional Anticorrupción.
- El nuevo Presidente del CEN del PRI, Enrique Ochoa Reza, hizo pronunciamientos en el sentido de no tolerar actos de corrupción de representantes del partido, afianzar la transparencia y la rendición de cuentas y estar cerca de la militancia.
- Hoy conmemoramos el 144 aniversario luctuoso de Don Benito Juárez García, estadista que restauró y consolidó la República en tiempos de extrema convulsión política y social que amenazaban a la Nación.
- Condenamos el terrible atentado terrorista en Niza, Francia y expresamos nuestra solidaridad a las víctimas y al pueblo francés.
- En el marco de los festejos del Día del Abogado, el Gobernador Francisco Olvera, entregó la Presea “ Alfonso Cravioto Mejorada” al Maestro Lucas González López. ¡Felicidades!
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