Bogotá, 23 de septiembre del 2019 – La procuradora delegada Mónica Cifuentes solicitó este lunes a las extintas Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), en la audiencia de secuestro contra los exjefes de la guerrilla Rodrigo Londoño y Pastor Álape, dar respuesta a 522 casos de personas muertas en cautiverio, secuestros o desapariciones.
Ante la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), el partido FARC entregó este lunes, en tres cuadernos impresos y tres discos compactos (CD) su primera versión colectiva sobre los hechos relacionados con retenciones ilegales en el marco del conflicto armado, conocidos como secuestros.
En estos documentos debían responder a un temario. “Se espera una descripción detallada de cómo se adoptó dentro de la guerrilla la decisión de retener civiles, cuál era su finalidad, a qué tipos de personas se secuestró y en qué regiones; cuáles fueron las órdenes respecto al trato, cuál fue el total de la financiación que recibieron por los secuestros y cuál es el paradero de las personas.
En la audiencia, Cifuentes dio a conocer que esa entidad ha venido cruzando bases de datos y ha consolidado la cifra de 522 personas que fueron secuestradas y murieron en cautiverio. Además, solicitó a la sala de la JEP que recibiera ese informe para que los comparecientes aporten la ubicación de esas personas.
Ante la Sala de Reconocimiento de Verdad de la JEP, Londoño, presentó el informe construido hasta ahora por la organización.»No queremos justificar ninguna conducta que resultó violatoria del Derecho Internacional Humanitario, sino dar a conocer de propia voz las razones objetivas que nos llevaron a colombianos y colombianas a construir lo que fueron las Farc-EP», dijo.
Mencionó que las “leyes” 002 y 003 «fueron disposiciones que dieron forma a la política de retenciones», y que su objetivo era «minimizar las retenciones realizadas por la guerrilla», pero que bajo la dinámica de la guerra y su condición como ejército irregular nos impidió, muchas veces, poder controlar que estas normas se cumplieran por todos los nuestros a cabalidad.
Resaltó que no todos los casos de retenciones fueron violaciones al derecho internacional humanitario. Sin embargo, el informe explica cómo decidieron secuestrar a personas para lograr canjes humanitarios. “Nos encontrábamos en situación de desventaja militar por el creciente número de guerrilleros detenidos por parte del Ejército y la Policía colombiana. Por eso, dijo, secuestraron a figuras políticas.
Sobre los secuestros extorsivos, aseguró que el informe detalla que estos buscaban ser “la excepción y no la regla”. Londoño agregó que en el documento no se especifica información sobre casos individuales, porque “para dar respuesta íntegra a las demandas de verdad, es necesario acercarse a los lugares en donde se dieron los hechos para poder entregar un relato lo más detallado y exhaustivo posible”.
Nos haremos cargo de responder por el papel que jugamos en esta larga confrontación, contando a esta Jurisdicción todos los hechos más graves y representativos ocurridos, agregó Londoño, de acuerdo con la prensa colombiana.
Pastor Álape señaló por su parte, que su comparecencia es un espacio de reconciliación para el país y aseguró que están haciendo, como organización, todos los esfuerzos para que ningún excombatiente en reincorporación considere dejar el proceso. Aunque no hizo mención explícita, su intervención respondió a las dudas por la ausencia de «Iván Márquez», «El Paisa», «Jesús Santrich» y «Romaña».
Rodrigo Londoño, actual dirigente del partido político de las FARC, y Pastor Alape, declararon antes de la entrega de los informes que su presencia ante la JEP es un compromiso con la verdad y reparación hacia las víctimas y la construcción de paz en Colombia.
“Reconocemos la existencia de retenciones ilegales llevadas a cabo por nuestra organización y asumimos nuestra responsabilidad. Este es un primer aporte colectivo”, aseguró Rodrigo Londoño, quien pidió perdón a las víctimas, en nombre de la organización.
Según la magistrada Juliets Lemaitre, la tarea de la Sala desde ahora será revisar estos informes y contrastarlos con las versiones voluntarias individuales, los documentos de la Fiscalía y aportes de las víctimas y organizaciones de derechos humanos. “Si hay contradicciones haremos una ampliación de las versiones y pediremos pruebas”, añadió.
Los excomandantes de las FARC manifestaron que ya vienen haciendo un trabajo para la ubicación e identificación de víctimas civiles, excombatientes, militares, y paramilitares que murieron en combates o después de un secuestro.
Para eso crearon la Comisión Nacional de Búsqueda de Desaparecidos, que a la fecha ha entregado información sobre 354 casos a la Unidad de Búsqueda de Personas dadas por Desaparecidas (UBPD) y al Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR).
Con información de: http://www.notimex.gob.mx/
