Ciudad de México, 23 de febrero de 2020.- En su último año de gestión, la Presidencia de Enrique Peña Nieto registró irregularidades millonarias por falta de documentación para comprobar gastos, montos pagados fuera de norma al Estado Mayor, aviones y helicópteros que nadie utilizaba, y erogaciones a presuntos aviadores que cobraban hasta en dos nóminas del Gobierno.
El caso más cuantioso involucra 27 millones de pesos que fueron pagados por diversos contratos suscritos en el último año del sexenio priista.
Según el reporte, no existen facturas que comprueben el ejercicio del dinero ni evidencia de que fueron recibidos los bienes y servicios contratados como vestuario, alimentos, mantenimiento preventivo y correctivo de aeronaves, soporte técnico y gastos aduanales, entre otros.
Por otro lado, el órgano fiscalizador encontró «diferencias» por cerca de 5 millones de pesos en el pago de «Servicios Personales», que podrían representar un daño patrimonial.
El documento detalla que no se entregó documentación que compruebe la aplicación del dinero ejercido en remuneraciones a personal eventual, prima quinquenal por años de servicios efectivos prestados, primas de vacaciones y dominical, asignaciones adicionales al sueldo y otras prestaciones.
A ello se suman más de un millón de pesos de gastos sin comprobar en tarjetas y vales de gasolina, así como 783 mil pesos de combustible que fue cargado a nueve vehículos que ni siquiera estaban al Presidencia o de alguna dependencia gubernamental.
«Se observó que nueve de los vehículos a los que les fueron suministrados 52 mil 130 litros de combustible, equivalentes a 783.5 miles de pesos, no se encontraron registrados en el inventario de bienes de la Presidencia de la República.
La ASF informó que Presidencia tampoco presentó evidencias de horario de trabajo, funciones o actividades de 115 personas, contratadas como eventuales y honorarios, a las que pagó más de 56.2 millones de pesos ese año.
El reporte detalla que, de ese total, 39 eventuales estuvieron contratados, al mismo tiempo, por otras dependencias y entidades públicas, sin que se conozca la «compatibilidad de empleos».
«De las citadas 115 personas no se pudo acreditar su horario de labores ni tampoco algún reporte que evidenciara las funciones y actividades para los que fueron contratados por la Presidencia y por las que recibieron las remuneraciones. Se puede concluir que, en general, no existe evidencia documental de que las 115 personas señaladas prestaron realmente sus servicios en la Presidencia de la República».
En la auditoría se identificó que un Director de Área, con una plaza eventual, realizó depósitos por más de 631 mil pesos a cuatro personas con puestos de Director General Adjunto, subdirector de área, enlace y operativo.
En todos los casos, el personal estaba adscrito a la Coordinación de Comunicación Social y Vocería del Gobierno de la República.
El órgano fiscalizador también detectó pagos por 127.74 millones de pesos a personal del Estado Mayor Presidencial que se realizaron con base en una normativa que no está vigente y que no se vincula con los conceptos por los que se realizaron los pagos.
