Managua, 23 de mayo del 2018.- El gobierno y representantes de la sociedad nicaragüense inician este miércoles la cuarta ronda del diálogo nacional, previo al cual los obispos católicos confirmaron denuncias de muerte y acoso en su contra.
A la sesión de este miércoles que sigue en el seminario Nuestra Señora de Fátima, se sumarán Gonzalo Koncke y Luis Ángel Rosadilla, enviados de la Organización de Estados Americanos (OEA).
Koncke es jefe de gabinete del secretario general de la OEA, Luis Almagro, mientras Rosadilla es su consejero, precisó la edición electrónica de El Nuevo Diario.
La presencia de los enviados del organismo interamericano fue solicitada por el canciller nicaragüense Denis Moncada, quien recordó que el país tiene un memorándum de entendimiento con la OEA en materia de institucionalidad.
En tanto, el cardenal Leopoldo José Brenes Solórzano, arzobispo de Managua y presidente de la Conferencia Episcopal de Nicaragua (CEN), confirmó que él, como el resto de obispos y algunos sacerdotes, han recibido amenazas de muerte.
“Todos los obispos, sacerdotes, han recibido amenazas y nos dicen hasta de lo que vamos a morir. A mí me han llegado algunos (mensajes amenazantes) ahí, pero los borro”, dijo en declaraciones al diario La Prensa.
“Me dicen que soy un vendido, un flojo, pero yo los borro y me pongo a rezar”, y aseguró que pese a las amenazas en su contra, no lo obligarán a abandonar la mesa de diálogo en la que los obispos participan como mediadores y testigos.
Antes de hacer la confirmación, la CEN había denunciado por medio de un comunicado que la campaña viene desde el gobierno y sus medios de comunicación en busca de desacreditarlos.
Las amenazas se han centrado en Silvio José Báez Ortega, obispo auxiliar de Managua y miembro de la Conferencia Episcopal.
La Iglesia católica participa como mediadora del diálogo entre el gobierno y la sociedad, que se desarrolla mientras el país sufre tras el asesinato de 76 personas, víctimas de la represión desde abril pasado.
De acuerdo a un reporte de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), desde el 18 de abril cuando reformas al sistema de seguridad social desataron protestas, se han registrado 76 personas muertas.
También 848 heridos, de los cuales cinco están en condición graves y hubo 438 detenidos.
De esos detenidos fueron liberados 435 y tres enfrentan proceso. Dos de estos han sido acusados del asesinato en Bluefields del periodista Ángel Gahona.
Los datos en el reporte de carácter preliminar que una delegación de la CIDH entregó tras su visita que comenzó el pasado jueves 17, un día después del inicio del diálogo nacional. Se espera que en un mes se conoza el informe definitivo.
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