Ciudad de México, 27 de octubre del 2020.- Integrantes de la comunidad otomí residente en la Ciudad de México que mantienen tomada las oficinas centrales del Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas (Inpi) respondieron a la propuesta del director general, Adelfo Regino, para establecer una mesa de diálogo que dé solución a sus demandas, principalmente de vivienda y trabajo. En conferencia de prensa, pidieron que se celebre una primera reunión para el 3 de noviembre con el fin de establecer las bases que deberían conducir la instalación de la mesa de negociación.
Destacaron que el encuentro, programado a las 10 de la mañana en el Inpi, sólo se podrá llevar a cabo si acuden tanto Regino como la jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum. Pero debido a que la titular del ejecutivo local informó esta mañana que dio positivo a Covid-19, aceptaron que asistan autoridades cercanas a ella “con poder de llevar la negociación”.
“En caso de que las personas no acudan ese día, para esa mesa de diálogo también les decimos que empezaremos a sacar las cosas” que hay en el inmueble, y se iniciaría con el primer piso, dijo Maricela Mejía, consejera del Congreso Nacional Indígena.
Filiberto Margarito reiteró que no dejarán las instalaciones del Inpi hasta que se solucionen sus demandas. “Aquí los compañeros están mejor”, ya que en el campamento ubicado en Roma 18, donde vivían, carecían de diversos servicios entre ellos agua, luz y drenaje. Y recordó que otra de las principales demandas es que se les asigne una plaza para vender sus artesanías.
Joaquina Paulino manifestó el rechazo de esta comunidad a que la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México, que encabeza Nashieli Ramírez, sea la mediadora en este conflicto. “Le decimos que no la aceptamos, mucho menos le tenemos confianza para establecer una mesa de diálogo”, dijo. “Nosotros no lo tomamos en cuenta, porque cuando fuimos desalojados en Roma 18, ellos nunca fueron a vernos”, agregó.
Isabel Valencia insistió en que esta comunidad no desalojará el Inpi hasta que se cumplan sus demandas que “desde hace más de 25 años le viene pidiendo al gobierno, no es de ahorita, llevamos muchísimos años pidiendo una vivienda digna y 528 años resistiendo en este México”. También exigen justicia por el activista Samir Flores, así como para “todos los hermanos caídos por defender sus tierras, agua”, y los 43 normalistas de Ayotzinapa.
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