México, 01 de marzo del 2019.- Las organizaciones de la sociedad civil juegan un papel importante en la batalla contra VIH/Sida, pues realizan actividades como reparto de condones, aplicación de pruebas de detección y acompañamiento a servicios de salud a personas marginadas, por ello, son clave para detener dicha epidemia en México.
Alejandro Brito, director de la asociación civil, Letra S, Sida, Cultura y Vida Cotidiana, expuso que de todas las detecciones de VIH que se hacen en el país, alrededor de 15 por ciento las realizan las organizaciones civiles, sin embargo si se les suspenden los recursos que les otorga el gobierno federal, 30 centros no a podrán funcionar de manera óptima.
Dichos centros se ubican en las principales ciudades del país como Ciudad de México, Puerto Vallarta, Jalisco, Monterrey, San Luis Potosí, en casi todos los estados, donde no hay, sostuvo, son los que tienen la prevalencia más alta de VIH.
Por ello, son necesarios porque les dan atención a poblaciones marginadas y vulnerables, que están en riesgo de infección, quienes son usurarios de drogas intravenosas, mujeres trans, hombres y mujeres que ejercen el trabajo sexual, hombres gay y hombres que tienen sexo con hombres (HCH), pues, de acuerdo con su opinión, el Estado no tiene la capacidad ni los recursos para llegar a estas poblaciones.
Ello, porque las organizaciones son parte de estas poblaciones y son comunitarias, tienen mayor facilidad de acercarse y brindarles estos servicios; en tanto, las instituciones no, porque éstas esperan a que las personas lleguen a las clínicas o centros especializados de VIH y por lo regular cundo lo hacen llegan con una etapa de Sida avanzada.
Mientras que las organizaciones civiles con sus centros comunitarios realizan trabajo de campo, acuden a las comunidades, a las calles, a los centros de encuentro y reclusorios donde están dichas poblaciones y les ofrecen estos servicios, cosa que no pueden hacer las instituciones porque no cuenta con los recursos y con las habilidades, además hay desconfianza de estas poblaciones marginadas.
Comenta que estas poblaciones tienen más confianza con gente que pertenece a sus propias comunidades, pues el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) y el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE) no ofrecen la prueba de detección a menos que se sea derechohabiente y que un médico la prescriba.
Lo cual, no sucede porque mucha gente vive en condiciones de marginalidad, no tiene trabajo y sus condiciones de vida son precarias, como las trabajadoras sexuales por ejemplo, que no están aseguradas y no pueden acceder a las instituciones de salud.
Para ellas es más fácil acceder a estos centros comunitarios porque son servicios amigables, porque ahí no sufrirían discriminación, ni maltratos por parte del personal médico por su orientación sexual o identidad de género.
Alejandro Brito precisó que no ve al personal de estas instituciones yendo a los “picaderos” de Tijuana o Ciudad Juárez a ofrecer condones, jeringas desechables, aplicar pruebas de detección y darles tratamiento, esto lo hacen las organizaciones civiles y lo hacen muy bien.
Por lo anterior, consideró, es vital el papel que tienen para combatir la epidemia, ya que el problema principal es que la gente se realiza la prueba de detección tardíamente ya en tapa de Sida, casi 50 por ciento de las personas, es decir llegan con su salud afectada, muchas de ellas tienen que hospitalizarse y algunas mueren.
Por ese diagnóstico tardío es que no se han podido abatir los índices de mortalidad, han disminuido poco a pesar de que se tienen tratamientos gratuitos y muy eficaces, tan eficaces que no solo detienen el avance del virus en el organismo, sino que incluso previenen las infecciones.
Es decir, al reducir la circulación del virus en el organismo de una persona bajo tratamiento a niveles cero, esa persona ya no transmite el virus a sus parejas, por lo cual los tratamientos tienen un doble impacto, explicó Alejandro Brito a Notimex.
Indicó que se tiene que hacer un trabajo de salud y uno preventivo, que es poner bajo tratamiento a todas las personas que viven con VIH en el país y abatir ese retraso en el acceso a las pruebas de detección, así como en el acceso a los tratamientos.
Y en ese continuo de atención, las organizaciones civiles son fundamentales porque atienden a las poblaciones que están más afectadas por la epidemia.
Por ello, se necesita aumentarlos y fortalecerlos, que se construyan más, ya que 30 son pocos se necesita por lo menos el doble o más, para que estén en las ciudades más afectadas, como Veracruz, Coatzacoalcos, Campeche y Tabasco, estados donde la prevalencia del virus es alta.
Son lugares de mucha movilidad poblacional, también hay más circulación de migrantes y trabajadores del Estado que tienen que cambiar de residencia y ubicarse en estos sitios.
Dichos centros han sido evaluados por el Instituto Nacional de Salud Pública y han determinado que su participación es fundamental y su recomendación fue fortalecer a estos centros de detección a través de las organizaciones civiles y comunitarias.
En cuanto a la corrupción, el directivo dijo que ellos también comparten la preocupación y la decisión de combatirla, ya que es uno de los males más graves que vive el país.
Si se trata de combatir este problema, señaló, entonces la responsabilidad es reforzar esas medidas de control y rendición de cuentas sobre los recursos que se les da a estas organizaciones, la solución no es cortar de tajo estos recursos destinados al fomento de sus actividades.
Además, para entregarles el recurso, estas organizaciones son sometidas a criterios, lineamientos y reglamentos muy estrictos de comprobación de gastos, los cuales realiza Censida tres veces al año, se les entregan informes, las facturas se comprueban en automático ante Hacienda y los recursos que no se ejecutan, se regresan, porque no se permite cambiar un recurso de un rubro a otro, a menos que lo justifiquen muy bien.
Puntualizó que las afectadas no serían las organizaciones civiles, ya que muchos de ellos no dependen totalmente de los recursos gubernamentales, pues tienen otras fuentes de financiamiento, sino las personas más pobres, vulnerables y marginadas.
Asimismo, Alejandro Brito sostuvo que la suspensión de la convocatoria para que organizaciones civiles accedan a recursos públicos que realizarán labor de prevención de VIH, impide cumplir la meta a la que el país se comprometió y firmó acuerdos internacionales, que fue poner fin a la epidemia para 2030.
Mientras que para 2020 la meta es que 90 por ciento de las personas que tienen el Virus de Inmunodeficiencia Humana (VIH) estén diagnosticadas, de las cuales, 90 por ciento esté bajo tratamiento y de estas, 90 por ciento tengan una carga viral indetectable, es decir, que se haya reducido la circulación del virus en su organismo y que las pruebas no las puedan detectar.
Esa meta, expuso, se denomina “90-90-90” y México tiene que alcanzar ambas y con la cancelación de recursos se ve imposible lograrlas sin la participación de las organizaciones civiles.
Por ello, hizo un a llamado a la Secretaría de Salud y al Centro Nacional para la Prevención y Control del VIH y el Sida (Censida) a establecer una mesa de dialogo, para saber por qué no se ha publicado la convocatoria y qué se va a hacer, además de que se explique cómo se ejercerán los 110 millones de pesos que destina la Secretaría de Hacienda destinados a la prevención de VIH/Sida.
“Porque nos costó mucho trabajo que el gobierno federal destinara recursos a la prevención, ya que todo estaba destinado a la atención, entonces la respuesta estaba coja, queremos saber sino va a ser por medio de la convocatoria, cómo se van a utilizar estos recursos”, concluyó.
Foto: Notimex
Texto: Susana Hernández Valles | Notimex
