Operativos de vigilancia y control a empresas contaminantes en región Tula-Tepeji, exhorto de diputada Noemí Zitle.

Pachuca, Hgo., a 7 de mayo de 2019.

• En los últimos 40 años, el ecosistema se ha visto considerablemente dañado por el crecimiento industrial, lo que a afectado gravemente la salud de la población, consideró.

En la región Tula-Tepeji existen alrededor de 155 fuentes contaminantes que afectan la salud de la sociedad, mayormente a niños, niñas, mujeres embarazadas, adultos mayores y personas con enfermedades respiratorias, cáncer  o con insuficiencia renal, denunció la diputada de Morena Noemí Zitle Rivas al presentar un Acuerdo Económico por el que exhorta a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales y a la Procuraduría del Medio Ambiente de Hidalgo, a realizar operativos de vigilancia y control a empresas con mayor emisión de contaminantes.

Consideró urgente establecer medidas de vigilancia y fiscalización ambiental en los municipios de Atotonilco de Tula, Atitalaquia, Tepeji del Río de Ocampo y Tula de Allende, donde es alarmante y preocupante la situación en la que se encuentran por los altos niveles de contaminación.

“En la región Tula-Tepeji estamos en foco rojos, por la gran cantidad de contaminación, ante lo cual es menester realizar de manera inmediata acciones concretas que en la medida de lo posible disminuyan el problema de contaminación y obliguen a mayores medidas de mitigación por parte de las empresas”, apuntó la diputada Noemí Zitle.

Recordó que, en los últimos 40 años, el ecosistema de la región Tula-Tepeji se ha visto considerablemente dañado por el crecimiento industrial que ha acarreado incremento desmedido en la contaminación de la zona y aumento del daño a la salud de la población.

En 2005, abundó la diputada de Morena por el XV Distrito, la Organización de las Naciones Unidas (ONU) declaró al municipio Atotonilco de Tula, perteneciente a la región Tula-Tepeji, como la región más contaminada del mundo, lo cual violó gravemente los derechos de los ciudadanos de esa zona a un medio ambiente sano, la salud y el derecho a la vida misma.

El exponer sus consideraciones, Zitle Rivas acusó que se incumplen y violan el artículo 4 Constitucional, el artículo 25 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, diversos artículos de la Convención de los Derechos de los Niños de la ONU, la Ley General de Equilibrio y Protección al Ambiente, la Norma Oficial Mexicana 085-SEMARNAT-1994, entre otras disposiciones en materia medioambiental.

Subrayó que dentro de las causas y los múltiples factores de este problema público de elevada contaminación en la región se encuentran: Falta de mecanismos y operativos de vigilancia a empresas privadas por parte de la entidad responsable; falta de responsabilidad ambiental por parte de empresas privadas en emprender medidas tecnológicas de mitigación ambiental, por ejemplo de la emisión de dióxido de carbono, y explotación desmedida y no sustentable de los recursos naturales, como ríos, para las descargas, entre otros.

Añadió que en la entidad, de acuerdo con el Centro de Investigaciones Biológicas de la Universidad Autónoma del Estado Hidalgo (UAEH) “nos encontramos entre los 15 estados con mayor biodiversidad del país. De allí que nuestro compromiso debe ser mayor con el cuidado de manera constante y con estricto apego a la ley del medioambiente”.

El exhorto planteado mediante el Acuerdo Económico solicita a la Semarnath y Procuraduría del Medio Ambiente a llevar a cabo fiscalización, vigilancia y monitoreo de la operación y funcionamiento de las empresas contaminantes de la región, con el propósito de garantizar el pleno derecho a un medio ambiente sano, así como derecho a la salud y a la vida digna; informar trimestralmente las acciones de fiscalización, las sanciones impuestas, y las carpetas de investigación que se llevan a cabo en la entidad, así como emprender una campaña y mecanismos públicos para que las empresas sean amigables con el medio ambiente, con apego a lineamentos internacionales, nacionales, estatales y normas oficiales.

Por conducto de la Secretaría de Servicios Legislativos, se turnó a la Primera Comisión Permanente de Medio Ambiente, Recursos Naturales y Cambio Climático, para su análisis y resolutivo correspondiente.