Ciudad de México, 09 de febrero de 2020.- Durante los primeros años de su encargo, a Edmundo Jacobo Molina le llovían críticas por su inexperiencia electoral.
A casi 12 años de asumir la Secretaría Ejecutiva del Instituto Nacional Electoral, el ex secretario general de la UAM se ha convertido en el segundo funcionario con más poder dentro del organismo.
No hay decisión importante que no pase por sus manos, él controla lo administrativo y lo técnico y, junto con el presidente del INE en turno, también las decisiones políticas.
De los 30 años que tiene el Instituto, Jacobo ha estado casi la mitad del tiempo, pues asumió el cargo el 5 de junio del 2008, por lo que le ha tocado ejecutar las reformas electorales del 2007 y 2014, que implicaron una transformación del sistema electoral y político, así como las crisis y escándalos del organismo.
El jueves, dos meses antes de concluir su encargo, a propuesta del consejero presidente, Lorenzo Córdova, el Consejo General reeligió -apenas con los 8 votos requeridos- al funcionario por seis años más.
«Pareciera que es una estrategia de Córdova para no ser debilitado ante la llegada de cuatro nuevos consejeros, que se prevé sean afines con la 4T. Ese cargo, evidentemente es político, y debería ser por concurso para no estar sujeto a los vaivenes políticos», indicó Luis Medina, politólogo de la UAM.
Jacobo es licenciado en Filosofía y Letras por la Universidad de Guanajuato, donde también fue profesor, al igual que en la Universidad Autónoma de Baja California.
Antes de llegar al IFE, propuesto por Leonardo Valdés, ocupó diversos cargos en la Universidad Autónoma Metropolitana y fue director de Capacitación del Instituto Mexicano del Petróleo.
Entre el 2008 y 2009 vivió, profesionalmente, una etapa difícil, pues prácticamente todos los procedimientos sancionadores, elaborados en aquel entonces por su área, presentados ante el Consejo General eran cuestionados.
E, incluso, el Tribunal Electoral en aquel momento le revocó un gran número al considerar que sus dictámenes eran deficientes jurídicamente y se extralimitaba en sus funciones.
En aquel momento, también fue cuestionado por tener como coordinador jurídico a Ezequiel González Matus, acusado por entregar permisos de juegos de apuestas de manera irregular.
Se le atribuyó a él y a otros funcionarios la idea de crear, en el 2010, un «cochinito» llamado Fondo de Modernización Inmobiliaria, con 348 millones de pesos que decidieron no regresar a la Tesorería.
También por respaldar lo que llamaron «INElandía», un proyecto para ampliar la sede actual del INE, que costaría mil 400 millones de pesos, y que también debieron cancelar.
Terminó su primer periodo de seis años acusado de respaldar a los concesionarios de la radio y televisión en el nuevo modelo de monitoreo, incluso, él fue el vínculo con la CIRT para echar abajo una reforma que afectaba al sector; actualmente es uno de los principales promotores de no modificar el reglamento para la transmisión de spots, como demandan los partidos.
En el 2015, uno de sus escándalos personales, fue el conflicto de interés al mantener como directora de Difusión y Campañas Institucionales, que depende de la Secretaría Ejecutiva, a Claudia García, quien se convirtió en su esposa. Por varios años se le acusó a ella de entregar contratos a conocidos.
Fuentes del INE afirman que, en el 2014, Jacobo se inscribió como aspirante a consejero electoral, pero ante sus pocas posibilidades cuatro consejeros le prometieron que, de no lograrlo, lo reelegirían en el cargo.
El secretario ha estado a cargo de 198 procesos electorales y de aplicar los 11 mil millones de pesos que gasta anualmente el Instituto.
Incluso, su sueldo es 10 mil pesos menor que el del presidente del Instituto, 167 mil 657 netos; su oficina tienen un presupuesto de 54 mil pesos, además de tener 36 empleados a su cargo.
Con información de: https://www.reforma.com/
