Ciudad de México, 06 de julio del 2022.- Un juez de control libró una nueva orden de aprehensión en contra de la conductora de televisión Inés Gómez Mont, a petición de la Fiscalía General de la República (FGR), quien ahora la acusa por el delito de defraudación fiscal equiparable por seis millones 600 mil pesos, por eludir el pago de Impuestos Sobre la Renta (ISR) en el ejercicio fiscal de 2015.
En septiembre de 2021 la FGR obtuvo órdenes de aprehensión en contra de Inés Gómez Mont y Víctor Manuel Álvarez Puga, por su probable responsabilidad en los delitos de delincuencia organizada y operaciones con recursos de procedencia ilícita por más de tres mil millones de pesos.
Además, en una investigación de la Fiscalía Especializada en Materia de Delincuencia Organizada (Femdo), ambos son señalados de realizar operaciones con grupos delictivos mediante empresas factureras.
En ese entonces la acusación se presentó ante un juez federal, y con base en la cual se libró la primera orden de captura. En caso de ser detenidos deberán ser encarcelados en una prisión federal: Álvarez Puga en Almoloya de Juárez, estado de México, y ella, en la cárcel federal femenil que se localiza en Morelos.
Desde octubre pasado las autoridades mexicanas lograron que se emitiera la Ficha Roja, y con ello que corporaciones policiacas de más de 190 naciones colaboren en la ubicación de los prófugos.
De acuerdo con las listas de estrados judiciales que se publican este miércoles, la segunda orden de detención la libró un juez de control del Centro de Justicia Penal Federal con sede en el Reclusorio Norte el 29 de octubre de 2021, dentro de la causa penal 468/2021.
Por ello, Gómez Mont promovió un juicio de amparo contra la orden de captura y la emisión de la ficha roja; No obstante, el Juzgado Décimo Tercero de Distrito de Amparo en materia Penal le negó concederle la protección de la justicia.
Inconforme, la conductora de televisión impugnó el fallo de primera instancia a través de un recurso de revisión que admitió el Sexto Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito, quien los próximos meses resolverá si confirma, revoca o modifica la sentencia del juez de amparo.
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