Lima, 3 de julio del 2020 (EFE).- El Gobierno peruano fue denunciado ante los tribunales por la Organización Nacional de Mujeres Indígenas Andinas y Amazónicas del Perú (Onamiap) «por poner en riesgo a los pueblos originarios durante la pandemia» de la COVID-19, que ya deja más de 292.000 casos y 10.000 fallecidos en el país andino.
«Estamos exigiendo y demandando que se nos considere como sujetos de derecho a los pueblos y mujeres indígenas, que no nos tomen como personas de segunda o tercera categoría», declaró a Efe la presidenta de Onamiap, Melania Canales Poma, al explicar la acción de amparo presentada ante el Poder Judicial peruano.
La dirigente remarcó que los pueblos indígenas tienen «igual derecho a la salud, a la educación en este país» y manifestó su preocupación ante el gran incremento en los costos de la atención médica privada y por las dificultades para atender otras enfermedades que no sean el coronavirus.
«En esta situación las mujeres están teniendo hijos, algunas de ellas han sido contagiadas y muchas no son atendidas en los centros de salud, porque solamente dicen Covid», denunció antes de alertar que se «corre el riesgo de que los recién nacidos puedan continuar con el sarampión, la viruela, entre otras enfermedades».
VULNERACIÓN DE DERECHOS
Por ese motivo, con el acompañamiento técnico y jurídico de la organización EarthRights International (ERI), la Onamiap ha presentado una demanda de amparo contra los ministerios de Cultura, Salud, Educación, Economía y Finanzas, Desarrollo e Inclusión Social y la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM).
Estas instituciones han sido denunciadas por presuntamente «vulnerar y poner en riesgo los derechos de los pueblos indígenas» durante la emergencia sanitaria, al afectar sus derechos a la vida, integridad, salud, identidad étnica, educación, igualdad, libre determinación y participación política.
Según la Onamiap esto habría pasado por «la falta de políticas y medidas adecuadas, oportunas y eficaces, con enfoque étnico cultural y de género en el marco de la pandemia por COVID-19».
«Esto queda demostrado cuando las pocas acciones del Estado peruano no hacen referencia a los pueblos indígenas andinos (solo a los pueblos indígenas de la Amazonía), no plantean la atención diferenciada a las mujeres indígenas y no crean disposiciones en relación a los pueblos indígenas en situación de aislamiento y en situación de contacto inicial (Piaci)», detalló.
MORIR POR FALTA DE ATENCIÓN
«Siempre decimos que no nos va a matar la pandemia, lo que nos va a matar es la falta de acceso seguro a los centros de salud, al derecho a la salud», remarcó Canales a Efe antes de manifestar que también se presentan «otras brechas» importantes, como en educación, ya que «lamentablemente en los pueblos indígenas no existe conexión de internet, ni siquiera medios de comunicación».
En ese sentido, denunció que a pesar de que la cuarentena nacional «terminó prácticamente, aún no se han comprado» las tabletas y computadoras portátiles que el Gobierno anunció que iba a entregar para acortar la brecha digital entre las zonas urbanas y rurales y, de esa manera, atender las necesidades de la educación a distancia que se ha implementado en el país.
Canales aseguró que en Perú no existe una institucionalidad indígena y los pueblos originarios están «prácticamente abandonados», ya que si bien existe un Viceministerio de Interculturalidad este «prácticamente se ha convertido en una mesa de partes, un espacio sin poder de decisión».
Con la epidemia «se ha visibilizado lo que estaba ahí, permanentemente: las grandes brechas de desigualdad, sobre todo para pueblos y mujeres indígenas», agregó.
RACISMO Y DISCRIMINACIÓN
Canales también aseguró a Efe que en el distrito de Jeberos, en la provincia selvática de Alto Amazonas, unos 50 pobladores de la etnia Shiwilos presentaron síntomas de la COVID-19 y luego de muchas exigencias las autoridades solo les enviaron 15 pruebas rápidas.
«Ahora tienen 150 personas con síntomas, pero se van recuperando y el pueblo Shiwilo está en peligro de extinción, ahí pudo haber un etnocidio», alertó antes de decir que hasta el momento se ha reportado sólo un fallecido porque han utilizado «ivermectina y sus plantas medicinales, sino morían».
La dirigente sostuvo que «históricamente» los pueblos indígenas han «estado abandonados y esto tiene que ver con el racismo y discriminación estructural que existe» en Perú, que «ha dejado atrás a los pueblos indígenas, aún más a las mujeres indígenas, quienes son las más vulnerables».
Con todos estos antecedentes, señaló que esperan que el Poder Judicial «pueda garantizar» la demanda que han presentado, «porque tiene que ver con la vida y la salud y el bienestar de los personas».
A pesar de ello, consideró que la Judicatura de su país «siempre ha estado parcializada» y «totalmente corrupta», por lo que adelantó que si su demanda no es aceptada acudirán «a las instancias superiores, hasta la Corte Interamericana de Derechos Humanos».
«Ese es nuestro propósito», concluyó.
