Ciudad de México, 15 de agosto del 2024.- El presidente de la Junta de Coordinación Política de la Cámara de Senadores afirmó que el paro de labores anunciado por trabajadores del Poder Judicial Federal y en los estados para intentar frenar la aprobación de la reforma del Poder Judicial viola la Constitución. El presidente de la Junta de Coordinación Política (JCP) de la Cámara de Senadores, Ricardo Monreal Ávila, afirmó que el paro de labores anunciado por trabajadores del Poder Judicial Federal y en los estados para intentar frenar la aprobación de la reforma del Poder Judicial viola la Constitución y acusó que Norma Piña Hernández, presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, lo alienta.
“Lo he dicho yo siempre: Creo que Norma Piña, como presidenta de la Corte, no debería presionar, ni hacer caminar a los trabajadores a caminos sin retorno’’, respondió a pregunta específica sobre si la ministra “está detrás’’ de la convocatoria a suspender labores. “Yo preferiría el diálogo, no me gusta la confrontación. A pesar de que podemos tener mayoría calificada (para aprobar la reforma constitucional en ciernes), nosotros vamos a abrir el diálogo con todos’’.
Desde la perspectiva del zacatecano, a Piña Hernández “le falta diplomacia, pericia, inteligencia para poder llevar a cabo una relación de colaboración y coordinación entre los Poderes. Para mí ese ha sido uno de los puntos centrales del desencuentro que existe del Poder Judicial con el Poder Legislativo y Ejecutivo’’. Y habla sólo de ella y no del resto de ministros de la Corte, explicó, porque se ha reunido “casi con un alto porcentaje de los integrantes, y me han hecho saber su posición. Los he escuchado con respeto e incluso me han entregado propuestas por escrito para mejorar la reforma al Poder Judicial’’ que ya fueron incorporadas al dictamen correspondiente.
La reforma del Poder Judicial, aseguró, no perjudicará a los trabajadores judiciales como se pretende hacer creer por lo que no hay justificación para suspender labores. “El irse a paro jueces y magistrados, violan flagrantemente el artículo 17 de la Constitución, que establece que la justicia debe de ser expedita y pronta… obstaculizar, obstruir o detener el acceso a la justicia es un delito grave contra la administración de justicia’’.
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