Por Dave Graham
MÉXICO DF, 14 nov (Reuters) – Una consulta nacional para una reforma a la legislación de México sobre la marihuana considerará aliviar las penas de cárcel y aumentar la cantidad de esa droga que la gente puede llevar consigo, según señaló el funcionario del Gobierno encargado de supervisar el proceso.
La iniciativa, que tuvo lugar a raíz de un fallo de la Suprema Corte la semana pasada, tiene como objetivo presentar sus conclusiones a principios de abril y ayudar a los legisladores a decidir los siguientes pasos, dijo a Reuters en una entrevista el subsecretario de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación, Roberto Campa.
Al revisar un amparo contra las leyes vigentes, el tribunal dictaminó que un grupo de cuatro personas debe poder cultivar y consumir su propia marihuana, lo que abrió la puerta a cambios en la ley de un país largamente azotado por la violencia de los cárteles de las drogas.
La decisión de la corte fue rápidamente seguida por una propuesta en el Senado desde el Partido Revolucionario Institucional (PRI) del presidente Enrique Peña Nieto para legalizar el uso medicinal de la marihuana, que parece tener un importante apoyo de los otros partidos.
Sin embargo, el proceso de consulta que se realizará de enero a marzo llevará a una visión más amplia de la política sobre la marihuana y su impacto en el sistema judicial penal, dijo Campa, subrayando cuidadosamente que el Gobierno no debe anticipar su resultado.
Entre los expertos hubo un amplio consenso de que había habido «abuso» del poder del Estado para encarcelar a la gente, especialmente por delitos relacionados con drogas, dijo.
«Yo espero que lo que suceda sirva para encontrar muchos mecanismos distintos al encarcelamiento, por que la experiencia indica que una gente que puede entrar por un tema menor a una cárcel va a regresar una vez que se haya liberado -una especie de puerta giratoria», agregó.
Un estudio de 2012 por el centro de estudios mexicano CIDE reveló que poco más del 60 por ciento de la población penitenciaria -actualmente de cerca de un cuarto de millón de personas- cumplía una condena por delitos relacionados con las drogas, incluyendo ocho de cada 10 mujeres en el interior.
