3 abr 2015
Amnistía Internacional afirma que las autoridades tienen la misma actitud con las organizaciones que señalan fallas sobre derechos humanos
(EFE) — La descalificación del gobierno mexicano al relator de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) sobre la tortura, Juan Méndez, hace que México pierda «mucha credibilidad» como país promotor de los derechos humanos, afirmó Amnistía Internacional (AI).
«Con este tipo de declaraciones, México pierde mucha credibilidad y mucho del reconocimiento que tenía ante la comunidad internacional como país que buscaba el fortalecimiento de los mecanismos internacionales de derechos humanos, que tenía una fuerte convicción por estos temas», comentó este miércoles el director ejecutivo de AI México, Perseo Quiroz.
El activista habló sobre la carta enviada este miércoles por Méndez a Jorge Lomónaco, representante permanente de México ante los organismos internacionales con sede en Ginebra, en la que rechaza categóricamente el «ataque personal» en su contra por parte de funcionarios mexicanos.
En la misiva, Méndez se refirió a las declaraciones hechas el 26 de marzo por el subsecretario para Asuntos Multilaterales y Derechos Humanos de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), Juan Manuel Gómez Robledo.
En esa ocasión, Gómez Robledo consideró que el relator no fue «profesional y ético» al apuntar en su reporte, presentado el 9 de marzo ante el Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas, que en México la tortura «es generalizada» y «ocurre en un contexto de impunidad».
El canciller José Antonio Meade secundó las palabras de su subsecretario. «Suscribo todos y cada uno de sus términos», afirmó el titular de la SRE.
«Nos preocupa mucho esta actitud de descalificación del gobierno mexicano, no solamente hacia el relator, sino hacia cualquier organismo internacional u organización no gubernamental que señala las fallas que tiene el sistema mexicano en cuanto a política de derechos humanos», dijo al respecto Quiroz.
Las autoridades mexicanas han mostrado esa misma actitud hacia el equipo forense argentino que apoya las pesquisas sobre la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa en Iguala, Guerrero, y hacia el Comité Contra la Desaparición Forzada de Naciones Unidas, si bien se ha acentuado en el caso de Méndez, señaló el director ejecutivo de AI.
Quiroz consideró preocupante que este tipo de declaraciones vengan principalmente de la cancillería, «que debe de tener entre sus principios el uso de la diplomacia». Por el contrario, el gobierno «está siendo bastante confrontativo», indicó el activista.
El representante de la organización refirió que según la reforma constitucional de 2011, la diplomacia mexicana «debe tener entre sus principios rectores el respeto y promoción de los derechos humanos», por lo que la reacción gubernamental al reporte de Méndez, señaló, «entra en contradicción con lo que dice la Constitución».
El director de Amnistía defendió el historial del relator, a quien calificó como «ha sido una persona que lleva muchas décadas en la defensa de los derechos humanos, no solamente en el sistema de Naciones Unidas», y «una persona con toda la legitimidad para decir lo que ha dicho».
Las organizaciones firmantes apuntaron que “es inaceptable que la SRE rechace que la tortura sea generalizada en México sin sustentar sus afirmaciones”, además externaron su preocupación de que la dependencia no quiera trabajar más con el relator de tortura.
