Morelia, Mich., 29 de agosto del 2024.- En Michoacán se han detectado 819 huertas de aguacate –más de 5 mil hectáreas- que cuentan con denuncias por incurrir en cambio de uso de suelo, sin permiso alguno, informó el secretario de Medio Ambiente de la entidad, Alejandro Méndez López. Dijo que actualmente las autoridades ambientales de esta entidad cuentan con capacidad tecnológica, vía satélite, para vigilar 6 millones de hectáreas que corresponden al territorio michoacano, porque parte de los compromisos del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC), es que debe haber cuidado de los bosques en zonas productoras de aguacate que se exportan al exterior.
Michoacán exporta entre 1.3 y 1.5 millones de toneladas de aguacate a Estados Unidos, por ello, la importancia de atender el tema ambiental y de formalización laboral de los trabajadores, temas observados por el T-MEC. Comentó que Organismos No Gubernamentales –ONG- advirtieron que si no se cumple con las normas ambientales se puede generar un bloqueo a empaques por exportar aguacate proveniente de huertas que realizaron actividades de deforestación.
Méndez López, informó que hasta el momento van 327 denuncias que se han generado como resultado de la implementación del sistema de video-vigilancia satelital llamado Guardián Forestal, las cuales están catalogadas como alta prioridad. Certificación contra la deforestación en Michoacán Por su parte, el gobernador, Alfredo Ramírez Bedolla, firmó este este jueves el Decreto para certificación contra la deforestación en Michoacán, con el fin de cumplir con los estándares exigidos por la Entidad Mexicana de Acreditación, y que establece el comercio internacional, como una medida legal y administrativa urgente para combatir la tala forestal generada por la siembra irregular de aguacate y berries.
Aclaró que será una certificación voluntaria, donde empaques y huertas contarán con la certificación Pro-Forest Avocado, para que los consumidores de Estados Unidos y de Europa tengan la certeza que provienen de huertas legales y que no han incurrido en malas prácticas de impacto ambiental, como la tala y la quema forestal.
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