Han sido días complicados para los tribunales constitucionales mexicanos, de mucha actividad, sujetos a la crítica nacional y con decisiones que, a ciencia cierta, nos dan un ambiente ambivalente sobre la verdadera justicia en nuestro país. Bastante revuelo causó la llamada “Ley Zaldívar”, la cual pretende ampliar el plazo del ministro presidente Arturo Zaldívar por dos años más, lo que implica un acto inconstitucional a todas luces. Muchas opiniones se han emitido al respecto, sobre todo, señalando que, el artículo transitorio que fue aprobado por unanimidad en el poder legislativo, podría ser una especie de experimento para el momento en que el presidente López Obrador quiera ampliar su mandato.
Sin embargo, muchas de las opiniones que se han vertido realmente fueron sesgadas ante la respuesta dada por el presidente de la Suprema Corte, el ministro Zaldívar quien, a través de su cuenta de Twitter, señaló que estará atento a los mecanismos legales que se promuevan en contra de dicha reforma, respetando la legalidad del procedimiento ante la Suprema Corte, quien será la autoridad encargada de determinar su inconstitucionalidad o no. A mi parecer, es un pronunciamiento tranquilo, paciente, pero con doble mensaje: su respeto hacía la determinación que pudieran establecer sus pares y un pronunciamiento mesurado ante los ojos del presidente de la República.
Seguramente dicha controversia llegará a la Suprema Corte, situación donde se observará el poder del Tribunal Constitucional. En varias ocasiones se ha hecho referencia al contrapeso que resulta ser un tribunal constitucional en un sistema democrático, donde el autoritarismo es erradicado a través de las decisiones judiciales que, día con día, hacen prevalecer el estado de Derecho. Difícil ha sido el camino para llegar a consolidar un Poder Judicial más independiente, sin presiones de otros poderes, como el que intenta establecer el jefe del Ejecutivo. Varios han sido los comentarios emitidos por el presidente López Obrador respecto a la polémica de la Ley Zaldívar: los clásicos ataques a la prensa, menospreciando incluso la labor del resto de ministros que componen la Corte, amagando con reformar aún más el Poder Judicial si no se cumplen sus determinaciones. Esto debe ser atacado a través de los mecanismos legales conducentes, siendo que, con ellos, el presidente no tendrá medio alguno para combatirlos.
Y después viene la otra cara de la moneda, la cara amable. Justo este martes 27 de abril de 2021, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, dio una muestra del verdadero actuar de un tribunal constitucional, retirando la candidatura al polémico Félix Salgado Macedonio. Esta resolución da una esperanza al principio de legalidad y de supremacía constitucional, a través de una votación de 6 votos en contra y uno a favor por parte de los magistrados, decidieron retirar la candidatura a dicho personaje, acusado de violación y quien parecía ser el protegido del presidente.
Pero no solo eso, también se pronunció el INAI, quien promoverá acción de inconstitucionalidad en contra de las reformas a la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión, para decretar la inconstitucionalidad del Padrón Nacional de Usuarios de Telefonía Móvil, donde se pretende obtener datos biométricos de los usuarios. Estas acciones reflejan el compromiso de diversas instituciones, abogados y ciudadanos comprometidos con la defensa del orden constitucional. Será la Corte quien determine si dicha acción de inconstitucionalidad es procedente o no, pero lo que, si es claro, son las determinaciones que se están tomando para garantizar la debida defensa de la constitución.
Así los claroscuros de la justicia en nuestro país: por un lado, la polémica respecto al mandato del ministro presidente, con serios tintes de control por parte del Ejecutivo hacia el poder judicial, y por otro, las resoluciones que nos hacen creer, aunque sea por unos momentos, que la Constitución si puede ser respetada, aún y cuando, desde las mañaneras, se hable de actos contra la democracia. Esperemos, por el bien de México, estas acciones sigan y generen el verdadero estado de Derecho.
