Chihuahua, México, 13 de octubre del 2020.- La familia LeBarón solicitó a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) intervenir en el conflicto por el agua en la región centro-sur del Estado de Chihuahua.
Los primos Bryan y Julián LeBarón, con el respaldo de agricultores, tramitaron en horas pasadas un recurso legal ante el organismo internacional para solicitar se dicten dos medidas cautelares en este caso.
La primera es solicitar que se le ordene al Estado mexicano que no se haga uso de las Fuerzas Armadas para realizar tareas de orden civil y así evitar mayores confrontaciones con los colectivos que participan en el conflicto en el Estado de Chihuahua.
La segunda es que se garantice la estabilidad económica de las personas de la región que se están viendo afectadas y se les perjudicaría en una mayor medida si se envía el agua de la presa La Boquilla a Estados Unidos, en cumplimiento del Tratado Internacional de Aguas de 1944.
«No estamos en contra de que se cumpla el trato con Estados Unidos, pero estamos buscando que el Gobierno mexicano reflexione sobre sus prioridades y cómo va a afectar a los agricultores, que buscan soluciones en un clima de paz, especialmente que no haya más violaciones a los derechos humanos como ha sucedido en el caso lamentable de Jessica, y otros casos que sabemos», comentó en conferencia de prensa Bryan LeBarón.
La familia, dijo, decidió presentar este recurso legal ante la CIDH porque una gran parte de sus miembros también son agricultores, que dependen mucho para poder sobrevivir de su trabajo y de su patrimonio: la agricultura.
«Y también sabemos, como familia, que la unidad es la que nos hace fuertes», aseveró.
Bryan LeBarón explicó que fueron a la presa La Boquilla, ubicada en el Municipio de San Francisco de Conchos, para hablar con los afectados.
«No hablamos con los políticos ni hablamos necesariamente con todos los líderes, hablamos con agricultores, personas que están siendo afectadas, sabemos que son más de 12 mil personas que pueden ser afectadas si no tienen el agua que necesitan», dijo.
La falta de agua en la región, advirtió, puede convertirse en un gran problema no solamente económico y familiar, sino también de desplazamiento.
«Posiblemente tengan que ir a los Estados Unidos, migrar buscando trabajo y queremos evitar eso».
Bryan LeBarón afirmó que también decidieron emprender las acciones legales ante la CIDH por el abuso que está ejerciendo la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) al congelar cuentas bancarias de personas que se expresan del peligro que representa dejarlos sin agua.
«Y eso también es un abuso de poder, muy peligroso, y por eso mismo nosotros decidimos entendiendo bien los riesgos, hacer esta petición e invitar a muchos de los afectados a participar».
El también activista Julián LeBarón declaró que ve con mucha preocupación que se militarice este conflicto social.
LeBarón recordó el caso de la agricultora Jessica Silva, quien murió la noche del 8 de septiembre tras recibir disparos de arma de fuego de elementos de la Guardia Nacional en la Ciudad de Delicias, cuando regresaba a su domicilio en Meoqui tras participar en la toma de la presa La Boquilla, de donde habían sido expulsados horas antes efectivos de la corporación por una multitud de campesinos y ciudadanos.
Al militarizar el conflicto, dijo, puede ser un polvorín que puede terminar en una masacre.
«Nos vamos a los tribunales y a la autoridad internacional porque obviamente a las autoridades en nuestro País no les importa o no están actuando de manera responsable para resolver los problemas sociales», sostuvo.
En conferencia, Julián LeBarón recordó que en México suman más de 50 mil personas asesinadas y no se les ha hecho justicia.
Raymundo Soto, productor agrícola de la región, recalcó que los campesinos están con mucho temor de que regresen la Guardia Nacional y el Ejercito a la presa La Boquilla y abran las válvulas para extraer el agua.
Las presas de Chihuahua, advirtió, siempre las habían manejado los agricultores para tener agua suficiente y las habían cuidado bastante puesto que es su patrimonio.
«Pues resulta que están todas militarizadas», lamentó, y en esa situación están las presas Las Vírgenes, en el Municipio de Rosales, y El Granero, en Aldama.
En el caso de La Boquilla, tomada por los agricultores desde el 8 de septiembre, a unos kilómetros permanecen militares, en la derivadora conocida como Las Pilas, Municipio de Camargo.
«Ahorita tenemos un temor muy fundado de que vaya la Guardia Nacional y el Ejército, nos corra de Boquilla y abra las válvulas. Eso es algo muy delicado porque la gente ya está en un nivel de que dice ‘el agua es vida, y daremos la vida por el agua'», sentenció.
En los últimos meses, agricultores de la región centro-sur de Chihuahua han realizado diversas manifestaciones en rechazo a la extracción que realiza la Comisión Nacional del Agua para cumplir con el tratado de 1944 entre México y Estados Unidos, ya que temen perder el ciclo agrícola del próximo año.
De no haber defendido este 2020 el agua para este ciclo, explicó Soto, no se hubieran logrado sus cosechas este año.
Con información de: https://www.reforma.com/
