- La FGE solo cuenta con cinco intérpretes de lenguas indígenas en cinco de sus variantes.
Puebla, 31 de enero del 2020.- En la entidad, de acuerdo con la última encuesta intercensal del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), conviven 656 mil 400 habitantes de lenguas originarias, lo que representa 11.26 por ciento de la población. Sin embargo, no todos tienen igual acceso al sistema de justicia, pues derechos básicos como un intérprete —de su variante lingüística— les suele ser negado o simplemente los recursos humanos son escasos.
A decir de la propia Fiscalía General del Estado (FGE), esta cuenta con tan sólo cinco intérpretes de lenguas indígenas en cinco de sus variantes: náhuatl del Noreste, náhuatl de la Sierra Negra Norte, náhuatl del centro de Puebla, totonaco central del Sur y mazateco de Puebla.
En el estado, sin embargo, existen ocho variantes del náhuatl, cuatro del totonaco, cuatro del n’giwa y cuatro del mixteco, además de las variantes únicas de mazateco, otomí y tepehua que se hablan en la entidad, de acuerdo con el Instituto Nacional de Lenguas Indígenas (INALI).
En su informe anual entregado al Congreso del Estado, la FGEreconoce que sus Unidades de Investigación de Delitos aún están lejos de atender a todos los municipios en donde se habla alguna de estas lenguas: 29 de los 81 en donde se habla náhuatl, nueve de los 35 en donde se habla totonaco, cuatro de los siete en donde se habla n’giwa/popoloca, cuatro de los 11 en donde se habla otomí, y uno de los siete en donde se habla mixteco.
Además, se encuentra pendiente la creación de la Unidad Especializada en Investigación de Delitos Cometidos por o en Agravio de Indígenas. Esta unidad, acota la Fiscalía, debe contar con Agencias del Ministerio Público, peritos traductores y personal policial y pericial suficiente para hacer efectivo “el derecho de acceso a la justicia de los pueblos indígenas, considerando su lengua y características culturales, de organización y de vida”.
El caso Sergio Rivera, una muestra
El juez de control encargado del caso de Sergio Rivera Hernández, defensor de la tierra desaparecido desde el 23 de agosto de 2018, cometió dos “errores”, denunció en su momento la defensa.
No entender que era fundamental un traductor para la parte acusada—previendo un amparo que se valiera de estas omisiones al debido proceso—, y pensar que con un perito traductor que hablase una variante distinta del náhuatl de la región de la Sierra Negra, era suficiente para recoger los 12 testimonios de la desaparición de uno de los opositores al proyecto hidroeléctrico Coyolapa-Atzalan, que pretende instalarse en Zoquitlán, Coyomeapan y Tlacotepec de Porfirio Díaz.
Una organización internacional, Front Line Defenders, se dijo preocupada ante las irregularidades del caso: “Se ha violado el principio de igualdad de armas, negando a los testigos indígenas, que hablan náhuatl, un intérprete (de su variante) a la hora de testificar.”
Omar Esparza, dirigente nacional del Movimiento Agrario Indígena Zapatista (MAIZ), denunció en el transcurso del juico la posición abiertamente racista y discriminatoria hacia los testigos, asegurando que el juez “no soportaba que la gente hablara en náhuatl”.
Con información de: https://www.elpopular.mx/
