Ciudad de México, 07 de agosto de 2017.-En las cárceles de la Ciudad de México se vive un fenómeno que desde hace muchas décadas no se presentaba, cayó la población penitenciaria. Dos aspectos influyen de manera directa en este hecho; la primera es que cada vez están saliendo más reos, y el más importante, está llegando menos población a los reclusorios de la capital debido a la implementación del nuevo Sistema de Justicia Penal.
Los números de la Subsecretaría del Sistema Penitenciario dan cuenta clara de ello. Cuando se puso en marcha este sistema en las 13 prisiones de la capital había una población de 39 mil 223 hombres y mujeres. Para el jueves 2 de agosto, las autoridades reportaron 28 mil 957, es decir, 10 mil 276 reos menos que representa una reducción de 26%.
De mantenerse la tendencia se contempla que al concluir este año se llegue a 27 mil 304 personas privadas de su libertad. Lo que estadísticamente llama la atención de las autoridades es el tema de los ingresos a las cárceles, pues de acuerdo con sus datos históricos en 2014 el promedio diario era de 55 personas y para este año son 10, una caída de 81.82%.
Dichos datos han sido utilizados en diversas ocasiones por el jefe de Gobierno de la Ciudad de México, Miguel Ángel Mancera, para explicar el crecimiento de la incidencia delictiva, refirieron que el nuevo sistema de justicia se ha convertido en “una puerta giratoria” que ha permitido que las personas detenidas por algún delito salgan con mayor facilidad a las calles.
Postura que comparte el encargado de las cárceles locales, Hazael Ruiz, quien considera que debe haber cambios al sistema y el endurecimiento de las penas para los reincidentes.
“En lo que estoy completamente de acuerdo es que tiene que haber ajustes a este nuevo sistema, que también se ha estado diciendo, lo ha comentado el jefe de Gobierno, en el tema de los delitos con portación de armas. Creo que habría que revisar por cuáles delitos las personas deben o no acceder a la prisión preventiva, los que están vinculados con delitos de arma de fuego”, explica el subsecretario del Sistema Penitenciario a EL UNIVERSAL.
Los beneficios
Si bien es cierto que se ha criticado o responsabilizado al sistema de justicia por permitir la liberación de presuntos delincuentes con mayor facilidad, también ha traído algunas cosas positivas como la despresurización de las cárceles al grado de que hoy Hazael Ruiz reporta que en 10 de las 13 prisiones ya no se registran problemas de hacinamiento.
“En el Reclusorio Sur ya no hay sobrepoblación, al día de día hoy [2 de agosto] tenemos 4 mil 66 internos y la capacidad instalada es de 5 mil, por ejemplo. Otro que ya no tiene población es el famoso Centro de Readaptación Social de Santa Martha, donde están los chavos de hasta 30 años con delitos no graves, sentencias hasta 10 años; ahí está también el Diamante.
“Tenemos 13 centros de reclusión y de los 13 sólo en tres hay sobrepoblación, que son los reclusorios Oriente, Norte y la penitenciaría de Santa Martha”, explica el funcionario.
Dice que con una menor población en las cárceles se mejora la capacidad de atención a los internos y se reduce el hacinamiento. Afirma que en los momentos más críticos llegaron a tener hasta 40 personas en un celda y en la actualidad se han contabilizado 12.
También se mejora el sistema de control de la población, integración de los expedientes, se reduce la carga de trabajo para los custodios y se eficientó la atención y revisión a las personas que llegan de visita, explica.
Otro de los beneficios que ha traído consigo la despresurización del sistema carcelario, dice Hazael Ruiz, es que se logró eliminar las “cabañas” los días martes y jueves de visita familiar debido a que ya no hay tanta demanda.
“El origen de las ‘cabañas’ fue obligado por el tema de la sobrepoblación, ese era la justificación que daban. Las salas de visita familiar están calculadas para atender una población de mil 500 internos, porque fue con lo que se inauguraron los reclusorios Oriente y Norte en 1976 y 1978. Eran sólo techos para darles protección de sol y de lluvia y después con los años fueron degenerando”, comentó.
El gran reto
Si bien es cierto que hay un menor número de internos en las cárceles, el problema sigue presentándose en cuatro de los tres centros más grandes e importantes de la Ciudad de México como son los reclusorios Oriente, Norte y la Penitenciaría de Santa Martha.
Las cifras hasta el 21 de julio pasado del Sistema Penitenciario refieren que el Oriente tenía 9 mil 738 internos y su capacidad instalada es para 5 mil 376 personas; presenta una sobrepoblación de 81.14%. El reclusorio Norte cuenta con 7 mil 803 internos y su capacidad es de 5 mil 631 reos; en la Penitenciaría de Santa Martha se tienen a 2 mil 681 presos en un espacio diseñado para mil 851.
“Estos tres centros albergan 70% de reos en la Ciudad y lo que se está haciendo es despresurizarlos enviándolos a otras cárceles.
“Qué hacemos para irlos nivelando, pues la gente del Oriente que está sentenciada y ejecutoriada los mandamos al anexo oriente, los que están por salir en dos años, igual los del norte los mandamos al Centro de Ejecución de Sanaciones Penales del Norte, llamado anexo Norte, son centros chicos, tampoco tienen una sobrepoblación, tienen una capacidad para 250 internos, son los que fueron femeniles. En uno hay 225 y en otro 181, y estamos mandándoles remesas de manera permanente, pero no termina de impactar”, comenta.
Aunque también hay una gran oposición de los reos a los traslados, por lo que promueven amparos para regresar a los centros donde tienen ciertos privilegios. En las últimas tres semanas, ganaron 12 juicios de amparo.
Asegura que se tiene el control de los penales y rechaza exista un autogobierno al interior de estos dos lugares, en los que si bien reconoce hay algunos problemas como la venta y distribución de droga o el uso de teléfonos celulares con los que se realizan extorsiones, aunque en este último tema comenta que ha bajado y que los bloqueadores no están bajo su responsabilidad, sino de una empresa particular.
Para terminar con las irregularidades la apuesta debe ser a la implementación de nuevas tecnologías que reduzcan al máximo el contacto entre el personal de seguridad y la visita, con lo que bajaría la corrupción.
La propuesta es que se coloque escaners, revisión rayos X y detectores de metales, por lo menos en los tres centros más grandes.
De acuerdo con los proyectos que ha presentado, se requeriría una inversión de 250 millones de pesos para mejorar la seguridad y los mecanismos de control en la cárcel, pero hasta el momento no han sido atendidos.
Joel Ruiz | El Universal
