La crisis de probidad por la que atraviesa el sistema político y las anomias de la corrupción, como síntoma de una aguda descomposición de la institucionalidad, vuelven incompatibles los esfuerzos de la sociedad civil por restaurar el Estado Democrático de Derecho.
En este escenario, resulta relevante el artículo “Poder Impune” del Director del IMCO, Juan Pardinas, que señala: “Dentro de la discusión nacional sobre la crisis de corrupción, el Poder Judicial ha sido un poder impune. El debate sobre la corrupción en México se ha centrado en algunas figuras del gabinete presidencial, los partidos políticos, en los gobiernos estatales, en los ayuntamientos o en la falta de transparencia en el gasto de los congresos. Sin embargo, hay jueces, magistrados y ministros que miran esta secuencia de prácticas y escándalos con la distancia de quien observa las constelaciones astrales durante una noche estrellada. Los poderes judiciales, a nivel estatal y federal, han tratado a la corrupción como un problema ajeno, que ocurre en un universo paralelo.”
Este análisis se sustenta en las cifras del estudio realizado por Felipe Borrego Estrada, Consejero de la Judicatura Federal, quien documenta la existencia de redes familiares y clientelares, y advierte que existen familiares de, al menos, 500 Jueces y Magistrados que ocupan plazas en tribunales y juzgados de su adscripción o de otros; consideración que apenas es la punta del iceberg porque la investigación podría ir más a fondo, a nivel institucional en el país.
La oscura dimensión de las lógicas de corrupción que constituyen las redes familiares y clientelares al interior del Consejo de la Judicatura Federal, administrador de 800 juzgados y tribunales, perfila en este análisis acucioso una pandemia que revela que el nepotismo judicial es un síndrome de la perversión del poder público, con fines privados.
Esta perversión del Poder Judicial asemeja al nepotismo feudal, donde el juego de prebendas e intereses crea una clase que le da la espalda al pueblo, se sirve de él y propicia el pillaje legal.
El cuestionamiento social ante la erosión del Poder Judicial y de otras estructuras públicas, exige no sólo las respuestas del esfuerzo creciente del Estado, sino invertir las lógicas de verticalidad del poder público, que al margen de la cocreación y corresponsabilidad ciudadana en la esfera pública, no propician la dignificación del quehacer gubernamental.
Desde el anuncio de la creación del Sistema Nacional Anticorrupción (SNA), del que el Poder Judicial es parte, se acusa el regresionismo de diversos sectores y actores públicos que obstruyen la imposición de nuevas conductas de los servidores públicos que hagan frente a la corrupción e impunidad y el desarrollo del sistema en general.
La Agenda Pública sigue siendo residual para atender las lógicas de probidad, lo que debilita la confianza ciudadana, que es huérfana de la salud que aqueja al sistema democrático y presa de un sistema autoritario, que impide que la virtud de la política armonice y construya las oportunidades que atiendan las demandas del tejido social.
El escenario de la corrupción e impunidad rebasa las fronteras y las conciencias a nivel nacional y mundial. La respuesta del Estado Mexicano debe ser contundente y erradicar el nepotismo judicial y las redes familiares y clientelares, creando un modelo de desarrollo de probidad institucional que imponga el Sistema Nacional Anticorrupción.
La intervención y regulación del Estado para impulsar la probidad de entidades y servidores públicos en el país, es insuficiente para garantizar el destierro de las anomias de la corrupción e impunidad, producto del anquilosamiento institucional, que expresa el grado de nepotismo y discrecionalidad que prima en el ejercicio público, como conducta aceptada.
En esta búsqueda por imponer la probidad, ¿Cuál es el objetivo común al que deben aspirar sociedad y gobierno?
La respuesta es clara: el poder público debe hacer de la sociedad el epicentro del ejercicio de gobierno, acrecentar la calidad de vida y brindar oportunidades de desarrollo y seguridad humana.
Es necesario que el quehacer público se perciba como la virtud del sistema político y de gobierno y no la anomia que es en nuestros días. La corrupción política y administrativa deben ser atendidas desde un marco jurídico cuya virtud de maniobra legal no deje dudas por ser escrutable, transparente y abierto desde cualquier dimensión social.
En esta prescripción, los poderes del Estado deben tener una Agenda Pública cuya dimensión y ejercicio de probidad legitime desde su raíz toda acción pública. En este sentido, la recuperación de la probidad debe ser el paso trascendente que nos permita dejar la noche, que ha sido el amparo de los intereses mezquinos que afrentan a nuestra sociedad.
Es necesario imponer la coparticipación de la ciudadanía en la toma de decisiones del quehacer institucional, porque la unilateralidad de la representación pública, lamentablemente, ha dado evidencias empíricamente amargas, que se traducen en las prácticas de peculado, malversación de fondos públicos, tráfico de influencias, redes familiares y clientelares, nepotismo, abusos y autoritarismo, que atropellan constantemente la dignidad de los ciudadanos.
El Estado debe fincar nuevos principios trascendentes en el combate a la corrupción e impunidad. No puede permitir que el continuismo burocrático, fundado en la opacidad y oscurantismo administrativo y político, se convierta en el factor de obstrucción al Sistema Nacional Anticorrupción y de la depuración ética de las estructuras institucionales.
El Modelo de Probidad Institucional del SNA debe contrarrestar el formalismo político autoritario, la irresponsabilidad y autoritarismo del nepotismo burocrático; la jurisprudencia voluble, la levedad de las sanciones a funcionarios; el acuerdo político como juego de intereses, la opacidad y el oscurantismo público; la perversión judicial, el anquilosamiento y disfuncionalidad de las estructuras institucionales, entre otras.
La fuerza de una cultura ciudadana de la probidad y la legalidad, son el vacío que hoy priman y que debe promover el Estado para asegurar la calidad de la participación ciudadana en las tareas públicas, que impida el destino cruento que se presagia ante una sociedad a la que se le ha arrebatado su virtud soberana, de escrutar el ejercicio de gobierno.
Agenda
- Con la presencia del Lic. Miguel Ángel Osorio Chong, Secretario de Gobernación del Gobierno Federal, el Gobernador Omar Fayad Meneses puso en operación el Programa Hidalgo Seguro.
- La Secretaría de Desarrollo Social, el Instituto para la Atención de las y los Adultos Mayores y el CCCEH lanzaron la Línea Plateada *5533 y la Alerta Plata Hidalgo, valiosas herramientas para la atención y localización de personas extraviadas o en situación de riesgo.
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