La Procuraduría General de la República (PGR) sumó ante la Corte otra acción de inconstitucionalidad, ahora contra el Gobernador de Sinaloa, Mario López Valdés, quien pretende dar más oxígeno a los Magistrados que actualmente se encuentran en funciones en el Tribunal de Justicia Administrativa.
La medida, establecida en el decreto 768, por el que se reforman y derogan diversas disposiciones de la Ley de Justicia Administrativa para el Estado de Sinaloa, representa para la PGR nombramientos «a modo» para blindar actos de corrupción. «El citado decreto -publicado el 19 de agosto- viola el párrafo tercero del artículo octavo transitorio de la reforma constitucional del 27 de mayo de 2015, en materia de combate a la corrupción», refiere la dependencia.
