10 de octubre de 2016.- La exigencia social de mejores servicios y trámites públicos a nivel internacional, ha propiciado la modernización de estructuras institucionales, impulsando nuevos paradigmas en la gestión administrativa centrados en la operatividad orgánica, en la capacidad de respuesta y en la sistematización de la provisión, calidad, eficiencia, eficacia y economía de los servicios públicos.
En este sentido, el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) realizó la Tercera Encuesta Nacional de Calidad e Impacto Gubernamental (ENCIG) 2015, que brinda información en torno a los niveles de satisfacción sobre los “servicios públicos básicos” y los que se proveen “bajo demanda”, así como de la realización de trámites, pagos y solicitudes de servicios públicos.
“La ENCIG 2015 busca generar información de la percepción ciudadana… sobre el desempeño gubernamental,… para crear políticas públicas que beneficien a los gobernados… y convertirse en un instrumento útil para dar voz a la ciudadanía y proporcionar insumos básicos a las autoridades para mejorar la provisión de trámites, bienes y servicios públicos.”
La encuesta se realizó a nivel nacional en 32 ciudades-zonas metropolitanas de 100,000 habitantes y más. Entre los servicios públicos evaluados se encuentran el suministro de agua potable, funcionalidad de calles y avenidas, servicios de salud, educación pública obligatoria, seguridad pública, transporte público masivo, experiencias con trámites, pagos y solicitudes de servicios públicos, y hechos de corrupción.
A partir de esta encuesta, Gabriel Farfán Mares, de la Comunidad Mexicana de Gestión Pública para Resultados, A.C., desarrolla el “Indicador de Productividad de la Gestión Pública Municipal (IPGPM)”, que traza la correlación entre desarrollo democrático, calidad de la gestión pública, eimpacto gubernamental; condicionante prioritario de la confianza y credibilidad institucional.
Farfán Mares señala que el IPGPM, “…es un instrumento para que las autoridades municipales y la ciudadanía tomen decisiones y se percaten dónde se encuentran los problemas de los servicios públicos y por qué no tienen el financiamiento adecuado…”.
Este enfoque nos conduce a plantear la necesidad de que los municipios realicen un diagnóstico situacional que identifique las circunstancias en que se prestan los servicios y trámites públicos; las condiciones de la infraestructura y equipamiento disponible para su provisión; el conocimiento y capacidad de los servidores públicos para administrar su prestación; los recursos presupuestales disponibles para sufragarlos; y la creación de alternativas de solución.
Asimismo, advierte que la brecha del gobierno con la sociedad; persiste y se amplía debido a un insuficiente desarrollo democrático, producto de la precaria organización, participación y colaboración ciudadana, y de los bajos índices de respuesta a las demandas ciudadanas.
Esta marginación del tejido social de la toma de decisiones, produce un impacto negativo en el ejercicio del gasto; resistencias ciudadanas al recaudo tributario, a la capacidad de financiamiento y a la prestación de servicios de calidad, donde el burocratismo, la deficiente capacitación de los servidores públicos, la precaria sistematización de servicios y trámites, son definitorios.
Estas variables aumentan los costos de operación de la prestación de los servicios públicos municipales, haciéndolos caros, deficientes e inoportunos, por lo que su provisión debe garantizarse impulsando protocolos de horizontalidad ciudadana, concertaciones y consensos corresponsables.
Las administraciones municipales deben tener presente que la ciudadanía contribuyente, sólo se forma cuando la respuesta de la gestión crea valor público, es decir, cuando su prioridad es solucionar los problemas ciudadanos; cuando se percibe que el ejercicio público es ético y honesto; y cuando la transparencia democrática custodia la rendición de cuentas y afianza la legitimidad social.
La gestión municipal debe reorientar las estructuras administrativas hacia una gestión con visión estratégica, cuyas acciones fortalezcan su perfil fiscal, optimicen los recursos, insumos, tiempos y movimientos, e impulsen la simplificación administrativa, depurando tortuosos trámites y recuperando experiencias exitosas que apuntalen una gestión eficiente.
Este es el trazo de una gestión pública moderna y estratégica, que permite a los gobiernos municipales, establecer un estándar de mecanismos, procedimientos y acciones para eficientar y dar calidad a sus trámites y servicios.
Ningún gobierno puede olvidar que el grado de satisfacción de la ciudadanía es directamente proporcional a la calidad administrativa. Es necesario que los gobiernos municipales sistematicen políticas de seguimiento y evaluación del ejercicio de su gestión pública y establezcan mecanismos de retroalimentación, que les permitan escuchar, entender y atender los reclamos ciudadanos para procesarlos debidamente.
Esta proximidad ciudadana a la toma de decisiones de la gestión pública, puede realizarse desde su página web, redes sociales, mediante sondeos de opinión y consultas, encuestas directas o telefónicas, buzón de sugerencias, denuncias y asambleas ciudadanas. Se trata de saber la efectividad de la gestión pública, misma que no puede ser construida de manera uniforme a nivel municipal. Cada experiencia es irrepetible. La usabilidad de servicios y trámites es distinta en cada municipio.
De ahí que se exija el esfuerzo de autoridades y servidores públicos, para no hacer de su trabajo un hallazgo, y mucho menos, un producto de la improvisación, sino la suma de esfuerzos sistematizados y corresponsables, que tracen las directrices de la planeación democrática.
Hidalgo está en el proceso de construcción del Plan Estatal de Desarrollo 2016-2022. Debe primar en su edificación el protagonismo ciudadano, el esfuerzo solidario de gestores profesionales de la administración pública, que con pleno espíritu democrático, marquen en la evolución social del ejercicio de gobierno, la dignificación del pueblo.
La administración pública municipal no sólo es el entramado operativo de las acciones primarias del Estado; es sobre todo, un orden valórico donde la probidad se erige como un principio de armonización social, en un entorno de respuesta y procesamiento de la demanda efectiva de servicios y trámites para estabilizar las expectativas sociales.
La nueva gestión pública municipal debe constituirse en una experiencia de aprendizaje significativo y permanente. Los funcionarios públicos municipales, como gestores, viven una nueva era política y social en México. Están obligados a jugar un rol primordial en la operatividad de la administración pública, para que el ciudadano se transforme en el actor protagónico de la toma de decisiones y trascienda en una gestión colaborativa, que lo escuche y haga suyas sus necesidades y aspiraciones.
Agenda
- La Junta de Coordinación Política del Senado de la República emitió la convocatoria pública para elegir a cinco de los nueve integrantes de la Comisión de Selección que designará al Comité de Participación Ciudadana del Sistema Nacional Anticorrupción (SNA).
- Contra todo pronóstico, la mayoría de los colombianos rechazó los acuerdos de paz firmados entre el Presidente Juan Manuel Santos y las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), proceso que mereció al mandatario el Premio Nobel de la Paz 2016.
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