La Cultura Cívica, los Vacíos Legales y el Estado Democrático de Derecho | Esteban Ángeles Cerón

¿Qué le pasa a la democracia cuando los vacíos legales o las argucias de manoseo de la Ley, se convierten en patente de corso?

Para los ciudadanos pierde sentido. No podemos negar que el espíritu de la democracia como régimen político estriba en el respeto que desde el Estado debe procurarse y preservarse para garantizar la validez de la Ley y del Estado Democrático de Derecho.

La discrecionalidad en los vacíos legales, presuponen en el orden moral, una contundente derrota que le asestan a la sociedad los que se agazapan en el limbo de las leyes para crear desconcierto y control social.

En estos tiempos aciagos, donde el ejercicio de gobierno se encuentra aquejado por las heridas abiertas de la corrupción y la impunidad, el Estado Democrático de Derecho surge como un valor inalienable de la sociedad, cuyo apego debemos reivindicar con prácticas institucionales que garanticen que el uso de la Ley no es parcelario y mucho menos sectario, sino el genuino vector jurídico del bien, la verdad, la justicia y la armonía social.

El respeto, como decía Sócrates, “surge de manera natural en aquellos que han sido educados en las virtudes”; dinámica que veía en la cultura cívica, los valores ciudadanos que se perpetúan en la probidad y la justicia, donde el ejercicio público no es capaz de subvertir la Ley o utilizarla desde la discrecionalidad del poder.

Conseguir este propósito, impone revalorar las virtudes democráticas y rectificar la conducta política de la partidocracia. Los partidos no pueden hacer caso omiso del Instituto Nacional Electoral (INE), respecto a las prescripciones legales del financiamiento público que los ciudadanos desde nuestra responsabilidad tributaria sufragamos.

Requerimos un modelo eficiente de transparencia y fiscalización por ser la parte sustantiva de la consolidación democrática; su carencia, sólo genera que los partidos políticos encuentran condiciones propicias para convertir la conducción ciudadana en “tierra de nadie”.

Debemos admitir que en la debilidad de la cultura política y su base de sustentación, la cultura cívica, encontramos la respuesta a la pérdida de la presencia política que experimenta la ciudadanía, cuya soberanía se ha erosionado a tal grado, que ha dado paso a un colapso democrático de desconfianza social en las instituciones, que no permite desterrar las amenazas fascistoides y neopopulistas.

Esta distorsión y corrosión de la cultura de la legalidad, y en los hechos, de la probidad pública, aunque no se debe a la falta de fiscalización de las estructuras legales ni a la displicencia en la operatividad jurídica, sí coloca los vacíos legales y sus resquicios, en la antesala de actitudes siniestras de partidos y fuerzas políticas que frente a la ciudadanía suelen justificar sus acciones irregulares a pesar de constituir una afrenta a la sociedad.

Los partidos políticos no pueden erigirse como interlocutores de la ciudadanía por ser trasgresores de la Ley; la vulneran violentando su espíritu, la eluden y se escudan en el resquicio de los vacíos que presenta.

Se requiere un cambio al sistema de partido que les devuelva el carácter de verdaderas instituciones de interés público.

En este trazo, la nueva conformación del poder político tiene la prioridad de hacer cumplir el Estado Democrático de Derecho, y si bien es cierto que no nos encontramos en un régimen de partido único, la sombra del poder hegemónico ha vuelto al escenario político, donde el peso decisorio genera la suspicacia de ser juez y parte.

Frente a este escenario, no debemos olvidar que no podremos desenredar los hilos torcidos de la corrupción y la impunidad, si se hace monolítico el ejercicio de la política, porque en ello se centra el desencuentro social, la atomización ciudadana y el destierro de la libertad.

Si la Cuarta Transformación de la Vida Política Nacional va en serio y no es una frivolidad, ¿cómo garantizar la preeminencia de la Ley y del Estado Democrático de Derecho donde se han diluido la presencia de partidos y actores políticos?

La respuesta a este cuestionamiento, ante el tenue contraste que presenta el juego de pesos y contrapesos políticos y los frágiles mecanismos para el equilibrio, el control y la colaboración entre poderes y con la sociedad, ha encendido un álgido debate sobre la forma de gobierno; la representación del sistema de partidos en la conducción gubernamental; y la relación que establecen votantes y partidos en una democracia incompleta, que ha perdido su espíritu competitivo y sustituye las lógicas del debate y la competencia, por la movilización neopopulista que obstruye la participación de una sociedad que entiende, cuestiona y racionaliza el ejercicio de gobierno.

A este escenario debemos sumarle el ascenso del pragmatismo político, donde el valor de la ideología ha dejado su lugar, desde hace mucho, al oportunismo político y ciudadano que se edifica en el juego de prebendas, en “un tanto te doy y tanto me respaldas”, convirtiendo el ejercicio de gobierno en una vendimia de oportunidades, ante la fragilidad de partidos políticos que no pueden enfrentar estas conductas, porque han dejado de ser interlocutores válidos de la sociedad.

El déficit en la toma de decisiones y en la construcción de acuerdos, advierte la complejidad del espectro político, que pueden pasar de la amenaza de una enfermedad al desahucio del paciente.

¿Hasta dónde podemos concebir la toma de decisiones como producto del consenso y del acuerdo sustantivo partidista, que hace del ejercicio político concertación progresista?

El contexto político es incierto y advierte que si la democracia no puede generar trazos salubres del juego de pesos y contrapesos, se convierte en una condición ciega, que impide establecer relaciones de poder horizontales, corresponsables y asociativistas.

El desafío político que vive la Nación exige crear las condiciones de una democracia inteligente y de proximidad ciudadana, que haga de los partidos políticos referentes de transparencia pública. La opacidad del sistema de partidos es el presagio de una derrota social.

Agenda

• Se instaló el Honorable Congreso de la Unión con el posicionamiento de las Fracciones Parlamentarias, en medio de un clima de desencuentro político, que no dejó de llamar la atención por las recriminaciones y el álgido contenido de un sórdido debate.
• El Congreso del Estado de Hidalgo, eligió a la Dip. María Luisa Pérez Perusquia, como Presidenta de la Junta de Coordinación Política por el Primer Año de Ejercicio Constitucional. Empero, al haberse declarado dos recesos, no se ha podido concluir la Sesión de Instalación y se han paralizado los trabajos legislativos.