La sociedad mexicana ha vivido una democracia en deuda. La participación ciudadana en el ejercicio de gobierno no tiene el potencial político de la horizontalidad, ni encauza la tarea pública en el crisol de concordia y de inteligencia social e institucional. Los precarios resultados obtenidos, fracturan los equilibrios sistémicos del Estado Democrático de Derecho y profundizan el extravío de la colaboración entre los poderes públicos capaz de hacer del ejercicio de gobierno un espacio de concertación progresista.
La ciudadanía, transita sin mecanismos constitucionales que hagan del civismo la cultura que la empodere como entramado transversal y como vínculo idóneo del juego de pesos y contrapesos en la toma de decisiones del quehacer público.
Las élites del poder, han hecho de la democracia una estrategia argumentativa para ofrecer oportunidades sociales; promesa política incumplida que ha equivocado el camino ante la fragmentación entre partidos, gobernantes y ciudadanos, que hoy juegan atomizados, dispersos e inconexos, en una democracia que exige disciplina, responsabilidad, compromiso y respeto a la ley.
La ineficaz concreción de la tarea pública hace languidecer esta oferta política que resulta oprobiosa e injusta para nuestro pueblo; circunstancia que impone reconocer el espíritu de la soberanía popular; establecer electoralmente el voto programático; sujetar a los órganos del poder público al compromiso de su cumplimiento; y recuperar para los partidos políticos, el papel de ser los interlocutores confiables que requiere la Nación.
La Cuarta Transformación del sistema político y de gobierno debe propiciar la salud democrática del Estado, amén de mantener la estabilidad y el desarrollo económico; consolidar la certidumbre de las estructuras de transparencia y rendición de cuentas; afianzar la confianza ciudadana frente a la erosión que sufren la legitimidad y la probidad, aquejadas por la precariedad de la tarea pública y las anomias de corrupción e impunidad, que han quebrantado la credibilidad social.
La lectura de la realidad en este inédito impasse de reestructuración y transformación democrática, donde MORENA es la fuerza principal en ambas cámaras del Congreso de la Unión, tiene la mayoría de los Congresos Locales, y a partir del 1 de diciembre, tendrá la Presidencia de la República, me permite formular cuestionamientos sobre tres escenarios.
En primer término, hay que precisar, ¿qué valor tiene el diálogo democrático entre poderes? ¿Es importante restablecer los pesos y contrapesos como controles al ejercicio del poder para mantener los equilibrios sistémicos que otorgan estabilidad y funcionalidad a la democracia?
En este contexto, ¿resultaría sano restablecer la comparecencia del Presidente de la República en una sesión de Congreso General, para presentar su informe anual de actividades, anunciar los grandes propósitos nacionales y potenciar la colaboración entre poderes a partir de un diálogo republicano?
Es evidente que la interlocución entre los poderes públicos está debilitada y ha provocado que las premisas de gobierno abierto y en público, que deberían edificar espacios de transparencia y rendición de cuentas, hayan generado una deuda democrática que no puede pasar desapercibida.
La comparecencia del Presidente de la República en una sesión de Congreso General no debe ser un acto de liturgia sórdida de la clase política, sino la mejor práctica para concretar el mandato popular a los Poderes Legislativo y Ejecutivo, para fortalecer la colaboración y el equilibrio de poderes y lograr el desarrollo y la seguridad humana que requiere la Nación.
Esta distinción analítica del diálogo entre poderes debe profundizarse tanto de jure como defacto, es necesario que la armonización que guarde el ejercicio de los poderes públicos, constituya la constante que potencie el consenso social.
El criterio evaluativo de estos cuestionamientos es vital ante la transformación que deberá experimentar el sistema político, y frente a la crisis de representatividad y al desánimo ciudadano.
El segundo cuestionamiento, es sobre el valor que se otorgará a la planeación democrática como estructura del desarrollo del país. En este escenario, es ineludible definir el futuro de las Reformas Estructurales y dar paso a su fortalecimiento o recomposición, es preciso que la nueva administración las materialice desde su visión, las impulse y las concrete en el marco de la Transformación del Estado, propuesto como nuevo Proyecto de Nación.
En este propósito, es fundamental entender que la vitalidad de la administración pública se encuentra en la interoperatividad de sus estructuras orgánicas, por lo que deberán plantearse opciones de mejora; adecuaciones con criterios de racionalidad, reconducción política, seguimiento, evaluación y toma de decisiones corresponsable, participativa y colaborativa.
En tercer lugar, apreciando la fuerza que el nuevo gobierno concentra en el control de los poderes legislativos federal y locales, so pretexto de que seis años son insuficientes para concretar una Cuarta Transformación a la altura de la Independencia, la Reforma o la Revolución, ¿podría caerse en la tentación de intentar reinstaurar la reelección de la titularidad de los poderes ejecutivos, federal y locales?
Podría argumentarse que un rasgo distintivo de la salud democrática es afianzar todos aquellos mecanismos que le otorgan al ciudadano la certidumbre de una gestión gubernamental que obtenga resultados, y amplíe el horizonte democrático del tejido social.
Se razonaría que la censura y la satanización que se hizo de la reelección, hoy no pueden estar presentes frente a normas de exigencia ciudadana a los poderes públicos, por lo que refrendar la confianza social a través de la reelección, sería un mecanismo a ponderar en el juego de pesos y contrapesos, y en la toma de decisiones de una ciudadanía participativa, informada y deliberativa.
Asimismo, se demostraría que la reelección es un instrumento político que permite a los ciudadanos activar su participación en el escrutinio de la tarea de los servidores públicos para evaluar su actuación, e incidir en el refrendo o en la revocación de su encargo.
Concluyendo que una máxima valórica en la conformación democrática del sistema político y de gobierno, es que ningún mecanismo es indebido cuando se hace prevalecer la voluntad del pueblo.
Empero, México debe crearse desde la grandeza de su ciudadanía; en ello radica la verdadera transformación que desde la cultura cívica hará posible el despertar de la Nación.
Agenda
- En el Senado de la República, MORENA presentó una iniciativa de reforma constitucional para la revocación de mandato del Presidente de la República, gobernadores, senadores, diputados federales y locales, presidentes municipales y alcaldes, misma que procedería por pérdida de confianza, incumplimiento del plan de trabajo o compromisos de campaña, actos de corrupción o violación de la legalidad.
- Se instaló plenamente, después de dos intentos, la LXIV Legislatura del Congreso del Estado de Hidalgo.
