La Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres (Conavim) emitió este martes 11 recomendaciones al gobierno de Puebla ante la ‘ola’ de feminicidios que se han registrado en los últimos años en la entidad.
El documento en el que se exigen mecanismos de protección y atención a las víctimas, fue entregado por la coordinadora nacional de dicho organismo –dependiente de la Secretaría de Gobernación (Segob)– Alejandra Negrete, al mandatario estatal Rafael Moreno Valle.
Y aunque la autoridad local tiene un plazo de dos semanas para aceptar o rechazar los riesgos que existen contra las mujeres en la entidad, además de comprometerse a implementar políticas públicas que permitan su erradicación, el secretarioGeneral de Gobierno, Diódoro Carrasco Altamirano, ofreció una conferencia de prensa más tarde para reconocer la problemática y anunciar una serie de acciones.
La serie de observaciones que realiza la comisión, consiste en un primer paso, solicitar la alerta de género a la Segob, en caso de que el estado incumpla con las medidas en un plazo de seis meses.
Las observaciones se dan luego de que a principios de este año, integrantes de la asociación civil “Todos para Todos” solicitaran la aplicación de una Alerta de Violencia de Género contra las Mujeres (AVGM), mecanismo que por primera vez se emplea en México para hacer frente a agresiones sistemáticas que llegan a los feminicidios.
BANCO DE DATOS, ADECUACIÓN EN LEYES
Entre las recomendaciones que hizo la Conavim al gobierno de Moreno Valle, destaca la elaboración de un diagnóstico estatal sobre los tipos y modalidades de violencia contra mujeres y modernizar el Banco Estatal de Datos (CEDA) que ya opera en la entidad. También se recomendó modificar el protocolo de investigación del delito de feminicidio y eliminar en la ley local conceptos discriminatorios hacia el género.
Se sugiere crear un centro de observación de medios de comunicación, además de capacitar a médicos, especialistas, y demás personal que permita brindar un tratamiento adecuado a mujeres violentadas; poner en marcha una estrategia de vinculación con instituciones de educación superior para el combate y ubicación de casos de violencia contra mujeres, entre otras acciones.
“Estas recomendaciones no solamente son bienvenidas, nos importa mucho porque es una visión externa de un grupo profesional que revisa cómo estamos en diferentes temas en el caso de Puebla y nos hace recomendaciones específicas”, dijo Carrasco Altamirano al asegurar que el gobierno cumplirá con las adecuaciones que se le piden en menos de seis meses.
Y aunque indicó que estas modificaciones implican recursos extraordinarios, no quiso especificar cantidades y únicamente destacó que en los diversos puntos se tiene un avance debido a que en abril pasado se creó la Fiscalía de Atención a Delitos de Género, especializada en investigar asesinatos contra mujeres.
En los casos pendientes, dio a conocer que durante la próxima semana, el gobierno firmará un convenio de colaboración con cinco universidades, así como con medios de comunicación para difundir las estrategias de prevención.
FEMINCIDIOS EN 2016
La crisis de feminicidios en la entidad ha sido documentada tanto por las autoridades como por organizaciones de la sociedad civil. Tan solo de enero a junio de este año, se han registrado 54 asesinatos de mujeres, de los cuales, 30 fueron tipificados como feminicidios, según reconoció Carrasco Altamirano a medios locales.
Sin embargo, organizaciones civiles discrepan con los números oficiales al asegurar que los casos son tres o cuatro veces mayores a los que dan a conocer las autoridades. De los casos de los últimos dos años, destacan seis mujeres embarazadas, que de acuerdo con la fiscalía, fueron asesinadas por sus propias parejas sentimentales por negarse a asumir su paternidad.
En noviembre de 2012, se tipificó el feminicidio como delito grave en Puebla, desde entonces, las penas aumentaron hasta un máximo de 60 años de cárcel contra quien mate a una mujer por cuestión de género, y hasta 70 contra quien mate a una mujer embarazada.
Sin embargo, el número de hechos no corresponde con los casos consignados por la Fiscalía General del Estado, y a su vez, los procesos iniciados por un juez contra presuntos culpables.
Para Manuel Galván Castañeda, uno de los integrantes de la agrupación que consiguió que la Conavim emitiera las recomendaciones al estado, explicó en entrevista que el organismo federal encontró elementos suficientes de riesgo contra las mujeres para que se pueda emitir la alerta de género, pero como marca el protocolo, primero se requiere al gobierno mejorar en sus políticas públicas e infraestructura para la atención de las víctimas.
Según la información con la que cuentan, aseguró que los casos de femincidios en este año suman al menos 45.
