Ciudad de México, 10 de noviembre de 2020. La Cámara de Diputados prevé un recorte de 2 mil 184 millones de pesos al Poder Judicial, al Instituto Nacional Electoral, a la Secretaría de Educación, a la Fiscalía General de la República y –aunque mínimo– al Congreso de la Unión, para reasignar esos fondos, en 2021 principalmente, al programa de pensiones para adultos mayores y personas con discapacidad que opera la Secretaría de Bienestar.
Asimismo, en el proyecto de dictamen, la Comisión de Presupuesto rechazó las propuestas de las comisiones camerales que pedían reasignaciones por 108 mil millones de pesos y las de los gobernadores de oposición, que reclamaban 180 mil millones de pesos adicionales.
En el documento y los anexos, que se circularon anoche a los integrantes de la comisión, en la víspera de su aprobación primero en esa instancia y luego en el pleno, se aclaró que para aprobar ampliaciones, quien presenta la propuesta debe precisar de dónde se obtendrían los recursos para financiarla.
Asimismo, los diputados prevén autorizar para los integrantes de la próxima legislatura, además de un aguinaldo de 140 mil 504 pesos, un ingreso extra de 71 mil 38 millones de pesos como prestación ISR gratificación de fin de año. Se trata de un bono similar al que los actuales legisladores se aprobaron para este diciembre y que no existe para los senadores.
Si bien el INE había solicitado una ampliación de mil 499 millones de pesos a su presupuesto para financiar la consulta popular en la que se preguntará el próximo año si la ciudadanía está de acuerdo en enjuiciar a los ex presidentes, el proyecto prevé un recorte de 870 millones al órgano electoral, que dispondría así de 26 mil 819 millones.
Entidades con recorte
Asimismo, se anticipa una disminución de 866 millones al Consejo de la Judicatura Federal, de 195 millones al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y de 69 millones a la Suprema Corte de Justicia de la Nación.
También se prevé una disminución de 71 millones de pesos a la Fiscalía General de la República; 13.4 millones al Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales; de 23 millones al Tribunal Federal de Justicia Administrativa y de 200 millones a la Secretaría de Educación Pública.
Al Senado se recortarán 55 millones y a la Cámara de Diputados 45 millones.
Las ampliaciones previstas son de mil 754 millones de pesos a la Secretaría de Bienestar, de 400 millones a la Secretaría del Medio Ambiente y de 53 millones a Gobernación, para atender la protección de niños y adolescentes, y el registro poblacional. Los 200 millones de pesos recortados a la SEP se reorientarán al Fondo de Aportaciones para la Nómina Educativa y Gasto Operativo (FONE).
El proyecto realiza algunos agregados al proyecto del Ejecutivo y confirma la fórmula parar calcular las transferencias a estados y municipios.
La comisión agregó un artículo transitorio para que la Secretaría de Hacienda continúe con el análisis y revisión del anexo transversal para atención de niños y adolescentes, que le permita incorporar elementos para una mejor estimación del gasto en ese rubro para 2022.
También incluyó que la Secretaría Ejecutiva del Sistema Nacional Anticorrupción dé seguimiento a la implementación del Anexo Transversal Anticorrupción y recomienda entregar un informe a la Cámara de Diputados. Además, que Hacienda revise su metodología con la cual planea el anexo de igualdad entre mujeres y hombres.
Ayer, la Junta de Coordinación Política aprobó las reglas del debate del dictamen del presupuesto y confirmó que este martes sólo se aprobará en lo general, en una sesión presencial, y las reservas se desahogarán entre miércoles y jueves con sólo 129 legisladores en el pleno; el resto participará y votará vía remota.
Con información de: https://www.jornada.com.mx/
